IMPSA es una bomba. El “tic tac” se escucha cada vez más fuerte y ya ni siquiera su potencial privatización garantiza que no vaya a detonar. El último balance de la empresa presentado en la Comisión Nacional de Valores muestra la crisis absoluta en la que está inmersa una de las firmas que supo ser sinónimo de desarrollo tecnológico a nivel mundial y orgullo de los mendocinos. De diciembre del 2023 a septiembre del 2024 pasó de tener un patrimonio neto positivo de 37.640 millones de pesos a un negativo de 19.000 millones de pesos. Es decir que perdió 56.640 millones de pesos en sólo nueve meses.
Esa caída en picada en menos de un año es explicada, principalmente, por el incremento de los costos de financieros y el impacto del impuesto a las Ganancias. También influyó la devaluación y la inflación.
La pérdida de capital cabe justo en una de las descripciones que tiene la Ley General de Sociedades en el punto 5 de su artículo 94 para fundamentar la disolución de una empresa. E IMPSA no encuentra la salida.
Desde que fue estatizada en 2021 para salvarla de una quiebra segura, nada ha salido como estaba planeado. Nunca arrancó ni logró volver a ser referente en su rubro. Lejos de eso, ocurrió lo que se preveía: se convirtió en un botín político y cayó en la siniestra lógica de las empresas estatales abonadas al déficit.
El relato que se pensó para que casi el 85 por ciento de las acciones se repartieran entre el Estado nacional (64%) y la Provincia (21%) alcanzó para dar discursos vinculados con narración clásica acerca de la soberanía energética y otros recursos chovinistas.
El caso acercó a las gestiones de Alberto Ferández y Rodolfo Suarez, enfrentadas –al menos desde lo dialéctico- por el manejo de la pandemia. Desde el gobierno local aseguraron que Mendoza no tuvo que asumir costo alguno; que todo el dinero, incluso los cinco millones de dólares del porcentaje accionario para Mendoza, había salido de la Nación. Hubo estrechón de manos, sonrisas, discursos y festejos.
Nunca se investigó qué ocurrió en realidad, más allá de la fábula del grupo empresario caído en desgracia y engañado en su buena fe. La crisis de la firma tuvo relación directa con las políticas populistas de los últimos 20 años en la región, marcadas por hechos de corrupción. Desde negocios truncos con la Venezuela chavista hasta aparecer en la lista de firmas sospechadas de pagar coimas para quedarse con obras públicas, conocida como “causa Cuadernos”. Las malas decisiones y los malos resultados de la unidad de negocios en Brasil precipitaron la caída.
El estado contable de la empresa explica por qué, más allá de los anuncios grandilocuentes y el festival de rumores, sólo una firma hizo una oferta concreta cuando el 31 de octubre se hizo público quiénes eran los interesados en adquirir el paquete accionario estatal.
ARC Energy fue la única interesada de verdad. La firma estadounidense lo hizo saber a mitad de este año, cuando compró el derecho para conocer en detalle las finanzas y el potencial de la empresa, y lo confirmó hace unos días cuando se convirtió en el oferente solitario; algo llamativo para una compañía que supo desarrollar todo tipo de proyectos energéticos en los cinco continentes.
La principal condición que se le exigirá a ARC Energy es la capitalización de la empresa por 25 millones de dólares. Con eso le alcanzará para quedarse con el 85 por ciento de las acciones. Es tan débil y crítica la situación financiera de IMPSA, que la venta de las acciones se hace de esa manera. Ni la Nación ni la Provincia recibirán un dólar de los 20 millones que pusieron en total, repartidos proporcionalmente.
¿Quién tiene el 15 por ciento de las acciones restantes? El 9,8 quedó para un fondo de capital compuesto por los acreedores que tenía la empresa antes de ser estatizada. Y el 5,3 pertenece a un fideicomiso que controla la familia Pescarmona; casi un premio por haber llevado la compañía a la ruina.
El 15 de noviembre vence el plazo para conocer cuál es la conclusión que se hace de la oferta de ARC Energy. La idea es hacer pública la adjudicación a fin de mes y antes del 10 de diciembre firmar el contrato.
El propio balance plantea dos escenarios. El positivo sostiene que “de concretarse este proceso de venta de acciones y capitalización, el mismo subsanaría la situación descripta”. Mientras que el negativo advierte que “en caso que la referida situación no logre revertirse para el momento de la aprobación de los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio 2024 (cuyo cierre se producirá el próximo 31 de diciembre del corriente), el Directorio someterá la cuestión a sus accionistas a fin de que los mismos resuelvan, en la Asamblea Ordinaria Anual que trate dichos estados financieros, las medidas a adoptar a fin de subsanar la cuestión”.
Además de la abrupta caída de su patrimonio neto, IMPSA acumula deudas por unos 600 millones de dólares y una planta de personal de aproximadamente 700 empleados. Y desde el 2021 se escucha, como si fuese música en espera, que es cuestión de pegar un par de proyectos para revertir esos números con facilidad. El tema es que el tiempo corre y nada de eso sucede.