Por las pistas que fue dando en las últimas horas, el presidente Javier Milei buscaba un acuerdo con el FMI con su anuncio y efectos posteriores a las elecciones de medio término y poder llegar a esa época con un triunfo contundente contra la inflación.

El descenso de la inflación, bien pudo haber imaginado el libertario y su equipo, se constituiría en la herramienta más potente y letal para enfrentar a la manada de “mandriles” que supone tendrá en su contra en octubre. Pero al trascender el convenio, obligado a someterlo a la discusión del Congreso como producto de una “maldita Ley Guzmán”, así definida por el propio Milei, alimentó la polémica sobre su contenido el que se encontraba confidencial.

“No podíamos decir nada”, dijo Milei el lunes a la noche en el programa de su amigo Alejandro Fantino, insultando a los cuatro vientos y de manera soez a sus adversarios que, según su mirada, han intentado por todas las formas posibles desestabilizar su administración y voltearlo.

Las versiones que se multiplicaron a diestra y siniestra sobre el monto del convenio; si habría adelanto de dinero o no y de cuánto antes del desembolso total; si había que avanzar en las reformas estructurales que adeuda la Argentina desde qué momento y con qué niveles de profundidad, incentivaron en el mercado la eterna incertidumbre en la que vive el país y, desde ya, la desconfianza. Para Milei esos fueron los factores que incidieron en el fogonazo inflacionario de los últimos dos meses, en particular por marzo. La especulación, aguijoneada por “el por las dudas” constante, habrían hecho el resto.

Pero así lo ve Milei, a quien le ha costado admitir errores de cálculo, en especial algunos evidentes desde lo estrictamente político. Ahora, el gobierno tendría por delante esperar que el efecto de la salida del cepo mantenga el tipo de cambio en niveles razonables y esperar y confiar en un comportamiento inteligente y adulto de parte del consumidor para rechazar subas desmedidas y fuera de registro por parte de los formadores de precio, más que nada en el rubro de los alimentos.

A todo esto, a Milei se le suma la imposición, casi inevitable, de activar una nueva fase del plan general que es la de las reformas de fondo, las estructurales, con un número favorable de legisladores en el Congreso o sin él, persiguiendo el objetivo de reducir el famoso costo argentino que es el que está atentando contra la competitividad de los productos nacionales, la actividad económica, la creación de empleo, su registración y los salarios buenos y de calidad.

El presidente está ganando, todo así lo indica, la batalla del aguante por parte de la sociedad que consistente en soportar, todavía, los efectos del ajuste, el retraso brutal de los salarios aunque manifiesten una recuperación lenta, el no llegar a fin de mes, el haber tenido que resignar ciertos y determinados gastos que formaban parte de un estándar de vida mínimo, todo eso y mucho más por una esperanza.

A Milei, pese a sus modos violentos, agresivos, prepotentes e indiferente a los entendimientos políticos y sociales que podrían sostener con vigorosidad su administración, una mayoría de personas cree en su plan, en sus reformas. Y le cree porque, entre otras cosas, ha cumplido en eso de advertir que se deberá sufrir el efecto de una tempestad dolorosa antes de la calma y la tranquilidad. Y que todo ese proceso, además, llevará años.

Las reformas que encarará Milei y que ha garantizado que lo hará, podrían discutirse individualmente o de manera integral, como ha sugerido el diputado Lisandro Nieri, vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y ex ministro de la primera gobernación de Alfredo Cornejo.

“A mi criterio –dice Nieri–, se requiere una reforma global que simplifique, ordene, baje costos y devuelva autonomía a las provincias”. Por ese lado ha ido el mismo Cornejo cuando el lunes pidió a la nación –al gobierno de Milei–, concentrarse en la producción y en el crecimiento económico, que acompañe las medidas fiscalistas y del tipo de cambio que se han encarado. Y entre todo lo sugerido, una que tenga como objetivo mejorar la situación de las Pymes.

El INDEC viene de ponerle número a la informalidad en la Argentina. Es del 42 por ciento. Son cerca de 9 millones de personas que hoy trabajan sin aportes, sin cobertura, fuera del sistema absolutamente. Ese 42 por ciento en la informalidad explica, por otro lado, que sólo 6 de 10 trabajadores son los que hacen su contribución al sistema previsional, lo que convierte en inviable el retiro o la jubilación de los argentinos: inviable la que perciben los actuales jubilados con haberes de miseria, y la futura que tendrán los que hoy trabajan y aportan. Ni siquiera estos últimos tienen asegurada una suma mensual que, al momento de dejar de trabajar, cuando alcancen la denominada tercera edad, les permita vivir con dignidad.

El paquete de reformas lo conforma la previsional, desde ya, pero otras que demandan más urgencias: la laboral y la impositiva o tributaria. A la par marchan otras que no llegan a convertirse en restructuraciones del sistema que se viene aplicando sino más bien parches transitorios, como los regímenes de incentivos a las inversiones, grandes o medianas, los conocidos RIGI.

Nieri defiende uno de los proyectos a la medida de las Pyme con el fin de detener su destrucción y estimular su creación y sumas de empleos. Propone fijar un mínimo imponible de los salarios brutos de los trabajadores de las pymes y a partir de ahí calcular los aportes patronales. Ese mínimo, actualizado, podría establecerse en los 450 mil pesos por trabajador y hasta los 25 empleados. Si fuera así, a una Pyme de 50 empleados el costo laboral se le podría reducir hasta en un 20 por ciento; pero en aquellas hasta 5 empleados el impacto sería de casi el 60 por ciento, con un costo fiscal del 0,3 por ciento del PBI.

El proyecto podría beneficiar a las pymes agrícolas de las economías regionales como la de Mendoza, por ejemplo; las que reflejan, además, una realidad irrefutable: los sueldos que se pagan en el sector son bajos definitivamente con lo que el costo laboral que se disminuye sería gravitante. La idea tendría que funcionar con más empleo y mejores salarios, si así fuera.

“Las economías regionales son intensivas en mano de obra, las agroindustriales, las que prestan servicios turísticos y gastronómicos que también son mano de obra intensivas pese a tener salarios medios bajos, el costo de la mano de obra tiene una importancia significativa en su estructura de costos y por lo tanto el proyecto adquiere una relevancia en este tipo de empresas y es de esperar que incentive a la contratación de nuevos trabajadores y en especial de los menos calificados, en el sector Pyme”, se lee en el proyecto presentado en Diputados, más de 3 años atrás.