El jefe de la Distrital VI de la Policía de Mendoza, comisario general Oscar Darío Agüero, elevó este miércoles un segundo pedido formal al director general de Policías, Marcelo Calipo, solicitando una revisión de las condiciones salariales de todos los efectivos de la provincia.
La solicitud, que también fue remitida con copia al subdirector general Roberto Enrique Favaro, busca garantizar una actualización de los haberes conforme a lo establecido en “las normativas vigentes” y en línea con recientes mejoras aplicadas a otros sectores de la administración pública.
La movida de Agüero generó un fuerte cimbronazo en la cúpula del Ministerio de Seguridad, donde las máximas autoridades decidieron guardar silencio ante las consultas de este medio. Incluso desde la cartera que conduce Mercedes Rus advirtieron que Calipo no daría explicaciones públicas frente al conflicto interno, pese a que las notas electrónicas estaban dirigidas directamente al jefe de la Policía y a su segundo.
En tal sentido, desde el Ministerio de Seguridad calificaron como “habituales” las tensiones en relación con los sueldos de los agentes cada vez que el Gobierno provincial ingresa en una etapa de paritarias estatales.
Así las cosas, cerca de Rus intentaron minimizar el tema, pese a que esta vez el reclamo lo hizo un comisario general de experiencia, el rango de mayor jerarquía de la fuerza, quien entre otros puntos pidió incorporar a la plana mayor policial en las negociaciones salariales.
Sin embargo, lanzaron un contundente mensaje a la tropa policial al recordar que, según marca la ley, los efectivos “no pueden sindicalizarse ni abandonar sus puestos, ya que esto es causal directa de exoneración”.
Los pedidos del comisario general
En un primer pedido de reunión para tratar este tema, que fue presentado el 10 de este mes, Agüero, quien hasta principios de año era máximo responsable de Capital y Godoy Cruz y fue trasladado sorpresivamente, fundamentó el reclamo en la “pérdida progresiva del poder adquisitivo” que ha experimentado el personal policial en los últimos años, señala el escrito a la que accedió El Sol.
Si bien reconoció que en los últimos años se han registrado avances en todo lo referido a cuestiones salariales, advirtió que “aún queda mucho por hacer”, dado que la situación económica sigue impactando en la calidad de vida de los efectivos y en su desempeño profesional. “Sabemos que mucho se ha hecho, pero queda mucho más por hacer si nos proponemos sentarnos a analizar en conjunto las opciones”, expresó el comisario general.
El documento enfatiza la necesidad de incluir a la plana mayor policial en las negociaciones salariales, señalando que hasta el momento no se ha dado participación a este sector en la toma de decisiones sobre los haberes.
“Creo humildemente que tenemos mucho por aportar”, afirmó Agüero en su pedido inicial a Calipo, subrayando que el Gobierno provincial ha mostrado intención de mejorar las condiciones salariales en el ámbito público, como ocurrió con la creación del “ítem arraigo” para la Dedicación Docente mediante la Ley 9.598.
Entre los puntos concretos planteados en la segunda solicitud, el jefe distrital de Las Heras, Guaymallén y Lavalle, una de las jurisdicciones que más delitos y denuncia en Mendoza, remarcó la importancia de actualizar ítems específicos que han sido postergados, como el pago por vestimenta y racionamiento, el suplemento por eficiencia en el servicio, la creación de un beneficio adicional para custodios y carceleros, y la revisión del suplemento por subrogancia de los oficiales superiores y jefes.
También pidió la modificación de restricciones en la Ley de Servicios Extraordinarios (Ley 7.120/2003) que afectan el reconocimiento salarial de los encargados y supervisores, además de la eliminación de trabas que impiden a los egresados recientes acceder a estos servicios.
En sus planteos, el comisario, quien está próximo a jubilarse, hizo hincapié en la falta de actualización de algunos beneficios que sí se aplican en otras áreas del sector público. Destacó que los efectivos policiales cumplen funciones de alto riesgo y responsabilidad, por lo que entendió que resultaría necesario garantizar una retribución acorde con la tarea que desempeñan.
“El adecuado desempeño de nuestras funciones es fundamental para la seguridad pública”, y “en la actualidad la situación salarial afecta no solo nuestras condiciones y calidad de vida, sino también la efectividad de nuestra labor”, remarcó.
Otro de los puntos mencionados en ambas notas es la necesidad de reconocer formalmente la labor de los efectivos que integran organismos colegiados, como la Junta de Disciplina y los jefes de la fuerza, quienes tienen a su cargo la evaluación y supervisión de sus pares, pero aseguró actualmente no perciben un pago adicional por estas funciones.
También solicitó la creación de un suplemento para quienes cumplen tareas de custodia y control como “carcelero” en las dependencias con detenidos a disposición de la Justicia, ya que esto a su entender implica un riesgo especial que hasta el momento no es contemplado en la estructura salarial.
En este sentido, Agüero insistió en la necesidad de abrir un espacio de diálogo con las autoridades de la cartera de calle Salta para abordar estas problemáticas que tiene la tropa policial y encontrar soluciones. Sin embargo, fuentes policiales señalaron a este diario que el Ministerio de Seguridad no respondió ninguno de los planteos que expuso el comisario general en ambas notas.
Un nuevo aumento
En medio de esta disputa, entre grupos de uniformados comenzó a circular el decreto a través del cual el Poder Ejecutivo les otorgará un nuevo aumento a las fuerzas de seguridad.
El incremento, que aún no fue oficializado, incluye una actualización del 7% para marzo, 2,5% para abril, 2% para mayo y 1,5% para junio, cifras similares a las acordadas con otros sectores estatales.
Además el Gobierno sumó mejoras en otros puntos específicos de la tarea policial. Entre ellas se encuentran la incorporación del 100% de los ítems 1.203 (fijo paritaria), 2.628 (paritaria general), 3.274 (adicional policía 2010) y 3.289 (adicional penitenciaría 2010) a la asignación de clase, tomándose como base para los porcentajes de aumento.
También estableció un incremento del ítem 1.629 (fuerzas de seguridad) que pasará de ser el 20% al 37% a partir de marzo.