A 50 años del golpe de 1976, la democracia argentina ya no está en discusión. Y ese, en sí mismo, es un logro extraordinario. Después de décadas de inestabilidad, violencia política y rupturas institucionales, el país logró consolidar un sistema que, con tensiones y crisis, se sostiene. No es poco. De hecho, es mucho más de lo que la historia argentina permitía imaginar.

Y a 50 años del inicio más oscuro de la historia colectiva, además de remarcar el Nunca Más, bien vale destacar la consolidación de un sistema de gobierno que quizás como ninguno lleva pegado en su frente el demandado, reconocido y absolutamente necesario mecanismo de autocorrección como ningún otro.

Pero hay una pregunta que empieza a incomodar cada vez más: ¿para qué nos está alcanzando la democracia?

Mendoza ofrece una buena lente para ensayar una respuesta o acercarnos a la misma. No es una provincia atravesada por el desorden ni por el caos. Por el contrario, ha construido en estas cuatro décadas una cultura política relativamente previsible, con alternancia, reglas claras y una administración del poder sin sobresaltos extremos. En ese sentido, encarna uno de los mejores atributos del sistema democrático: la estabilidad.

Sin embargo, esa misma estabilidad no logró traducirse en desarrollo sostenido.

La economía mendocina arrastra desde hace años un problema estructural que no encuentra salida. Crece a saltos, se estanca, retrocede. El empleo no logra consolidarse, los salarios pierden frente a la inflación y amplios sectores de la sociedad quedan atrapados en una lógica de supervivencia más que de progreso. La pobreza dejó de ser una excepción para convertirse en un dato persistente, incluso en una provincia históricamente asociada al esfuerzo productivo y la movilidad social.

Ahí aparece la tensión central de estos 50 años: la democracia funciona, pero no alcanza.

No alcanza para ordenar un rumbo económico. No alcanza para generar condiciones de desarrollo. No alcanza para mejorar, de manera sostenida, la vida de la mayoría. Y lo más inquietante es que esta limitación no es exclusiva de Mendoza: es, en realidad, una radiografía bastante fiel de lo que ocurre en el país.

Otra pregunta pertinente es indagar si en verdad se trata de la democracia o de quienes llegaron al poder gracias sus reglas para administrar la nación.

Argentina logró resolver —al menos hasta ahora— su problema institucional. Pero no logró resolver su problema económico ni su problema social. Y en ese desfasaje empieza a gestarse un desgaste silencioso. Desgaste porque pasa el tiempo y hay problemas que se agravan.

Porque cuando la democracia deja de mejorar la vida cotidiana, corre el riesgo de convertirse en una rutina. Ya no es una conquista que se celebra, sino un sistema que se administra. Ya no moviliza: apenas organiza. Y en ese tránsito, pierde parte de su potencia.

Mendoza también refleja ese clima. Una sociedad más escéptica, menos paciente, atravesada por una grieta cultural que ya no se limita a la política partidaria, sino que se mete en la vida cotidiana: en la forma de ver el Estado, el mercado, el mérito, el rol de lo público. No es una grieta explosiva, pero sí persistente, cada vez más estructural.

En ese contexto, la dirigencia enfrenta un desafío que va mucho más allá de ganar elecciones o sostener el orden: reconectar la democracia con la idea de progreso.

Porque si algo muestran estas cinco décadas es que la estabilidad, por sí sola, no alcanza. Puede evitar el colapso, pero no garantiza el desarrollo. Puede sostener reglas, pero no genera, automáticamente, bienestar.

Y ahí está el punto incómodo que deja este aniversario: la deuda ya no es institucional. La deuda es social.

Nada de esto implica relativizar el valor de la democracia. Al contrario: implica defenderla en su sentido más profundo. Porque una democracia que no mejora la vida de su gente se vuelve frágil, no por falta de reglas, sino por falta de sentido.

A 50 años del golpe, la Argentina no discute si quiere vivir en democracia. Esa batalla está saldada. Lo que todavía no logró resolver es qué hacer con ella.

Mendoza, con su orden y sus límites, es una prueba concreta de ese desafío. Durante años, su institucionalidad, su alternancia y el respeto por las normas —y, sobre todo, su capacidad para habilitar la convivencia de ideas disímiles— le valieron el reconocimiento de “tierra civilizada”, asociada a niveles relativamente altos de desarrollo.

Ese capital, construido con esfuerzo, le permitió llegar hasta aquí. Pero también empieza a mostrar sus límites. En la conversación política —cuando se la despoja de chicanas y superficialidades— aparece una certeza cada vez más extendida: lo construido ya no alcanza.

En los años 90, la provincia ensayó una transformación. La secuencia de gobiernos peronistas que sucedió al retorno democrático impulsó reformas relevantes, con la reconversión vitivinícola y el desarrollo incipiente de la metalmecánica como ejes de una nueva matriz productiva, en sintonía con un mundo que cambiaba y una Argentina que buscaba insertarse en él.

Esa Mendoza logró sostenerse incluso en el colapso de fines de los 90 y la crisis de comienzos de siglo. En medio del derrumbe nacional, la provincia mantuvo cierto orden y hasta administró herramientas de emergencia —como la cuasi moneda— sin generar un quebranto definitivo en su tejido económico.

Pero el nuevo milenio no trajo respuestas estructurales. Más bien reeditó las deudas. La democracia, ya consolidada, dejó planteado un desafío más complejo: construir desarrollo.

El orden de las cuentas, el ajuste del gasto y el “esfuerzo” de las últimas administraciones no alcanzaron para saldar esas deudas históricas. Y no es la democracia, en sí misma, la que ha fallado. No hay, de hecho, un sistema superador.

El problema ha sido otro: la incapacidad, a lo largo del tiempo, de construir un rumbo sostenido. Una responsabilidad compartida entre dirigencias y una sociedad que, elección tras elección, también fue validando esos límites.

A medio siglo del golpe, la democracia argentina sigue en pie. Pero ya no alcanza con sostenerla. El desafío —incómodo, urgente— es hacerla funcionar mejor.