La compra directa de uniformes para policías y penitenciarios por casi 62 millones de pesos generó malestar entre los proveedores locales y dudas en la oposición política. Sin embargo, después de una denuncia, desde la Fiscalía de Estado le dieron la razón al Ministerio de Seguridad.
Empresarios mendocinos aseguran que presentaron ofertas menores a la propuesta ganadora (de la firma bonaerense Torello Hermanos), criticaron la decisión oficial y lanzaron sospechas por “sobreprecios”, ya que el Gobierno pagó un 40% más de lo presupuestado inicialmente.
De esas quejas se hicieron eco algunos legisladores del justicialismo, quienes solicitaron al fiscal Fernando Simón que investigara posibles delitos. Pero el órgano de control no encontró irregularidades.
La historia
A comienzos de junio el Ministerio de Seguridad lanzó dos convocatorias para comprar uniformes para personal policial y penitenciario. Había presupuestado poco más de $35,3 millones para las prendas de los policías y $8,7 millones para la vestimenta de los guardiacárceles.
Sin embargo, al no existir oferentes por la ropa para los penitenciarios, se decidió incluirla con la misma operación para adquirir uniformes de los efectivos de la Policía. Se trató de una compra directa que se realizó en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Los primeros interrogantes surgieron porque en el pliego inicial se incluyeron seis prendas, pero se terminaron adquiriendo solamente cuatro. En total entre la compra de uniformes y de borceguíes se invirtió casi 62 millones de pesos, un 40% más de lo estimado en el primer momento.
Seguridad eligió a la empresa Torello Hermanos y en total se compraron 9.700 pantalones de combate a $1.923 cada uno; 8.000 quepi a $191,82; y $9.700 garibaldinas a $2.912 por unidad. En monto total alcanzó los $48.443.760 para la adquisición de estos tres insumos.
Además se realizó otra compra directa por más de $13 millones para adquirir 9.700 borcegos. En este caso se adjudicó a la empresa Ombú por $1.359 por unidad.
La disputa se generó, especialmente, por los montos que se pagaron ya que existe una gran diferencia de precios entre los oferentes locales y esta firma bonaerense. Por ejemplo, en el caso de los pantalones de combate, el proveedor Rerda los ofreció a $810; Swat indumentaria propuso a $1.183; y Textil Brothers a $890.
La explicación oficial y la bronca de los proveedores
El director de Administración del Ministerio de Seguridad, Diego Lázaro, se encargó de detallar los pasos de la compra. En primer lugar explicó que la compra se puede ampliar en un 20% más y eso se hizo para añadir los uniformes de los penitenciarios.
“Tomamos de referencia el precio de mercado pero principalmente hemos apostado a la calidad”, señaló. Los funcionarios se excusaron en torno a los montos y señalaron que pretenden amortizar el gasto a través de la durabilidad de los uniformes, ya que esperan que duren al menos cuatro años.
Si bien Lázaro reconoció que es un “montón de dinero”, afirmó que la oferta de Torello es la que más se ajustó a las necesidades y condiciones del pliego. Además desde el Ministerio de Seguridad dejaron entrever la falta de seriedad de algunos proveedores locales al momento de presentar la indumentaria. En ese sentido explicaron que en algunos casos la calidad de las prendas era “malísima”.
Por ejemplo Lázaro explicó que se realizó una prueba de 15 lavados para verificar la calidad de la tela, y en el caso de las garibaldinas propuestas por una empresa mendocina, indicaron que después de realizar un solo lavado se observó un “notable desteñido de la prenda”.
Además los funcionarios explicaron que las prendas no contaban con la etiqueta con la información de composición, entre otros detalles.
Sin embargo los proveedores tienen otra visión y señalaron que en algunos casos los pantalones salían del lavarropas con tajos. “Una prenda se puede desteñir pero no salir con un tajo, eso parece hecho con un cúter”, detalló uno de los empresarios.
Los proveedores, que prefieren no darse a conocer, señalaron que teniendo en cuenta la crisis financiera local, además deberían haber priorizado precio y financiación ofrecida para adjudicar. Además están indignados porque señalan que se trata de un “sobreprecio espantoso”.
La respuesta de la Fiscalía de Estado
Una vez enterados de la situación, los legisladores del PJ trasladaron el planteo a la Fiscalía de Estado para que investigara si existió alguna irregularidad en la compra. Uno de ellos, el titular de la Bicameral de Seguridad, Mario Díaz, señaló que a raíz de las dudas que surgieron sobre los montos y por eso acudieron al organismo de control para que investigue.
Sin embargo el fiscal Simón no advirtió irregularidades en el procedimiento y en el organismo justificaron el monto final de la contratación señalando que se ampliaron las cantidades adjudicadas.