El Gobierno de Mendoza publicó una actualización del protocolo de consulta que implementa la Dirección de Minería a las comunidades indígenas, para solicitar aportes y garantizar su participación en procedimientos de explotación de proyectos mineros.
Se trata del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada que publicó en el Boletín Oficial este lunes la Dirección de Minería, mediante la Resolución 500. Una instancia obligatoria que consagra el Código de Procedimiento Minero de Mendoza.
El texto sufrió modificaciones a raíz de un reclamo administrativo que presentó la organización mapuche Identidad Territorial Malaweche al protocolo original que fue oficializado el año pasado con la Resolución 130/2025.
Tras ello, el Gobierno se reunió con las distintas comunidades indígenas, las cuales fueron realizando aportes en una mesa de diálogo intercultural.
El reclamo de la organización mapuche
Según la resolución, el reclamo de la organización mapuche hizo foco en aspectos vinculados al procedimiento que se implementó para la elaboración del protocolo, asi como al contenido de determinadas disposiciones incorporadas al texto aprobado.
Sostuvieron que, por ejemplo, no habilitaron una instancia previa de participación de las comunidades indígenas durante el proceso de elaboración del instrumento reglamentario.
Los cambios
Entre los principales cambios que se introdujeron se encuentra el principio de flexibilidad, que permite adaptar el procedimiento a las características territoriales, culturales y organizativas de cada comunidad indígena.
También se ampliaron los plazos previstos para las distintas etapas del proceso, con la posibilidad de establecer prórrogas fundamentadas cuando las circunstancias lo requieran.
El nuevo texto también prevé la participación de facilitadores, intérpretes, mediadores interculturales, veedores y apoyos técnicos especializados.
El protocolo ahora incorpora una regulación más precisa de las etapas de deliberación comunitaria y de la forma en que cada comunidad podrá expresar su voluntad de acuerdo con sus propios mecanismos de organización.
Finalmente, el protocolo suma nuevos principios y definiciones orientados a fortalecer la buena fe, la transparencia, la adecuación cultural del procedimiento y el seguimiento de los acuerdos.
El Ejecutivo busca con este protocolo fortalecer las garantías de participación, transparencia y adecuación cultural del procedimiento.
Durante ese proceso hubo mesas de diálogo en la Ciudad y Malargüe. Participaron del proceso representantes de comunidades indígenas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), integrantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), la Dirección de Derechos Humanos, Fiscalía de Estado y otros organismos provinciales y nacionales.