Siguiendo la lógica del pragmatismo más puro, en el gobierno de Alfredo Cornejo nadie se sonroja cuando se explica por qué no hay una crítica abierta de la administración mendocina a esa decisión de la Nación que admite no haber destinado, como lo manda la ley y con un fin específico, la parte del impuesto a los combustibles que debe ir al mantenimiento de la red vial nacional.

Hay una explicación para ese comportamiento, además del acuerdo político y electoral que tienen decidido mantener tanto la administración de Javier Milei como la de Cornejo en la provincia: el cumplimiento de la parte de esos recursos con destino a Vialidad Provincial que regularmente gotea desde la Nación a las cuentas oficiales de Mendoza.

Y también agregan desde el gobierno otro argumento: el buen resultado que, entienden, ha logrado Mendoza cuando tuvo que discutir mano a mano con la Rosada un modelo de acción para recuperar la red vial nacional que atraviesa la provincia después de años de abandono.

Esos acuerdos se han ido plasmando en distintos caminos. Parte del Acceso Este pasó a la jurisdicción de Mendoza, que lo ha rebautizado como ruta provincial 22; está en marcha el proceso de licitación de los 300 y algo más de kilómetros que corresponden al corredor binacional que va desde el Este hacia la frontera en Las Cuevas, pasando por la Variante Palmira que la Nación ya culminó; y se produjo el reinicio –lentísimo, hay que decirlo, pero reinicio al fin–  de los trabajos en los puentes de la ruta 40 que unen el Gran Mendoza hacia el Sur con el Valle de Uco y de la “neutralizada” 40 hacia el Norte, el tramo del camino a San Juan que luce en el estado de mayor decrepitud de su historia.

Todo eso, al menos hasta ahora, ha sido suficiente como para que Mendoza no accione en los estrados nacionales contra el gobierno de Milei, como sí lo han hecho otras provincias, entre ellas Chubut, La Pampa, Buenos Aires y La Rioja, ubicadas en las antípodas políticas de la administración libertaria. También lo hicieron intendentes de las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe, que recurrieron a la Justicia federal para reclamar la restitución de fondos que consideran que les corresponden.

La estrategia mendocina es, claramente, no hacer olas, al menos por ahora, frente a una administración como la de Milei que está bajo fuego por un incremento del malestar social ante la ausencia de resultados positivos en el campo de la economía real.

“Mendoza ha recibido hasta el día de la fecha todos los fondos que le corresponden por el Impuesto a los Combustibles”, afirman en el gobierno mendocino. Y si los recursos que reclama el resto de las provincias están llegando a Mendoza, ¿para qué embarcarse en un coro opositor que está corriendo a Milei por el lado del ajuste feroz e insensible y que lo acusa, además, de utilizar fondos con destino específico para otros fines, como sostener el equilibrio fiscal, una de las patas del objetivo central de estabilización de la economía al que apunta el gobierno libertario?

Cornejo y su gobierno, al menos hoy, tienen claro que no se prestarán –eso es lo que parece– al embate de algunos gobernadores que, de aliados, han pasado a rebelarse contra la administración nacional después del intento fallido de la Rosada por modificar la Ley de Tierras, que los gobernadores rechazaron, y de los cambios al manejo del fuego, que también hicieron sucumbir la iniciativa al restarle apoyo el propio frente de gobernadores.

El dato político es que esos mismos mandatarios que se plantan frente a Milei son, en muchos casos, funcionales a esa parte de una oposición que tiene al kirchnerismo como referencia y que, para el gobierno mendocino, continúa siendo un límite político y, por sobre todo, electoral.

“Hay diferencias, claramente, pero quedar del lado del kirchnerismo por hacerlas públicas no parece ser el mejor camino, ni lo más inteligente”, explican en off en el gobierno mendocino, a sabiendas de cuál sigue siendo el humor y el paladar político y electoral del ciudadano mendocino.

La ecuación, entonces, es bastante más sencilla de lo que puede parecer a primera vista. Cornejo no está diciendo que no tenga diferencias con Milei. Tampoco que esté dispuesto a acompañar cada una de las decisiones de la Casa Rosada. Lo que está diciendo con sus actos es otra cosa: mientras Mendoza reciba los recursos que le corresponden y mientras la relación con la Nación permita conseguir resultados concretos para la provincia, no encuentra razones suficientes para convertir esas diferencias en una pelea.

Sobre la polémica del momento, la de la distribución del impuesto a los combustibles, en el gobierno de Cornejo oficialmente dijeron que los fondos de ese gravamen que se coparticipan y que deben ser utilizados en la red vial provincial se han cumplido sin inconvenientes.

Según informó el Ministerio de Gobierno, a cargo de Natalio Mema, “en 2024 recibió un total de 5.831 millones de pesos; en 2025, 11.501 millones de pesos; y al día de la fecha, en 2026, ya recibió 9.107 millones, proyectándose una cifra similar para el próximo semestre”.

Desde el gobierno agregaron que esos fondos se utilizan “para afrontar los costos del mantenimiento de flota, consumo de combustible, provisiones de insumos y transporte de áridos, entre otros”.

El impuesto a los combustibles se paga cada vez que se consume nafta y gasoil. Por cada litro de combustible, en concepto de impuesto, se abonan sumas fijas: 355 pesos en la nafta y 231 pesos por cada litro de gasoil. El 10,4 por ciento del total se coparticipa, mientras que el 89,6 por ciento restante que se recauda es girado al Fondo Nacional de Infraestructura y Transporte, al Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica, al Fondo de Compensación del Transporte Público, al Tesoro Nacional y al FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda.

Ahí está, probablemente, la diferencia entre Mendoza y el resto de los gobernadores que decidieron confrontar con Milei. No necesariamente en la existencia de diferencias, sino en la evaluación que cada uno hace sobre el costo y el beneficio de hacerlas públicas.

Para Cornejo, al menos por ahora, la cuenta parece dar resultado: reclamar cuando haya que reclamar pero en la intimidad, negociar cuando haya margen para hacerlo y evitar una confrontación que, además de no reportarle a Mendoza un beneficio concreto, incluso desde la coincidencia política e ideológica que ambos gobiernos tienen frente a lo que consideran su principal adversario, podría terminar ubicándolo en una foto política en la que, claramente, su gobierno no quiere estar ni protagonizar. Es pragmatismo, sí. También es política. Y en Mendoza, por ahora, Cornejo parece tener bastante claro cuál de las dos cosas le conviene mostrar. Es un día a día. Para 2027 todavía hay mucho camino por andar. Y Cornejo evaluará.