A muy pocos debería sorprender, a esta altura de los acontecimientos dominados por la pandemia y el golpe asestado a toda la economía, que los temas que más preocupan a los mendocinos sean encabezados por la inflación, seguida por el virus en sí mismo, más la inseguridad, la educación y el desempleo.

Antes de la llegada de la pandemia a Argentina, los argentinos penábamos por los mismos temas sin resolución por años. La diferencia de aquellos tiempos con los de ahora no sólo está en los 15 meses que separan un momento de otro, sino, precisamente, en la peste y el temor a la misma y que los gobiernos no dan muchas señales de estar trabajando u ocupados en otras cosas y otros asuntos que no sean los ligados de forma específica con el COVID.

El Gobierno nacional, especialmente, el conducido por Alberto Fernández, nunca debió dejar de lado el plan de crecimiento y desarrollo del país con el que llegó a gobernarlo si, efectivamente, tenía un plan. El año largo que ha transcurrido desde la llegada de la pandemia a Argentina a los meses previos en los que los argentinos irán a las urnas nuevamente, sólo parece haber mostrado esa mano dadivosa, además de necesaria y obligatoria, del Estado que debió llegar a los hogares de los millones de personas que se quedaron sin empleo y sin recursos, con un puñado de planes sociales de emergencia para compensar lo que comenzaban a perder por efectos de la cuarentena que frenó la economía a casi cero, con la industria y el comercio sin actividad alguna por varios meses.

Ya se trata de una perogrullada sostener que los efectos han sido devastadores, con consecuencias a futuro que, se coincide, durarán por un tiempo indefinido y no sólo en la economía, el crecimiento y en las diversas formas de sustento de la población. Los daños impactarán en la formación y en el desarrollo de millones de chicos, pobres en su mayoría, que se quedaron sin clases y sin posibilidades de acceder a las sesiones virtuales con herramientas acordes y conexiones de calidad, como para cerrar un círculo de tinieblas en las generaciones futuras.

La política nacional que el Gobierno extendió en todo el territorio fue el ocuparse con prioridad de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. La prioridad, con el paso del tiempo, se transformó en la única respuesta a la que se le adicionó la ayuda del Estado por la vía de diversos programas que sólo alcanzaron para remediar en parte y por un lapso determinado de tiempo las urgencias. Hoy, el país en su conjunto está penando por aquella decisión que nunca debió dejar de lado la suspensión del plan de desarrollo económico con el que dijo Fernández que había llegado al Gobierno. Nunca fue una opción válida el jugarse toda la suerte a la salud, dejando la economía para otro momento. Porque, así y todo, Argentina tampoco tiene para mostrar resultados que la hayan destacado en el mundo por ocuparse sólo de la salud de los argentinos postergando todo lo demás, tan vital para el país, como la necesidad y obligación de hacer todo lo posible desde el Estado para mantener con vida y sana a la mayor cantidad posible de personas.

Aquel ranking de preocupaciones de los mendocinos responde a un trabajo de humor social realizado por la consultora Martha Reale una semana antes del último feriado largo. Son las mismas demandas que existen en todos los grandes conglomerados urbanos que tiene el país. Allí no hay diferencias ni miradas distintas sobre el momento actual.

La preocupación por la inflación (81,1%), la pandemia (52,5%), la inseguridad (41%), la educación (34,7%), el desempleo y la pobreza (34,6% para ambos), la corrupción (11,7%) y la vivienda (8%) relevadas en la encuesta de respuestas espontáneas y múltiples coinciden con las difundidas en el ámbito nacional.

Tampoco resulta extraño en la comparación con el Área Metropolitana de Buenos Aires u otras provincias que los mendocinos estén hoy más preocupados por la economía del presente y del futuro que por la pandemia en sí. El sondeo indica que 64 por ciento le pide al Gobierno respuestas de orden económico más que las estrictamente referenciadas con la pandemia, por las que se inclina 35 por ciento.

En Mendoza, fuentes ligadas al oficialismo aseguran que el gobierno de Rodolfo Suarez registra la dirección de las demandas sociales. Si bien esos mismos sondeos puede que lo dejen, en parte, tranquilo al propio gobierno, por lo que en un número de 60 por ciento por sobre 40 avala, en general, la gestión que ha hecho la administración en medio de la crisis, tampoco le dan garantía de triunfo seguro y definido. Por la simple razón de que lo que se podría imponer en la decisión del elector cuando llegue el momento de las urnas sea inclinarse por el mal menor, lo que, en buen romance, no deja de ser un fracaso.

Mendoza necesita respuestas más complejas, que son las que se reclaman y que salen a la luz en las encuestas que se están realizando. Y no parece que el Gobierno las esté encontrando, y sin ahondar en las dudas que existen sobre si se están buscando.