El decreto Nº 1.789/15 que dejó el ex gobernador Francisco Pérez –mediante el que obligó a los funcionarios a presentar declaraciones juradas– dio que hablar en el oficialismo, la oposición y los montos irrisorios que presentaron generaron un escándalo que llegó a nivel nacional.
A pesar de las críticas oficiales al decreto, el fiscal de Estado, Fernando Simón, puso en valor la iniciativa de Pérez. “Dio el primer empujón concreto a las declaraciones juradas y puso el tema en agenda”, sostuvo.
“Dio el primer empujón concreto a las declaraciones juradas y puso el tema en agenda”.
Sin embargo, Simón se mostró a favor de la sanción de una ley que regule otras cuestiones como el acceso a la información pública. El fiscal de Estado adhiere a que la norma incluya al resto de los poderes que en el decreto solamente estaban invitados a adherir. De hecho en ese momento el Poder Judicial no adhirió y sus funcionarios no presentaron declaraciones juradas. “Lo importante es lograr un buen consenso”, remarcó Simón.
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“La ley es una herramienta fundamental. Todos los funcionarios tienen que tener un tratamiento similar. Debería existir un solo régimen uniforme”, remarcó Simón, y además destacó la actitud del Poder Judicial de mostrarse a favor de la presentación de las declaraciones juradas.
Por otra parte, la Fiscalía de Estado fue la que, como organismo de control, se encargó en este tiempo de cargar alrededor de 2.200 declaraciones juradas en su sitio web, lo que permitió que el patrimonio de los funcionarios se hiciera público dando un paso hacia la transparencia.
Sin embargo, la vicegobernadora Laura Montero no consultó a Simón para delinear los detalles del proyecto de ética pública que impulsa, situación que no habría caído del todo bien el organismo de control, teniendo en cuenta que fue la Fiscalía de Estado la que transformó en un hecho la publicación de las declaraciones juradas.
Además hay otra cuestión que genera ruido en el organismo de control: la intención de Montero de crear un organismo conformado por los tres poderes para controlar a los funcionarios. Este lunes, cuando se presentó la iniciativa, dio a entender que la Fiscalía de Estado no podía cumplir por sí sola con la tarea. “La Fiscalía de Estado estaba sobrecargada, tampoco estaba preparada para esta recepción”, dijo.
La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo explicó que la ley nacional contempla la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública conformada por los tres poderes y en la provincia podría crearse un organismo similar.
Con la iniciativa oficialista se le quitaría la facultad exclusiva que tuvo hasta este momento el organismo que conduce el fiscal de Estado –de clara extracción peronista–. Algunos sostienen que el oficialismo busca “confrontar” con la Fiscalía de Estado tras el escándalo que se generó con la publicación de las declaraciones juradas.
Lejos de la confrontación, Simón remarcó la necesidad de sancionar una ley ya que signifique un “paso adelante” en lo que hace a la transparencia. Sin embargo, fuentes del organismo aseguraron que “no es necesario un organismo intrapoder de control” porque esto generaría mayor burocracia y haría que sea todo más lento y complejo.
Desde la oposición, algunos consideran que la creación de un órgano intrapoder no sería muy provechoso ya que sería como “empezar de cero” cuando la Fiscalía puede hacerse cargo de este tema y de hecho quedó demostrado que puede realizar sin problemas las publicaciones en su sitio web.
“No hace falta inventar nada”, dicen algunos. Además, la contratación de personal implicaría un gasto más para el Estado contradiciendo el discurso de “austeridad” que pregona Cornejo desde el inicio de su gestión.
La radical rebelde
En cuanto a la diputada radical Julia Ortega, quien no quiso hacer públicos sus datos, el fiscal de Estado prefirió no hacer declaraciones sobre el tema y aseguró que hablará a través de sus dictámenes. La legisladora no quiere que se dé a conocer el contenido de su patrimonio porque teme ser víctima de la inseguridad.
De todos modos, en la resolución Nº 36 de la Fiscalía de Estado, queda claro que se reserva al público en general los datos como el domicilio, dominio o individualización de los bienes registrables, monto de los depósitos en bancos, monto del dinero en efectivo y el monto de los ingresos del cónyuge o convivientes.