La salud pública está en crisis.

Es probable que los mendocinos nos estemos por anoticiar de los efectos de una crisis en el sistema de salud de la que no se tenga demasiada o acabada dimensión, ni mucho menos de esas consecuencias negativos que podría provocar. Y cuando lo que se presagia se cristalice, quizás sea demasiado tarde. Se trata de un mal funcionamiento que se ha ido agravando desde la salida de la pandemia a esta parte y que se ha visto venir con una respuesta no del todo eficaz para frenarlo o modificarlo.

El problema que hoy está agitando y dando vida a una discusión que ha derivado en un enfrentamiento con pocas posibilidades de que se sofoque pronto, el que protagonizan el gremio de los profesionales médicos de AMPROS con el gobierno de Rodolfo Suarez, y en el que aparentemente se discuten porcentajes de aumentos salariales en medio de un proceso inflacionario, podría ser sólo la punta del iceberg o sólo una manifestación, si se quiere, de un conflicto superior sofocado en gran medida y que tiene al sistema de salud como objeto.

Un sistema que está dando muestras de agotamiento, como sucede con la economía, y que también ha expuesto la ausencia –una más, hay que decir– en este caso de un proyecto de salud integral que garantice el acceso a los tratamientos, a las atenciones profesionales, a medicamentos y prescripciones varias básicas que no son más que los pilares que sostienen uno de los servicios esenciales fundamentales. Esas metas son las que precisamente hoy no estarían siendo alcanzadas acabadamente y se siembra, en un futuro no muy lejano, demasiados signos de interrogación e incertidumbre.

Está claro que luego de la pandemia de coronavirus que tuvo en jaque al mundo, las naciones comenzaron a preguntarse –ya lo hacían en medio del confinamiento y de las muertes que dejaba el paso del virus–, cómo reconfigurar los modelos cuando todo terminara, para darle combate a las inequidades escandalosas que la pandemia dejó al descubierto.

El economista francés Thomas Piketty, consultado por el periodista argentino Hugo Alconada Mon, arriesgó en el 2020 lo que podría suceder a la salida de la crisis sanitaria global especulando que “podría alimentar efectos contradictorios”, como una suerte de balances de poder y de “fuerzas intelectuales e ideológicas”. Tras eso, el analista interpretaba: “¿Qué significa esto? Que saliendo de esta crisis veremos distintas narrativas compitiendo entre sí. Una plantea que debemos invertir más en sistemas de salud y proveer a una mayor igualdad, y veremos a muchos bregando por eso, al menos en el corto plazo. Pero también habrá otra narrativa que dirá que debemos proteger nuestras fronteras, aún más que antes (…) Y estarán quienes planteen otra narrativa más, afirmando que no podemos volver a la economía anterior (a la crisis). Todas estas y otras narrativas competirán entre sí para imponerse y no sabemos cuál prevalecerá”, imaginaba el francés.

Mendoza está padeciendo hoy, según parece, los mismos dramas que están aquejando a otras latitudes con uno de los nuevos viejos males que la pandemia mostró: la carencia de profesionales en prestaciones específicas. La pediatría es una de ellas en un contexto en donde los médicos bien formados al servicio del Estado son cada vez menos, a lo que se suma la falta de incentivos en todo sentido, comenzando por el salarial. Lo que Piketty advirtió un par de años atrás es lo que ha comenzado a aflorar en el país con su correlato en Mendoza. La inversión no alcanza, es evidente. O se priorizan otros objetivos. Quizás el problema esté en que puede que ocurran ambas cosas.

Especialistas mendocinos, algunos de ellos cercanos al gremio que nuclea a los profesionales del sector, al explicar el fenómeno que se ha comenzado a agudizar, esto de la falta de médicos en general, de incentivos para que abracen algunas de las especializaciones consideradas críticas y de aquellos que evidentemente no son los suficientemente tentadores como para que se establezcan en las zonas rurales, vienen sosteniendo que la salud tiene que competir en inferiores condiciones con el resto de los dramas argentinos, empezando por los de origen económico.

La tesis de esto se basa en que nadie sabe cuánta gente muere por día por falta de atención, por falencias en el sistema o por causas naturales. Nadie sabe, ni a nadie le interesaría, hasta que le toca en carne propia. Pero sí interesa, en cambio, cuánto aumentó el pan, la leche, la carne y las verduras al ocuparse cotidianamente de las compras. La inflación pega más y presiona sobre los gobiernos mucho más que el tema de la salud, “porque la salud no vende; tan simple como eso”, se termina concluyendo.

La ley de topes salariales y su constitucionalidad vino a colocar en agenda después de mucho tiempo el salario de los profesionales médicos y su comparación con el sueldo del gobernador, que es la referencia que se toma en Mendoza para la administración pública y que funciona casi como una suerte de ley de sueldos.

Pero tampoco parece ser una solución a la crisis general la excepción de algunos pocos médicos, especialistas ellos en terapias intensivas pediátricas, para que puedan mejorar sus ingresos. La concentración de estos profesionales en el Gran Mendoza y sólo en el sector público agrava el panorama hacia el interior de la provincia. Sectores alejados de las villas cabeceras, que además padecen no sólo la ausencia de terapistas, sino también la de médicos clínicos o generalistas.

Uno de los territorios más críticos, se apunta desde AMPROS, es Malargüe al que se lo señala como el ejemplo de algunas de las carencias sanitarias públicas más preocupantes de todas: centros de salud razonablemente equipados, ambulancias con lo mínimo e indispensable a disposición, pero sin profesionales médicos, ni otros preparados para hacer un uso responsable del equipamiento, sólo con chofer, enfermero y un médico que hace rondas.

Un proyecto de salud o uno nuevo, si se quiere, es lo que ha comenzado a requerir Mendoza. Como lo demanda la economía, la infraestructura, la educación en algún sentido pese a los avances y el Estado, el que necesita ser sometido a una revisión general. Lo pide la nueva configuración del mundo y esa manifestación de necesidades cada vez más complejas.