La gestión del ex gobernador Francisco Pérez sigue dando que hablar. Así como intentó “acomodar” a sus allegados y amigos con pases a planta permanente que no correspondían o en fechas posteriores al 30 de junio –fecha límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal–, ahora se conoció una transferencia que se realizó al Poder Judicial que despertó la polémica en el ámbito de la Justicia y el malestar de los empleados.
Mientras la mayoría se inscribe y espera año a año para rendir el ingreso y superar cada una de las instancias de prueba, hay algunos que pueden obviar esos pasos y asegurarse un puesto en la Justicia.
A fines del año pasado, Pérez había enviado una recomendación al titular de la Suprema Corte, Pedro Llorente, sugiriendo la incorporación de cinco funcionarios de su gestión al Poder Judicial, entre ellos, el ex subsecretario de Trabajo Mauricio Guzmán. Sin embargo, el pedido no prosperó.
Entre los argumentos que sostiene la acordada para la transferencia de Fernández está el que dice que se necesita contar con sus servicios en razón “de su profesión y trayectoria laboral”.
La que sí tuvo suerte fue la contadora Natalia Carolina Fernández, quien se desempeñó hasta noviembre del 2015 como secretaria privada del ex ministro de Hacienda Juan Gantus, y en su declaración jurada –presentada ante la Fiscalía de Estado– figura con el cargo de coordinadora Ejecutiva de la Oficina Técnica.
Lo cierto es que esta joven logró salvarse (como señalan algunos) y, sin rendir concurso ni ingreso, se aseguró un puesto en el Poder Judicial.
Días antes de finalizar la gestión –el 3 de diciembre del año pasado– a través del decreto Nº2.487, la gestión de Pérez efectuó el traspaso definitivo de Fernández al Poder Judicial en respuesta al pedido de la Suprema Corte.
Luego, a través de la acordada Nº27.108 –firmada por Julio Gómez y Mario Adaro–, la Suprema Corte solicitó la transferencia de la partida presupuestaria y cargo de la asesora de Hacienda. Esta transferencia se motivó en el pedido formulado por la administradora general de la Suprema Corte, Mónica González.
De hecho, en ese mismo decreto se solicita el traspaso de la hija de González, María José Rauek, aunque este pedido no prosperó y no se realizó la transferencia. Algunos señalan que la administradora general de la Corte no quería verse inmersa en un escándalo. De todas formas, en febrero del 2014, a través del decreto Nº355, Rauek fue adscripta al Poder Judicial en la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial.
Controversial transferencia
Entre los argumentos que sostiene la acordada para la transferencia de Fernández está el que señala que se necesita contar con sus servicios en razón “de su profesión y trayectoria laboral”. De hecho, el Poder Judicial justificó la transferencia y explicó que la mujer tiene cuatro capacitaciones en finanzas públicas y un magíster. Además, señalaron que hay casos de contadores que han ido al Poder Ejecutivo, como Silvina Cataldo, que fue pedida desde el ministerio que conduce Enrique Vaquié.
El malestar surgió, por un lado, porque la contadora “entró por la ventana”, sin concurso ni examen de ingreso y, porque, además, se la designó en clase 5, con categoría de “funcionaria y personal jerárquico” como secretaria de primera instancia con el adicional por título.
En su último bono de sueldo como asesora en Hacienda figura en la clase 71, con un sueldo de 37.000 pesos (25.000 pesos de bolsillo), y, al transferirse a la Justicia, el nuevo salario rondará esas cifras, aunque podría ser un poco mayor, ya que, al ser funcionaria, está exenta de pagar el Impuesto a las Ganancias.
El gremio de judiciales, llamativamente, miró para el costado sobre esta situación y su titular, Carlos Ordóñez, prefirió no emitir su opinión sobre la polémica transferencia, argumentando que no tenía información sobre el asunto. Esta postura no es casual, teniendo en cuenta que quedan poco días para que comiencen las paritarias.
Esta transferencia causó el enojo de varios empleados del Poder Judicial profesionales, entre ellos, contadores que reclaman el traspaso a la clase 9 acordada en paritarias. Por eso, hoy realizarán una retención de servicios de 8 a 13 para que se cumpla lo negociado. Además del malestar por el incumplimiento del acuerdo paritario, la llegada de Fernández con clase 5 los enfureció aún más.
En este caso, la explicación de fuentes del Poder Judicial es que la Legislatura todavía no homologó ese convenio que se firmó el año pasado y por eso no se han realizado los cambios de categorías.
Los bienes. En su declaración jurada, Fernández –quien no contestó los mensajes de El Sol– declaró una Ford EcoSport de 180.000 pesos, además de una caja de ahorro y un plazo fijo en el Banco Nación. También declaró percibir un sueldo de 15.000 pesos del estudio contable Fernández. En su patrimonio no figura el sueldo como funcionaria de Hacienda.