Una serie de pedidos de informes ingresó este martes al Senado con el objetivo de esclarecer quién es el responsable del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de efluentes en el distrito El Borbollón, departamento de Las Heras.
Las iniciativas, impulsadas por el senador Armando Magistretti (Partido Demócrata), apuntaron al Ministerio de Energía y Ambiente, el Departamento General de Irrigación, Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) y la Municipalidad de Las Heras. El legislador denunció la existencia de un presunto vuelco irregular de líquidos cloacales e industriales que podría representar un riesgo ambiental.
Los proyectos parten de una inspección realizada por el propio senador el 18 de junio, cuando recorrió un predio rural ubicado sobre calle Los Algarrobos, en El Borbollón. Allí, Magistretti asegura haber constatado el ingreso permanente de líquidos de aspecto blanco verdoso, con presencia de espuma y sin tratamiento aparente, hacia una laguna de estabilización que, a su entender, se encuentra en estado de abandono y no cumpliría con la función para la que fue construida.
En la presentación también sostuvo que el reservorio recibe efluentes a través de un canal a cielo abierto y que el flujo es continuo, por lo que, una vez colmada su capacidad, el excedente debe dirigirse hacia algún otro sector.
Magistretti afirmó además que vecinos de la zona denunciaron reiterados desbordes de las bocas de registro de la red cloacal, malos olores durante los días de altas temperaturas y la presencia habitual de personal municipal realizando tareas para contener esas situaciones.
Qué informes pidió
Uno de los principales interrogantes que intenta despejar el legislador es quién opera actualmente el sistema. Por ese motivo, uno de los pedidos de informes está dirigido al Ministerio de Energía y Ambiente para que precise qué organismo o empresa tiene a su cargo la red de recolección, la planta de tratamiento y la disposición final de los líquidos cloacales en El Borbollón.
Magistretti solicitó conocer si existen estudios de impacto ambiental, avisos de proyecto o antecedentes administrativos vinculados con la construcción y funcionamiento de la infraestructura, así como también si la cartera realizó inspecciones durante los últimos diez años por denuncias de irregularidades.
En paralelo, Aysam deberá informar si presta el servicio en ese distrito, si el sector integra su área de cobertura y si alguna vez fue requerida para asumir la operación del sistema. También se le solicita detallar si existen antecedentes de controles, registros de usuarios de efluentes (RUE), inspecciones o requerimientos formulados por el ex Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) o por Irrigación en las últimas dos décadas.
La Municipalidad de Las Heras también quedó bajo la lupa. El proyecto le pide al Ejecutivo comunal que informe si tiene conocimiento de la existencia de la laguna de estabilización, si es la operadora del sistema cloacal o, en caso contrario, identifique quién posee esa responsabilidad.
Asimismo, deberá responder si realizó inspecciones, denuncias ante organismos provinciales, tareas de mantenimiento, controles sobre posibles conexiones industriales y si existe una ordenanza que la habilite a prestar el servicio. También deberá informar cuándo fue construida la laguna.
Otro de los organismos alcanzados es el Departamento General de Irrigación, autoridad de aplicación en materia de control de la contaminación hídrica. El senador reclama conocer si existe un operador habilitado para el sistema, si cuenta con Registro de Usuario de Efluentes (RUE), qué inspecciones se realizaron en los últimos años y si se iniciaron actuaciones administrativas por eventuales vuelcos irregulares.
Además, solicita que se informe si fueron tomadas muestras de los líquidos, si existen análisis de laboratorio y si se aplicaron sanciones o medidas correctivas.
En los fundamentos, Magistretti sostiene que la situación podría implicar un daño ambiental de importancia debido a que la laguna de estabilización aparentemente no contaría con una membrana geotextil destinada a impedir filtraciones hacia las napas subterráneas. Según advierte, esa situación podría favorecer la contaminación de los acuíferos y extender el impacto más allá de Las Heras. También recuerda que la normativa vigente de Irrigación prohíbe expresamente el vuelco de efluentes sin autorización y establece procedimientos específicos para el control de este tipo de episodios.
El planteo legislativo se conoce en un contexto en el que los problemas vinculados al sistema cloacal del Gran Mendoza volvieron a instalarse en la agenda pública. En los últimos meses, los vecinos de Los Corralitos, en Guaymallén, denunciaron reiterados derrames de líquidos servidos sobre calles, acequias y fincas productivas como consecuencia del colapso de una colectora troncal. La situación derivó en reclamos al municipio, a Aysam y al Departamento General de Irrigación, mientras la empresa sanitaria anunció un plan de obras para ampliar la capacidad del sistema y reducir los desbordes.
Si bien ambos casos presentan características diferentes, las iniciativas ingresadas al Senado vuelven a poner el foco sobre el estado de la infraestructura sanitaria y los mecanismos de control ambiental en el área metropolitana. Con los pedidos de informes, el legislador busca determinar quién tiene la responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema de El Borbollón, si existen habilitaciones y controles vigentes y qué medidas adoptaron los distintos organismos frente a una situación que, de confirmarse, podría tener consecuencias ambientales y sanitarias de alcance regional.
La respuesta de Aysam
Desde la entidad que conduce el Humberto Mingorance le confirmaron a El Sol que en este sector la empresa estatal no brinda servicios, por lo que se despegaron de las vertienetes.
En tanto, desde el municipio de Las Heras no han dado respuestas oficiales por el momento, aunque fuentes cercanas adelantaron que es un problema de larga data en el departamento, aunque sin brindar más precisiones.