La discusión por la reforma de la ley de glaciares encontró en Mendoza una reacción que, más que técnica, fue política. El intendente de la capital, Ulpiano Suarez, expresó su malestar por la velocidad del tratamiento y advirtió que “va a garantizar el cuidado de los glaciares” si se le da la oportunidad de convertirse en el próximo gobernador de la provincia. La frase, en apariencia prudente en declaraciones a radio Mitre el último viernes, dice bastante más de lo que parece: no habla tanto de lo que puede pasar con el ambiente, sino de lo que hoy le pasa a la dirigencia. Y de cómo se empieza a tensar un límite sensible, reabriendo frentes que, en los hechos, parecían ya resueltos y que incluso pueden tener efectos no deseados cuando se busca visibilidad en la agenda.
Porque mientras el debate público vuelve, una vez más, sobre riesgos, límites y advertencias, la realidad avanza por otro carril. El Proyecto San Jorge en Uspallata ya tiene su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, la ley 7722 sigue vigente sin modificaciones y el andamiaje institucional mendocino, con todos sus controles, terminó habilitando el camino. Es decir: la minería, con condiciones, ya está en marcha.
Ahí aparece la primera tensión. Lo que en los hechos empieza a consolidarse, en el discurso todavía se administra con cautela extrema. No por falta de información ni por ausencia de marco legal, sino por algo más difícil de resolver: el costo político. Hay sectores en la política —probablemente mayoritarios— que todavía dudan en liderar el nuevo proceso de desarrollo económico que implicaría la minería a gran escala en la provincia.
En ese terreno se mueven —y se miden— los nombres que empiezan a asomar hacia 2027. Desde el oficialismo, el propio Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar; desde el peronismo, Matías Stevanato, Emir Félix, Anabel Fernández Sagasti, Flor Destéfanis por nombrar algunos de los potencialmente dispuestos a jugarse; y desde el universo libertario, Luis Petri. En todos los casos, con matices, aparece una misma constante: nadie quiere quedar atrapado en una definición tajante.
El cálculo es comprensible. Durante años, la minería fue en Mendoza sinónimo de conflicto, movilización y desgaste político. Ese recuerdo sigue operando, aun cuando el contexto cambió. Hoy los sectores más activos en contra son minoritarios, pero conservan una alta capacidad de instalación pública. El agua —como símbolo y como recurso— sigue siendo el eje emocional de cualquier discusión, y sobre ese terreno cualquier duda escala rápido.
El problema es que, en ese juego, la política corre detrás de una discusión que en parte ya fue saldada. No porque no existan riesgos —que los hay y deben ser controlados—, sino porque los mecanismos para hacerlo están definidos. La discusión técnica sobre glaciares y ambiente periglaciar no es nueva, ni improvisada, ni carente de regulación, aunque sí de mucha indefinición hasta ahora. Sin embargo, reaparece en clave de alarma, muchas veces alimentada por información imprecisa o directamente errónea, que encuentra en la ambigüedad política un terreno fértil.
Así se configura una escena conocida pero invertida: ya no es la sociedad la que empuja el freno mientras la política acelera, sino una dirigencia que duda mientras los proyectos avanzan. El resultado es una narrativa fragmentada, donde lo que se habilita no termina de coincidir con lo que se dice.
Mendoza, en este punto, enfrenta un dilema menos ambiental que político. Necesita diversificar su matriz productiva, captar inversiones y generar empleo en un contexto económico exigente. La minería aparece como una de esas oportunidades. Pero al mismo tiempo, no logra construir un consenso político claro que le permita sostener esa agenda sin titubeos ni aclaraciones defensivas.
La reforma de la ley de glaciares funciona, en ese sentido, como un disparador. No tanto por su contenido específico, sino por lo que revela: una dirigencia que todavía actúa como si el conflicto fuera el de hace quince años, cuando las condiciones —sociales, económicas e incluso regulatorias— ya no son las mismas.
En ese contexto de dudas políticas y decisiones a medio camino, la economía vuelve a poner condiciones. Al promediar la semana corta que arranca este domingo, el martes, los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day del IERAL Mendoza volverán a poner los ojos sobre la situación de la provincia en el ya tradicional anuario que el instituto ofrece cada año. ¿Cómo le fue a la economía de Mendoza en 2025? ¿Se recuperó, estuvo estancada o recesiva? ¿Fue pareja a lo largo del año la dinámica? ¿Cuáles y qué rol jugaron los principales motores? Ganadores y perdedores serán los puntos por donde discurra el análisis económico del 2025.
No menos importante será lo que aventuren sobre lo que viene. ¿Qué podemos esperar para 2026? ¿Cómo afecta la guerra de Irán a la economía? ¿Qué podemos prever en materia de actividad, inflación y dólar? ¿Cuáles son los sectores con mejores y peores perspectivas? ¿Hay solución para el desafío macro de la sábana corta? ¿Qué debe monitorear la provincia y cuáles son los principales riesgos? ¿Qué herramientas tiene el gobierno para mejorar la economía?
Interrogantes que no sólo describen la coyuntura, sino que exponen un problema más profundo. Mendoza discute cómo crecer, pero su dirigencia todavía no termina de decidir desde dónde hacerlo. Y en ese desfasaje entre diagnóstico y acción, el riesgo ya no es sólo productivo. Es político.