El empleo, junto con el riesgo país —que el gobierno de Javier Milei aún no logra perforar por debajo de los 500 puntos, pese a la meta de llevarlo al orden de los 200 para atraer inversiones genuinas— debería convertirse en la principal preocupación oficial.
En el arranque de la gestión, hace ya dos años, el enemigo a vencer fue la inflación. En ese frente el Gobierno logró descensos bruscos hasta alcanzar la actual meseta mensual que oscila entre el 2,5 y el 3 por ciento. Pero ahora el foco debería desplazarse hacia el empleo, en particular hacia el privado registrado, considerado el verdadero termómetro de la economía.
¿Por qué debería transformarse en el nuevo objetivo prioritario del Gobierno? Porque será el indicador más sensible que los argentinos seguirán de aquí en adelante, junto con el poder adquisitivo de los salarios. Ambos factores jugarán un papel decisivo hacia 2027, cuando Milei evalúe sus chances de reelección.
La generación de empleo privado también ocupa un lugar central en la agenda de algunos gobernadores. Entre ellos, Alfredo Cornejo, quien se vio envuelto días atrás en un malentendido que terminó por incomodarlo. El episodio se produjo luego de que en sus redes sociales se destacara un dato que guiaba a entender que Mendoza había quedado posicionada como “la mejor entre las peores” provincias en materia de pérdida de empleo privado registrado desde el inicio de la gestión libertaria, en diciembre de 2023.
La lectura generó ruido político. Cornejo debió salir a aclarar que no estaba celebrando nada. Según explicó después, lo que buscó fue resaltar el esfuerzo de su administración para evitar que la caída fuera mayor, considerando las escasas herramientas con las que cuentan las provincias para incidir en las decisiones del sector privado.
Los números muestran que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 Mendoza pasó de tener 243.477 empleos privados registrados a 242.365. La cuenta indica que la provincia perdió 1.112 puestos de trabajo de los considerados “genuinos”, aquellos generados por el sector privado que produce riqueza y mueve el motor real de la economía.
El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el mapa completo del empleo en la provincia. Mendoza registra un total de 961.736 ocupaciones. De ese universo, los privados registrados son poco más de 242 mil. A ellos se suman alrededor de 133 mil empleados del Estado —entre la administración provincial y los municipios— mientras que el resto, 586.371 personas, se distribuye entre monotributistas e informales.
Se trata de una cifra que todavía impacta por su magnitud y que refleja la situación real de miles de personas que intentan sobrevivir en medio de la transformación del sistema económico. Un modelo que dejó atrás el esquema de fuerte intervención estatal —subsidios, programas sociales expansivos y transferencias para sostener el consumo— para avanzar hacia otro en el que el mercado opera casi en soledad, en medio de un proceso de apertura que avanza de manera gradual.
A escala nacional, la caída del empleo privado registrado también resulta significativa. De acuerdo con estimaciones elaboradas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que analiza el IERAL, la pérdida ronda los 192.328 puestos de trabajo.
Otras mediciones, con resultados similares, estiman que tras los dos primeros años de gestión de Milei la destrucción neta de empleo formal se ubica entre los 180.000 y los 300.000 puestos. En esa línea también se inscriben los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Las razones de esta caída son múltiples.
El número total de asalariados privados se ubica actualmente en torno a los 6,2 millones, el nivel más bajo desde junio de 2022. En paralelo, se reporta el cierre de entre 19.000 y 22.000 empresas, afectando principalmente a las pymes, que representan el 99 por ciento de las firmas que dejaron de operar.
El ritmo de destrucción de empleo formal promedia entre 400 y 443 puestos por día.
Entre los sectores más golpeados aparecen la industria y la construcción, que lideran la pérdida de puestos de trabajo. En contraste, algunas actividades extractivas muestran un desempeño más resistente.
En términos regionales, sólo Neuquén y Río Negro registran variaciones positivas en el empleo, impulsadas por el dinamismo de Vaca Muerta. Sin embargo, incluso sectores en crecimiento como el agro, el petróleo o la minería han reducido personal en términos netos.
La recomposición del mercado laboral también muestra cambios en la calidad del empleo.
Ante la escasez de puestos asalariados, el trabajo independiente creció del 21,6 por ciento al 24,5 por ciento del total de ocupados, alcanzando el nivel más alto registrado. Al mismo tiempo, la informalidad ronda el 43 por ciento, reflejando el traspaso de trabajadores desde el sector formal hacia modalidades no registradas.
En materia salarial, aunque el Gobierno destaca que la tasa de desempleo se mantiene relativamente estable —entre el 6,3 por ciento y el 6,6 por ciento hacia fines de 2025— el poder adquisitivo sufrió un deterioro real durante el inicio de la gestión. Los salarios registrados acumularon una caída cercana al 4,7 por ciento, con una estabilización recién hacia finales de 2025.
A pesar de este escenario, algunos sectores todavía muestran cierta capacidad de tracción laboral. Energía y minería encabezan ese grupo, impulsados por la expansión de Vaca Muerta y el desarrollo potencial del cobre y el litio en el norte del país. Sin embargo, su peso dentro del total del empleo sigue siendo reducido.
También mantienen demanda laboral los servicios vinculados a la economía del conocimiento y al desarrollo de software, además de algunos nichos ligados a la agroindustria y a la tecnología aplicada al campo.
En este contexto, el blanqueo laboral impulsado a través de la Ley Bases —al que se sumaron disposiciones de la reciente Ley de Modernización Laboral— buscó convertir empleo informal en formal mediante la condonación de deudas previsionales. Sin embargo, sus resultados hasta el momento han sido modestos.
Los datos de ARCA indican que la regularización alcanzó entre 13.000 y 15.000 trabajadores en los primeros meses de vigencia plena. Se trata apenas del 0,2 por ciento del total de asalariados privados registrados.
En otras palabras, el blanqueo permitió formalizar vínculos laborales preexistentes, pero no generó empleo nuevo capaz de compensar las pérdidas provocadas por la recesión en sectores como la construcción o el consumo masivo.
A este fenómeno se suma otro problema estructural: el llamado efecto sustitución. Muchas empresas han comenzado a no reemplazar los puestos que se liberan por jubilaciones o renuncias. La consecuencia es un estancamiento del empleo joven, el segmento que presenta los mayores niveles de informalidad, con tasas que superan el 50 por ciento.
El resultado es un mercado laboral que cambia de forma. Por cada diez empleos asalariados registrados que se perdieron, se crearon cinco nuevos monotributistas.
Las estimaciones indican que desde noviembre de 2023 se destruyeron entre 180.000 y 300.000 empleos formales, mientras que el monotributo sumó más de 75.000 nuevos inscriptos en los primeros períodos analizados.
Y allí aparece el verdadero desafío político que tendrá por delante el gobierno de Milei. Haber logrado estabilizar la inflación fue apenas la primera batalla. La que viene —y probablemente la más compleja— será demostrar que la economía también puede volver a generar empleo de calidad y recuperar el salario real.
Porque, llegado el momento de votar en 2027, es muy probable que buena parte del electorado mida el éxito o el fracaso del experimento libertario con una pregunta mucho más simple que cualquier indicador macroeconómico: si hay más trabajo y si el sueldo alcanza.