En una sesión extensa y cargada de cruces políticos, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este martes el proyecto de ley que avala el convenio entre el Gobierno provincial y la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el que la gestión de Alfredo Cornejo asume el mantenimiento y ejecución de obras sobre rutas nacionales dentro del territorio mendocino. La medida, impulsada por el Ejecutivo se financiará con los fondos provenientes del Fideicomiso de Resarcimiento por la Promoción Industrial.
La iniciativa obtuvo 28 votos afirmativos, 12 negativos, 2 abstenciones y 5 ausencias, en una jornada que reflejó profundas diferencias entre oficialismo y oposición.
Cambia Mendoza respaldó la medida, defendiendo el plan como una herramienta para recuperar la infraestructura vial perdida, mientras que sectores opositores cuestionaron la legalidad del acuerdo, la falta de planificación y los riesgos económicos que implica para la provincia.
La diputada Elisabeth Crescitelli argumentó que el convenio le permitirá a la Provincia avanzar en obras necesarias que la Nación ha desatendido durante años, y que los fondos del fideicomiso son precisamente una compensación por esa desatención histórica.
Sin embargo, desde la oposición no tardaron en llegar las críticas. El diputado Emanuel Fugazzotto calificó el acuerdo como “un acto de sumisión total del gobierno provincial al nacional” y lo tildó de una “triple imposición” que obliga a Mendoza a usar recursos propios para obras que son competencia federal.
Desde el justicialismo, el jefe de bloque Germán Gómez consideró que el convenio representa “una entrega de los intereses de la provincia” y que “Mendoza aporta dinero propio a una obra nacional sin garantías de reclamo efectivo ante Nación”. Además, denunció que los municipios deberán absorber los costos de obras complementarias sin haber sido consultados: “¿Alguien habló con los intendentes? ¿De dónde van a sacar los recursos?”, cuestionó.
José Luis Ramón sostuvo que la medida contradice las leyes de tránsito y de obra pública, y que “el gobernador va a contramano del orden legal”.
Jimena Cogo, también en contra del proyecto, alertó sobre una “desviación de fondos” y advirtió sobre una “vulneración del principio de finalidad”, al tiempo que expresó preocupación por el “riesgo patrimonial” que podría asumir la provincia.
En defensa del convenio, el libertario Gustavo Cairo recordó que el proyecto Portezuelo del Viento fue desactivado por el expresidente Alberto Fernández, como una muestra de cómo la Nación ha incumplido con Mendoza, mientras que en contraposición, el diputado Jorge Difonso marcó que si bien falta un plan de recupero de inversión, es necesario que la Provincia recupere el terreno perdido en materia vial frente a distritos vecinos como San Luis, Córdoba o Neuquén.
El momento en que se caldearon los ánimos
Enrique Thomas, también de Cambia Mendoza, apeló al recordado “Teorema de Baglini” para cuestionar a quienes hoy se oponen, pero en el pasado no ofrecieron soluciones, lo que generó nuevos cruces con el bloque del PJ y momentos de tensión en la presidencia del cuerpo.
Asimismo, hizo hincapié en que no se trataba de una jornada más tras la decisión de la Corte Suprema en torno a la causa Vialidad y la condena de Cristina Fernández de Kirchner. La exposición del presidente del interbloque Cambia Mendoza derivó en los comentarios de los legisladores peronistas que pese a los apercibimientos y pedidos de silencio por parte de Andrés Lombardi, titular de la cámara, derivaron en un caliente momento durante un cuarto intermedio previo a la votación final.
El convenio avalado en Diputados ahora deja en manos de la Cámara Alta la habilitación necesaria para la puesta en marcha de obras estratégicas sobre rutas nacionales bajo jurisdicción provincial, utilizando fondos del fideicomiso que, en teoría, debía funcionar como reparación por los perjuicios sufridos en el marco del antiguo régimen de promoción industrial. La discusión, no obstante, está lejos de haber terminado y promete nuevos capítulos.