La Provincia de Mendoza formalizó la exoneración de un ex Subcomisario a través de una resolución emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta decisión, de carácter expulsivo, pone fin a la carrera del efectivo dentro de la fuerza tras un largo proceso administrativo y judicial. El ex efectivo había sido condenado por realizar un allanamiento ilegal.
La medida se fundamentó en la condena judicial firme del Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de Mendoza. En dicho fallo, el ex subcomisario fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa, como autor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en concurso real con el delito de concusión.
La sanción administrativa se aplica por la comisión de la falta prevista en el Artículo 99, inciso 1) de la Ley N° 6722/99, que establece la exoneración por “condena judicial por comisión de delitos dolosos”.
El camino a la exoneración
Previo a la resolución final, el ex policía había recibido una sanción de cesantía sujeta a exoneración en febrero de 2023. El efectivo interpuso un Recurso Jerárquico contra esa resolución, el cual fue admitido en lo formal, pero rechazado en lo sustancial mediante el Decreto N° 1590 de fecha 26 de julio de 2023.
La sentencia condenatoria penal, que se hizo firme posteriormente, fue el factor determinante para que la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia dictaminara que correspondía disponer la sanción de exoneración, la más grave dentro del régimen disciplinario policial, por la gravedad de los delitos cometidos en el ejercicio de su función.
La resolución, que lleva la firma de la Ministra Mercedes Rus, ordena a las direcciones pertinentes comunicar la medida a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, a la Oficina Técnica Previsional y al A.N.S.E.S. para la correspondiente aplicación de la normativa vigente. El ex Subcomisario aún cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la notificación, para interponer recursos administrativos de revocatoria o jerárquico.