Si la economía no da señales de despegue para los primeros meses del 2024, a los nuevos gobiernos, tanto al de la provincia como la nación, se les complicará sobre manera mantener en un mínimo posible ese siempre necesario nivel de expectativas sobre la mayoría de sus movimientos y las políticas despegadas para hacer una, cuanto menos decorosa administración del Estado.

Es cierto que no está del todo claro cuál será el umbral de tolerancia de espera y paciencia por ver de forma factible, clara y evidente las mejoras en su estándar de vida por parte de una sociedad que mucho antes de la fecha prevista para las elecciones generales ­–PASO, general y recién ahora a la confirmada segunda vuelta a la que se dirige el país– parecía darle indicios (hoy en buena medida erróneos, claramente) de no darle más chances a un modelo de gobierno que fue perdiendo sistemáticamente y visto de forma objetiva, eficacia y efectividad en el fin único de todas sus políticas públicas: las oportunidades en general, la salida de la pobreza, el ascenso social, la generación de empleo con salario digno, una vida estable y un país normal.

El nuevo gobierno mendocino, el que prepara Alfredo Cornejo para hacer andar desde el 9 de diciembre, está claro que llegará apuntándole buena parte de la responsabilidad de lo que se vendrá a la macroeconomía; es decir a todo lo que se haga o no desde la nación para estabilizar la situación. Pero también sabe que los mendocinos, que vienen de ratificarle el control institucional de la provincia a un modelo de gestión, puedan en algún punto elevar la vara de los objetivos. Esto es que, independientemente de cómo le vaya al país, se exploren otros rumbos, otras alternativas, por dentro y por fuera de esa clara diversidad productiva que se tiene. El buscar salir de la falta de crecimiento, en buen romance, no sólo tendrá que ver con un necesario giro en el modelo económico nacional, sino que esencialmente deberá ser empujado por soluciones claramente autóctonas. Ese es el gran desafío que tiene por delante el tercer gobierno consecutivo de los radicales y sus socios que conforman Cambia Mendoza, a esta altura una marca distintiva de lo que no consiguió alcanzar Cambiemos, o Juntos por el Cambio en el plano nacional.

Hace tiempo, también, que las esperanzas de mejoras generales para la economía dejaron de estar puestas en el desarrollo minero. Por varias razones: por la consabida ausencia de un apoyo amplio y mayoritario de la sociedad lo que ha impedido la famosa licencia social; porque la política se fue retirando del debate público para conseguir la anuencia a la actividad por el temor a las consecuencias del rechazo general y de quien emprendiese esa aventura; porque se fue instalando, también, que el desarrollo minero no es la panacea ni todo lo que promete y porque en particular, Cornejo, acordó con parte del sector minero dejar pasar el tiempo a la espera de mejores momentos y épocas más benévolas. ¿Qué pasó a lo largo de ese tiempo, entonces? Pasó que uno de los emprendimientos más resistidos de todos, por caso el proyecto San Jorge, el yacimiento de cobre de Uspallata, se haya modificado y reformulado en silencio para ser posiblemente presentado en breve, con nuevos estudios ambientales y adaptado, según se ha asegurado, a la Ley 7722.

En el sector minero abrigan y anhelan el cumplimiento de un deseo y una promesa: que habrá oportunidades de al menos discutir la posibilidad de un desarrollo responsable de la minería en general. Claro que desde la cámara que nuclea a los empresarios, más que nada, tienen una meta de máxima que persuadir a la derogación de la 7722, la denominada ley antiminera, para alumbrar una nueva, en la misma línea de aquella que se logró en el comienzo del gobierno de Rodolfo Suarez pero que rápidamente derogó.

La cámara minera entiende que habrá un buen clima para discutir la minería. Tan es así que ha lanzado una convocatoria amplia para llevar adelante un proceso de diálogo con el objeto, afirma, discutir lo que entiende es desarrollo y sustentable. El llamado tiene un lema: “La desinformación contamina” y se plantea tres tipos de abordaje: uno que llama “trabajo de hormiga”, casa por casa en todo el territorio, “puerta por puerta” entregando material científico que sostiene la idea de una minería sustentable y con defensa del medio ambiente. Intentarán, de forma paralela, un segundo ámbito de discusión tomando el nivel medio de la educación, las escuelas secundarias, para analizar con los chicos el tema buscando una desmitificación de la actividad y un tercer plano, más profesional y más acotado con las organizaciones ambientalistas que se han negado al avance minero.

Para todo tendrán que tener el aval o un guiño oficial el que parece estaría garantizado. El campo de acción sería todo el territorio, pero especialmente en aquellos departamentos en donde no sólo hay potencial minero, sino licencia social afirmada o en desarrollo. Llevarán algunos ejemplos de abordaje, tanto nacionales como de otras partes del mundo, intentando demostrar que con seguridad y confianza se podría llevar adelante la actividad.

Años atrás, en el 2014, una misión organizada por los mismos empresarios, invitó a funcionarios del gobierno de entonces y a referentes políticos de la oposición (hoy en el gobierno) a conocerla experiencia de Radovis, un pueblo minero ubicado en Macedonia, sobre las estribaciones de un cordón montañoso interrumpido por valles en los que se cultiva la vid y se elaboran vinos de calidad. En aquel momento, Radovis tenía una población de 32 mil habitantes, y una economía basada en una mina de cobre y en la producción de uvas y de vinos de alta gama que se exportan a la Unión Europea. En el complejo minero trabajaban 650 operarios todos oriundos de la ciudad y el control ambiental del yacimiento como la calidad del agua de los ríos superficiales como los de las cuencas subterráneas en manos de un grupo de vecinos.

Ese caso, como otros estándares o niveles de relaciones alcanzados en la Argentina, como en Chilecito, Famatina y en San Juan serían los tomados como ejemplo y sus modelos replicados en Mendoza al menos, dicen, iniciar una nueva discusión más clara y menos prejuiciosa de todas las conocidas hasta ahora.