En las últimas décadas, el debate sobre el régimen laboral argentino ha oscilado entre dos polos: el de la protección al trabajador y el de la rigidez que desalienta la creación de empleo formal. En un mundo que revisa sus marcos normativos para adaptarse a nuevas formas de producción y empleo, la Argentina sigue anclada en un esquema construido en el siglo pasado, mientras lidia con una tasa de informalidad que roza el 40% de los ocupados, el doble o el triple de la registrada en los países desarrollados.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los sistemas laborales del mundo desarrollado comparten una base común de derechos fundamentales: prohibición del trabajo infantil y forzoso, libertad sindical, igualdad de oportunidades, salud y seguridad laboral, salario mínimo y descanso garantizado. Sin embargo, difieren sustancialmente en el grado de flexibilidad, la negociación colectiva y el equilibrio entre la vida laboral y personal.
En los modelos anglosajones —como Estados Unidos y Canadá— prevalece la flexibilidad contractual. El empleo “a voluntad” permite desvincular a un trabajador sin causa justificada (salvo discriminación ilegal), lo que reduce los costos de despido y facilita la movilidad laboral. A su vez, el empleado también puede terminar la relación sin previo aviso cuando lo considere necesario y sin consecuencias legales. Es un régimen al que se apela cuando no existe un convenio colectivo que rija la actividad (como sí ocurre en el empleo público). Europa, en cambio, combina mayores protecciones con políticas activas de empleo, formación y negociación sectorial. El resultado no es un mercado menos dinámico, sino más equilibrado: jornadas más cortas, vacaciones más extensas y tasas de informalidad mucho más bajas que en la Argentina.
El país en el que Javier Milei quiere ir ahora por su reforma laboral, como lo intentaron sin éxito gobiernos no peronistas como el de Raúl Alfonsín, el de Fernando de la Rúa o de Mauricio Macri, por su parte, mantiene una estructura fuertemente protectoria que, en los hechos, ha terminado concentrando sus beneficios en una porción minoritaria de trabajadores formales y salpicando perjuicios a millones de aspirantes al mundo laboral. Una vetusta Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos y la fuerte influencia sindical son pilares del modelo, pero también el origen de buena parte de sus rigideces y de la imposibilidad en gran medida, más allá de las macro económicas, que han impedido la creación del empleo. El alto costo del despido, las cargas patronales y la litigiosidad asociada a la desvinculación hacen que cada empleo formal sea percibido por el empresario como una apuesta riesgosa.
Esa percepción, reforzada por décadas de inestabilidad macroeconómica, empuja a miles de empleadores a la informalidad. Las pymes, que generan el 70 por ciento del empleo privado, enfrentan un entramado de obligaciones fiscales y laborales que resulta difícil de sostener cuando el crédito es caro y el consumo inestable o planchado como el de este momento. A diferencia de los países de la OCDE, donde las reglas del juego se mantienen estables, la economía argentina cambia de escenario de un puñado de meses a otros. La previsibilidad, más que la flexibilidad, es la gran ausente. Por eso Argentina es ese país que en el mundo se lo conoce como en el que se vive a diario en una suerte de montaña rusa por supuestos cambios vertiginosos, pero que en el largo plazo extiende su pernicioso estatus quo sin solución de continuidad.
Los empresarios señalan desde hace años un conjunto de obstáculos que no se limitan a la legislación: la carga impositiva sobre el trabajo, la volatilidad del tipo de cambio, la falta de personal calificado y la debilidad institucional en la inspección laboral. Pero detrás de esas razones se esconde un problema estructural: el sistema formal se ha vuelto tan costoso y complejo que el 40 por ciento de los trabajadores queda fuera de él, sin cobertura ni estabilidad. Datos recientes que el gobierno ha hecho público en su reciente envío de presupuesto al parlamento incluso sugieren que la informalidad estaría afectando a unos 8 millones de personas.
La falta de registración, sin embargo, no es solo el resultado de una ley rígida. Es también el síntoma de una economía que no crece de manera sostenida y que no genera empleos de calidad. Cuando el crecimiento se interrumpe cíclicamente y la inflación erosiona la competitividad, las empresas ajustan por el único margen posible: la formalidad del vínculo. Lo que en Europa se resuelve con instrumentos de flexibilidad interna —reducción temporal de jornada, seguros de desempleo o esquemas mixtos de trabajo—, en la Argentina se resuelve con despidos o con empleo “en negro”.
El contraste con los países desarrollados se amplía también en materia de jornada y descanso. Mientras que en Europa las 35 o 40 horas semanales son habituales y las vacaciones mínimas alcanzan entre 20 y 25 días hábiles, en la Argentina la ley fija un máximo de 48 horas y un piso de apenas 14 días de descanso, aunque también se permite los contratos “fuera de convenio” en donde las condiciones y las remuneraciones suelen variar respecto de la norma rígida del acuerdo con tutela sindical. Las reducciones suelen depender de los convenios sectoriales en alguna medida, aunque como ha venido sucediendo sin un rediseño de fondo. En términos generales y salvo algunos casos específicos, el equilibrio vida-trabajo sigue siendo más una aspiración que una práctica.
El desafío argentino no tendría que pasar por importar el modelo “a voluntad” estadounidense, como algunos opositores podría suponer y por eso su advertencia, ni por copiar el esquema europeo, sino por construir un régimen propio que equilibre derechos, con incentivos. Se interpreta que el actual sistema protege a quienes ya están dentro, pero desalienta la entrada de nuevos trabajadores formales. De allí surge la paradoja: un mercado laboral que, en nombre de la protección, termina excluyendo.
En los últimos años, distintas propuestas de reforma apuntaron a modernizar la normativa, reducir litigiosidad y promover el primer empleo formal, pero chocaron con resistencias políticas y sindicales. La discusión se ha vuelto ideológica, cuando en realidad debería ser pragmática: cómo garantizar derechos sin que éstos se transformen en una barrera de acceso al trabajo.
Si algo muestran las experiencias internacionales —desde la seguridad flexible de Dinamarca donde no se trabaja más de 37 horas por semana con el desaliento de horas extras, hasta las reformas graduales de España y Portugal— es que el equilibrio es posible cuando el Estado cumple un rol activo en la transición, los sindicatos adaptan sus estrategias y objetivos a los nuevos tiempos y las empresas asumen compromisos de inversión y capacitación. En la Argentina, en cambio, el debate sigue atrapado entre el temor a perder derechos, la urgencia por recuperar competitividad y una enorme carga ideológica y de intereses sectoriales que han contaminado el debate.
El resultado es un mercado laboral dividido: un núcleo formal protegido y un vastísimo conjunto de informalidad desprotegido. Y una economía que, sin resolver esa fractura, difícilmente pueda alcanzar un sendero de crecimiento sostenido, progresivo que premie el esfuerzo y el compromiso individual y social.