Los argentinos tienen bien en claro que la debacle económica y el estado ruinoso del país son de larga data, porque en esa situación se ha vivido por tiempos casi inmemoriales. En los últimos cincuenta años, por tomar caprichosamente el último medio siglo, sólo se recuerdan dos o tres momentos de bonanza: apenas unos pocos chispazos de bienestar que rápidamente se diluyeron.
En todo ese tiempo, el país repitió el mismo molde, la misma receta, para escapar o intentar dominar las crisis, fracasando sistemáticamente. El modelo seguido, casi invariable en su estructura, apenas se diferenció por matices según las fuerzas políticas que ocuparon el poder. Hasta la irrupción de Javier Milei, se creyó que existía un abismo entre lo que propusieron y aplicaron los gobiernos de origen no peronista –los menos y en franca minoría– y los del propio peronismo/populismo: el de los años 70, el de Carlos Menem en los 90, el de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en los inicios del siglo XXI y el más reciente de Alberto Fernández. Claro que, según convenga y desde donde se mire, puede decirse con razón que el peronismo albergó todo –como lo sigue haciendo hasta hoy–: tanto lo bueno como lo malo de las derechas y las izquierdas. Y, afinando más, también puede afirmarse que aplicó más lo malo que lo bueno de ambas expresiones.
En términos generales, esas administraciones intentaron lidiar sin éxito con una crisis de múltiples cabezas, apelando al arsenal conocido: emisión monetaria; toma de deuda desmedida; ajustes esporádicos; expansión del gasto para financiar obra pública y algo de infraestructura estratégica, destinada a disimular la falta de empleo genuino que el sector privado, al no crecer, tampoco generó; y diversas devaluaciones con el objetivo de recuperar competitividad, con resultados relativos pero con un impacto devastador en el bolsillo de los argentinos, por la suba desmedida de precios alimentada, una vez más, por la emisión.
Milei viene de explicar, entre tantas cosas dichas en los últimos días, que su misión es terminar con una enfermedad –la que aqueja a la Argentina– que siempre se trató con los mismos atajos. Su plan, en apariencia, no contempla nada de lo conocido hasta ahora, y el año y medio que lleva en el gobierno confirma en gran medida lo que ha prometido. Sin embargo, los errores, la extravagancia que lo rodea, los serios indicios de arrastrar viejos vicios de la política tradicional –como ese costado corrupto que lo ensucia y al que no ha dado respuestas claras–, y su negativa a aceptar el apoyo que le ofrecieron más de una decena de gobernadores desde el inicio, han conducido el programa hacia un callejón oscuro e incierto.
El proceso electoral agravó la precaria estabilidad y ni siquiera la inédita y extraordinaria ayuda que está recibiendo de Estados Unidos ha logrado calmar la incertidumbre. Los especialistas sostienen que el mercado percibe que tampoco podrá dominar la situación, tras el examen del 26, al desmentir o resistir una devaluación explícita y directa, precisamente uno de esos atajos que el propio Milei dice querer evitar.
Con su particular estilo de comunicación, sus limitadas herramientas de seducción y persuasión, y con todo ese cúmulo de desequilibrios a cuestas –expresiones de locura desmedida, insultos y numerosos “tiros en el pie”–, Milei les dice a los argentinos que la competitividad de las empresas, el crecimiento, el aumento de la producción, la fijación de reglas claras y la normalización general de la economía vendrán de la mano de las reformas estructurales: la impositiva, la laboral y la previsional, luego de un control absoluto del gasto del Estado, limitado sólo a sus ingresos. Todo eso mientras administra la herencia demencial dejada por la última gestión de Fernández, Cristina y Sergio Massa.
Los números, por sí solos, explican las medidas cuasi delincuenciales de los últimos tiempos en materia de gasto público descontrolado, justificadas con desparpajo como “decisiones políticas”. Como si el mero hecho de decidirlas eximiera a los funcionarios de rendir cuentas ante la Justicia. El “Plan Platita” de Sergio Massa, por caso, implementado por la desesperación de aquel gobierno más que fallido de los Fernández luego de su pobre desempeño en las PASO presidenciales de 2023 –Massa quedó tercero con 21,4 por ciento de los votos, detrás de Milei (30 por ciento) y Patricia Bullrich (28 por ciento)–, le costó al país 1,3 puntos del PBI, unos 7.800 millones de dólares actuales, dilapidados entre septiembre y diciembre.
Esos recursos inexistentes, financiados con emisión, se destinaron a bonos para jubilados y desocupados, y a la devolución del IVA. En su momento representaron 2,2 billones de pesos para un país quebrado y hundido en una crisis inflacionaria demoníaca. Otro atajo para apagar un incendio con nafta e intentar ganar una elección. Una gesta que estuvo cerca de conseguirse –vale subrayarlo–, con un Massa muy próximo a derrotar a Milei en el balotaje. Lo que también habla del ser argentino, de esa particularidad que lo lleva a negar una patología terminal pidiendo flan a los gritos y aplaudiendo la llegada de ese plato en medio del desastre, como describió el humorista Alfredo Casero.
Según Milei, si se toma el último año de Alberto Fernández, la emisión alcanzó 13 puntos del PBI (unos 78 mil millones de dólares), y a lo largo de los cuatro años de gestión, el despilfarro emisivo habría sumado 28 puntos de un PBI nacional que ronda los 600 mil millones de dólares.
Ese dato puede compararse con Mendoza, que representa el 3,5 por ciento del PBI nacional, es decir, entre 18 mil y 20 mil millones de dólares. Otra comparación interesante es calcular el impacto del paquete de leyes que el Ejecutivo resiste y que la oposición impulsa desde el Congreso: incluye bonos a jubilados, mejora del haber mínimo, moratoria, aumento del presupuesto universitario y emergencias en salud. En conjunto, equivale a 1,7 puntos del PBI: la mitad de la riqueza anual de Mendoza y un tercio de los gastos tributarios que integran los regímenes de promoción de la Patagonia, junto con otros beneficios que el gobierno de Milei se ha negado siquiera a analizar. Se trata, en definitiva, de prioridades polémicas fijadas por esta administración, que por eso enfrenta críticas serias y justificadas.
Lo que venga después del 26 de octubre estará claramente atado al resultado electoral. Si el Gobierno se impone, obtendrá el oxígeno necesario para seguir adelante, aunque habrá que ver en qué condiciones, según la magnitud del triunfo. De ser derrotado, lo espera un camino espinoso, no sólo para sí mismo, sino para toda la sociedad, quién lo duda. De todos modos, no tendrá margen para rechazar la negociación que le propone la llamada “oposición dialoguista” y el grupo de gobernadores que, según Alfredo Cornejo, podría llegar a 12 o 15, dispuestos a acordar bajo condiciones generales basadas en el federalismo un plan político que le permita avanzar con las reformas de fondo, las de segunda generación, aquellas necesarias para evitar los atajos: las que nunca se aplicaron en la Argentina.