El fiscal de Estado, Fernando Simón, denunciará ante la Justicia al diputado justicialista y ex titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, por las irregularidades que se conocieron tras el fallo del Tribunal de Cuentas que lo sancionó – junto con otros ex funcionarios – por gastos sin justificar por más de tres millones de pesos en 2014 y 2015.
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Este dinero que deberá devolver el actual diputado es por la sobrefacturación de la empresa de limpieza, Masterful SRL. También se les puso un cargo a otros ex miembros del directorio, Federico Domínguez (PJ) y Miguel Bondino (UCR), entre otros.
No es la primera vez que detectan pago de sobreprecios con este prestador. De hecho anteriormente hubo otro fallo del tribunal por una situación similar en el 2013, es por eso que tanto los ex funcionarios como Masterful SRL están en la lupa del organismo de control desde hace tiempo.
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En tanto desde el IPJyC, Andres Lombardi, adelantó que iniciarán las investigaciones sumarias correspondientes y realizarán las presentaciones para que la justicia investigue. Además cuando el caso llegue a la Justicia las autoridades provinciales se constituirán como querellantes en la causa que implica a los ex funcionarios.
Además se espera que en los próximos días se de a conocer una pieza separada del Tribunal de Cuentas que complicaría aún más la situación de Bianchinelli sumando una importante cifra como cargo.
Este diario intentó comunicarse con Bianchinelli y Bondino, pero no obtuvo respuesta.
Montos sin justificar
Según el fallo del Tribunal de Cuentas, durante 2014 también se sobrefacturaron más horas de las trabajadas efectivamente por la empresa de limpieza.
“Como resultado de dicho análisis surgen significativas diferencias entre las horas que estarían acreditadas por los bonos de sueldos como prestadas por el personal señalado por la empresa afectado a la prestación del servicio, y las “horas operario” facturadas por la empresa, según el siguiente resumen extraído del detalle expuesto”, señala el Tribunal de Cuentas.
“Con los elementos reunidos por la Revisión, y dado que no se remitieron las planillas de control horario, esta considero los bonos de sueldos incluidos en los expedientes y el listado de personal que prestó el servicio, como respaldo documental que permite acreditar la cantidad de horas efectivamente prestadas por la empresa. Así, determina un monto sin justificar (diferencia entre horas acreditadas y horas facturadas) que asciende a $ 2.177.520,96”, concluyó el organismo de control”.
