La confianza es un proceso continuo, no siempre lineal. La mina de cobre PSJ, una vez que consiga el aval legislativo para iniciar la construcción del yacimiento en Uspallata, pondrá en marcha en paralelo un plan de seguimiento del impacto de sus propias operaciones tan minucioso como exhaustivo, que le tendría que garantizar –a la postre– un resultado auspicioso. No tendrá alternativas: estará obligada a llevar adelante un autocontrol riguroso para evitar cualquier fisura en esa esforzada confianza que se ha ganado en buena parte de la ciudadanía; para sostener los avales internacionales conseguidos; y porque, además, su margen de error se ha reducido a niveles casi inexistentes. Todo ello porque se lo considera un proyecto modelo en el país y porque será el primero en abrir el camino hacia la explotación a gran escala del cobre argentino, un segmento donde San Juan brilla incluso sin contar con un proyecto en producción, sino por su extraordinaria cantidad de reservas comprobadas que ubican a la Argentina en la vanguardia mundial.
Con la aprobación de la DIA que el Senado otorgaría el martes próximo –si no surgen sorpresas–, el largo derrotero de San Jorge culminaría una etapa de contratiempos que se puede medir en casi tres lustros. A diferencia de lo ocurrido en 2011, cuando la clase política en plena campaña buscó neutralizarse entre oficialismo y oposición retirando la DIA de la Legislatura cuando estaba a punto de ser aprobada, en esta instancia se llega con un alto grado de aceptación social respecto de la incorporación de la minería como un sector más dentro del variado perfil productivo de la provincia.
Pero no todo son luces. Un peronismo desgajado internamente y sumido en un grado de confusión sorprendente respecto del rol que se esperaba pudiera cumplir –tras años de debate sobre minería sí o no en Mendoza y por su propia experiencia de gobierno– se dispone a no acompañar con su voto el proyecto, sosteniendo una posición incómoda y endeble.
Es posible que el voto negativo del principal partido opositor –si repite lo actuado en Diputados– le solucione engañosamente el problema que supone enfrentar las elecciones municipales del 22 de febrero en San Rafael, Maipú, Santa Rosa y La Paz. Allí, los intendentes creen que podrán captar a los vecinos antimineros, mientras que apoyar el proyecto podría exponerlos al castigo de productores agrícolas que, suponen, no avalan el desarrollo del sector que lo ven, equívocamente o por malicia nomás, un jugador molesto y un competidor de la fuerza laboral. Esas son algunas de las explicaciones políticas detrás de los argumentos débiles expuestos en Diputados.
Hay otra razón posible, más inquietante para ese proceso de revinculación social que el peronismo intenta recuperar: que todo responda a una imposición de La Cámpora y del kirchnerismo sobre los intendentes y la conducción partidaria, convencidos de que su rol es ejercer una oposición dura e intransigente, como orgullosos abanderados del anticornejismo en la provincia.
El “no” del peronismo opacaría el proceso y, hacia adelante, podría complicar las señales de seguridad jurídica para futuras inversiones y, por sobre todo, el trabajo técnico que se realizó durante meses en torno a la sustentabilidad del proyecto. Así, otra vez –aunque sin la dimensión del impacto que tuvo en 2011– la política aparece más como un obstáculo para el desarrollo que como el componente clave y facilitador del proceso de construcción de riqueza que necesita la provincia.
PSJ emerge en un momento en el que no sólo es necesaria la producción de cobre en el mundo, sino en una etapa en que la minería global debió implementar y luego asumir procesos de autocorrección que le permitieron recuperar confianza y obtener licencia social para operar.
La minería metalífera ha buscado mejorar su imagen y consolidar su licencia social para operar mediante prácticas sostenibles, innovación tecnológica y mayor transparencia. Entre los avances más relevantes se destacan una nueva gestión ambiental y tecnológica en el uso del agua, como la reutilización y su recirculación para evitar la contaminación y la demanda de agua dulce. En cuanto a los residuos se avanzó en métodos más seguros; lo propio se hizo con la adopción de tecnologías limpias y en la adopción de estándares globales que auditan y les dan validez a las prácticas sostenibles.
Debió adoptar, también, la transparencia absoluta en los procesos de comunicación con canales abiertos con las comunidades y no dejar librado el apoyo social sólo al componente del empleo directo e indirecto y la infraestructura básica y servicios antes inexistentes. Así, PSJ deberá implementar proyectos locales orientados a las necesidades que la misma comunidad de Uspallata defina, por caso, para darle continuidad al desarrollo posterior a la finalización del emprendimiento minero.
Y aunque en el mundo persisten desafíos y el escepticismo no desaparece del todo, estos avances implicaron un cambio significativo hacia un modelo más responsable y sostenible.