Un acuerdo firmado en Córdoba para que los supermercados y otros comercios de esa provincia absorban a exempleados de Falabella ilusiona a los extrabajadores mendocinos de la empresa chilena.
“Lo que nosotros pedimos es que el Ministerio de Trabajo, junto con el CEC y el Gobierno de Mendoza nos puedan reubicar, como pasó en la sucursal de Córdoba“, explicó uno de los exempleados de Falabella que fueron indemnizados tras el cierre de la tienda en el Mendoza Plaza Shopping.
“Si se pudo ahí (en Córdoba), en Mendoza se puede. Nosotros necesitamos trabajar“, agregó en declaraciones radiales.
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A mediados de septiembre del año pasado Falabella hizo pública su intención de salida del país y comunicó que buscaba un socio estratégico para sus negocios en el país. A la par que ofrecía retiros voluntarios a sus empleados. Finalmente la empresa de capitales chilenos bajó sus persianas en Mendoza el lunes 29 de marzo, dos días antes de lo anunciado y después de 28 años de presencia en la provincia. Lo mismo ocurrió en Córdoba y San Juan.
Ahora se encendió una luz de esperanza tras el convenio rubricado en Córdoba entre el gremio local de empleados de comercio, la cámara de supermercados y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que establece que las empresas que tomen personal indemnizado por Falabella recibirán, por cada trabajador, un monto aportado por el Estado.
“Será por un tiempo determinado, pero el objetivo es que después de la pandemia sigan trabajando en estos lugares”, aseguró Pablo Chacón, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec), al diario La Nación.
Según el gremialista cordobés, el acuerdo sería “repetido” en todos los lugares del interior del país que dejó Falabella. Entre ellos, Mendoza.
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A partir del “Convenio marco de colaboración institucional para la promoción del empleo”, el Ministerio de Trabajo se compromete a aplicar “alguno de los planes y/o programas vigentes (…) destinados a atender situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo”. Por su lado, el sindicato y la cámara que lo firmaron asumieron la responsabilidad de “garantizar la paz social” durante la vigencia del acuerdo.
“Los empleados de las bocas cerradas fueron indemnizados, incluso están cobrando salarios hasta junio. Nuestra preocupación era hacia adelante, cuando se quedan sin ingresos”, señaló Chacón.
El sindicalista planteó que la necesidad de varios comercios de aumentar su dotación de personal se explica por los empleados que tienen licenciados por Covid-19 -por ser de riesgo y no estar vacunados- o por los reemplazos que se requieren de contagiados.