Con un ojo puesto en la nación y el otro en la conformación final de su gobierno, en eso anda por estas horas Alfredo Cornejo, al cumplirse los primeros quince días de su segundo mandato. Pero, mientras no se termine de aclarar el panorama nacional, con ese cataclismo que ha provocado en la política y la vida habitual de los argentinos la irrupción de Javier Milei en lo más alto del poder institucional del país, los casilleros del organigrama de la estructura provincial continuarán vacantes.

No obstante, la mayor preocupación del gabinete que lidera y la propia, claro está, todavía está puesta en el impacto de las desregulaciones económicas que ordena el DNU que firmó Milei y que entra en vigencia el viernes, justo en el epílogo del 2023, año que quedará sindicado como de los más convulsionados en la historia: por la crisis, por la derrota oprobiosa del kirchnerismo, por la oportunidad perdida de Juntos por el Cambio para retornar al poder y, desde ya, qué duda cabe, por el inesperado e inimaginable triunfo de las ideas libertarias de la mano de un Milei que, tan sólo dos años atrás, se dedicaba a comentar la política desde una tribuna de panelistas de la TV. Impactante desde todo punto de vista.

Al margen del método o de la forma asumida por Milei a través de ese DNU que ha generado tanto revuelo y desconcierto a la vez por la política tradicional y profesional, desde ya, las medidas desregulatorias están siendo bien vistas por el gobierno mendocino mientras más se adentra en el análisis del articulado. Es más, como ya se dijo antes desde este espacio, uno de los legisladores lanzado de cabeza a estudiar la norma extraordinaria, el senador cornejista Martín Kerchner, resume la mirada general sobre el mismo: “Parece que Milei pasó por acá hace ocho años”, ha dicho en referencia a ese proceso de transformación de algunas estructuras del Estado que se inició a fines del 2015 y que Cornejo intentará profundizar en la nueva etapa, según se ha fijado como objetivo.

Cuatro aspectos del decreto 70/2023, el que Milei tituló Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, se han puesto bajo estudio: la liberación del régimen jurídico del sector vitivinícola, las modificaciones al sistema en el que se basa para su negocio el mundo de las empresas farmacéuticas con el fin de fomentar la competencia, según el decreto, la modernización del régimen laboral “para facilitar el proceso de generación de empleo genuino” y todo aquello vinculado con el sector turístico, más la política de cielos abiertos, a la que dará fuerte impulso el gobierno de Milei.

El tipo de cambio a más de 800 pesos fue festejado por el Gobierno y ni hablar por el sector empresario, pero la historia se empañó con las retenciones al 8 por ciento, asunto que Cornejo habría hablado con Milei y que el presidente le habría prometido volver a fojas cero en breve, una vez que se regularice y se solucione en parte el problema del déficit. Pero si hay algo que se está viendo positivamente, es la flexibilización de las normas del IPV, el que, según el sector, avanzó desmedidamente sobre la industria, al punto de inmovilizarla en muchos aspectos o hacerle perder posibilidades, mínimas, es cierto, de alguna mayor expansión.

Sobre el sector farmacéutico se apoya la profundización que hace el decreto en cuanto a que la “prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique”, por un lado, mientras que, por otro, también se avala el hecho de que las farmacias puedan compartir un director técnico, un responsable, en vez de que sólo se permita uno por negocio.

Entienden que la medida ayuda a bajar los costos. Sin embargo, hay dudas sobre cómo se va a desempeñar en la práctica la habilitación general para que otros comercios puedan expender medicamentos de venta libre. Acá dos cosas se ponen en blanco sobre negro: el fastidio del sector, que se opone cerradamente a la medida, claramente porque pierde el privilegio y la exclusividad, y porque para los nuevos tiempos tendrá que adaptarse y aprender a competir, y la visión del Gobierno respecto de un posible desmadre en el mercado. En realidad, todo pasaría por el control de lo permitido y si el Ejecutivo nacional estará en condiciones de garantizarlo.

En lo laboral, Cornejo y los suyos también apoyan la extensión en el período de prueba a ocho meses, porque entienden que eso permitiría una mejor formación del aspirante a conseguir el empleo definitivo, más la posibilidad de que se conforme un seguro de desempleo moderno, en sintonía con lo que ocurre en otros países, y en el campo del turismo, se ha tomado con buenos ojos la política de cielos abiertos y la desregulación del negocio de los operadores.

También, y en general, se aplaude la decisión de declarar esencial a la educación y la imposición a los gremios de sostener y de prestar, al menos, 75 por ciento del servicio mínimo para el caso de todo lo considerado esencial y de 50 por ciento de servicio mínimo para lo trascendental.

Apoyo al contenido, en términos generales y amplios y algunas críticas a la forma que tomó Milei para impulsar los cambios, cuando algunas de las decisiones podrían haber sido parte de una ley o paquetes de leyes, nada diferente, como se ve, de lo que la oposición, salvo el kirchnerismo, opina del DNU de la revolución Milei.