El juicio contra el juez federal Walter Bento y una treintena de procesados por diversos y graves delitos presentó este jueves a cinco testigos. Tres de ellos, policías. Dos en actividad mendocinos vinculados con los allanamientos que realizaron en busca de pruebas en viviendas de algunos de los sospechosos, como el desarrollado en el complejo privado La Barraca, que permitió la detención del abogado Jaime Alba, sospechado de ser parte de la asociación ilícita que cobraba coimas para lograr beneficios procesales en el Juzgado Federal Nº1.
El restante fue un ex policía federal condenado en el 2015 con un compañero en otra megacausa que se instruyó en Mendoza la década pasada, la bautizada Pyme Vip, que apuntó directamente a hechos de corrupción y trata de personas en un prostíbulo ubicado en calle 25 de Mayo de Ciudad y terminó con ocho condenados.
Se trata de Nelson Bravo Cortez, condenado a dos años de prisión en suspenso por cobro de coimas por no inspeccionar el prostíbulo e inhabilitado de por vida para integrar una fuerza de seguridad.
El testigo confirmó en el debate oral que tuvo contacto cara a cara, mientras se encontraba comprometido en la citada causa, con el señalado nexo o facilitador que, se sospecha, integraba la organización que lideraba el juez, Diego Alfredo Aliaga, asesinado en el julio del 2020. Y confirmó que le pidió pesos argentinos y le “dio a entender que se manejaba con gente de arriba en el juzgado”.
Bravo Cortez señaló ante las partes, que el otro policía que fue condenado en Pyme Vip, identificado como Ángel Arias, fue abordado por Aliaga en los Tribunales Federales cuando fue citado durante la instrucción de ese expediente.
Luego pactaron verse en un café ubicado sobre calle Pedro Molina (donde muchos testigos aseguraron que se movía Aliaga) y ambos efectivos, quienes por aquellos días integraban la brigada federal local, fueron al encuentro.
“Nos pidió dinero y le dijimos que no teníamos para pagarle. Yo sabía que no había hecho nada, no había motivos para pagarle porque yo me creía inocente”, aseguró frente a las juezas del tribunal, abogados defensores y Ministerio Público.
Justamente, el fiscal general Dante Vega, que actúa en el debate con María Gloria André, le preguntó luego sobre el monto que le había pedido Aliaga a cambio de intentar solucionar su situación procesal y Bravo Cortez señaló no acordarse.
El representante del Ministerio Público le refrescó la memoria al recordarle la declaración que realizó en plena instrucción del Bentogate, el 17 de mayo del 2021, y leyó uno de los párrafos donde afirmaba que le había pedido 200.000 pesos a cada uno, a lo que el ex miembro de la fuerza federal respondió: “Es así”.
“Nos dimos cuenta que el apellido de él era Aliaga cuando lo mataron”, declaró Bravo haciendo referencia a años después de ocurrido el encuentro en el café de la zona tribunalicia. Y agregó que Aliaga también intentó hacer “trato” con ellos a cambio de vehículos. “Era lo único que yo tenía. Un auto. No recuerdo bien cómo fue”.
“¿Qué les ofreció?”, preguntó la fiscalía. “Despegarnos de la causa nuestra, de sacarnos a cambio de cierta cantidad de dinero”, respondió el testigo. “¿Cuál era la forma en que los iba a desvincular?, interrogó Vega. “Tenía conocidos en el juzgado federal. Se manejaba acá”, contestó Bravo, haciendo referencia al edificio de calle España y Pedro Molina.
Bravo aseguró que la reunión terminó a los pocos minutos y que no acordaron nada. “No lo vi más”, dijo.
El testigo también habló de un momento previo en el que conoció al juez Bento. Recordó que había iniciado una investigación de venta de drogas en pequeñas cantidades cuando detectó con un compañero de la brigada un pase de manos (compra-venta de sustancias) en la puerta de un prostíbulo de Ciudad llamado Yeni (ubicado por aquellos días en Espejo y 9 de Julio) y que iniciaron los trabajos correspondientes para iniciar los trabjaos investigativos. Una vez avanzado el proceso, el juez lo citó a su despacho.
“Cuando yo voy allí, me hace tirar el chicle en un canasto. Y me pregunta cómo habíamos llegado a ese lugar por venta de drogas. Le expliqué que había sido por un pase de manos y nunca más nos citaron”, explicando que había sido llamativo que el magistrado lo citara por una causa a su despacho y que la causa quedara en la nada luego de que solicitara algunas medidas.
Bravo fue el último testigo de este jueves, último día de debate hasta el 4 de octubre, cuando continúen algunas indagatorias, como la del abogado procesado Luciano Ortego, quien está en la cárcel como integrante de la asociación ilícita y uno de los más complicados en los casos de cohecho.