El festival de nombramientos y pases a planta parece ser un tema de nunca acabar en el gobierno de Francisco Pérez. En agosto, ElSol.com.ar relevó las maniobras que se vienen realizando para incorporar personal al Estado de forma “irregular”, incluso se conoció el nombre de los “ingenieros” de esos manejos, quienes hacen la vista gorda ante cada nombramiento o ascenso dudoso.

Se trata del director general de Administración del Ministerio de Hacienda, José Alberto Gómez, y la subdirectora de Contabilidad de la provincia, María Mercedes Derrache, quienes fueron señalados por los propios empleados de ser quienes dan curso a los expedientes saltando los pasos que corresponden. Y ahora un nuevo caso de acomodo e irregularidad salió a la luz; en este caso la beneficiaria es la secretaria de Gómez, Ana Sabrina Gutiérrez.

A través del decreto 1.051 publicado en el Boletín Oficial, se la incorpora a la nómina de personal que percibe el adicional por responsabilidad profesional cuando aún no ha presentado el título. De hecho en el Artículo 16 de ese decreto se reconoce la falta y se aclara que la mujer deberá presentar el certificado de estudios en un plazo no mayor a ocho meses. El problema es que sin haber presentado su analítico definitivo está cobrando como si fuera licenciada.

 

A la empleada de la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, quien tenía una clase 03, se le creó una clase 11 (jefa de departamento) porque se habría recibido de administradora de empresas, aunque aún no presentó su título. Únicamente presentó un certificado de sección alumnos, lo que resulta insuficiente para ajustar la clase y percibir el adicional. Gutiérrez es colaboradora de Gómez y es una de las involucradas en dar curso a los decretos “irregulares” de designación de funcionarios y “amigos del poder”.

De esta manera, con el decreto 1.051 se está violando el artículo 55 de la Ley 5.126 y el artículo 54 de la misma norma que establecen:

Artículo 54: “… no podrá bonificarse más de un titulo por empleo, reconociendose en todos los casos aquel al que corresponde un adicional mayor. Sera abonado desde el mes de presentación del título o certificado que lo supla.

“Articulo 55.- el adicional por responsabilidad profesional se abonara al personal profesional universitario, cualquiera sea su situación escalafonaria de Revista, de acuerdo con el siguiente detalle: A) profesionales con título universitario o de estudios superiores que demanden tres o más años de estudios de tercer nivel: sesenta y nueve con noventa y uno por ciento (69,91%) sobre la asignación de la clase correspondiente de la asignación de la clase correspondiente a su situación de revista”.

También con su designación se está violando el artículo 51 la Ley de Presupuesto 8.701, que indica que hay que suprimir un cargo para cubrir el costo del ajuste. En este caso se suprimió una clase 11 pero que no cubría el costo de la 11 que obtuvo la secretaria de Gómez.

 

Desde el radicalismo, que desde hace tiempo investigan estos casos y que de hecho ha presentado denuncias ante el fiscal especial, Santiago Garay, indicaron que también llevarán este caso a la Fiscalía de Delitos Complejos.

Hay que tener en cuenta que los nombramientos, ascensos y pases a planta “irregulares” se vienen dando en el momento financiero más crítico de la Provincia. Incluso el mes que pasó hubo una demora en el pago de sueldos de los estatales porque a Pérez no le alcanzó el dinero y tuvo que insistir en el Ministerio de Economía de la Nación para recibir asistencia. Sin embargo muchos aseguran que la refinanciación de la deuda que consiguió con el Banco Nación no será suficiente y seguirá faltando el dinero para sueldos.

Entrando por la ventana

Además a UCR tiene otros dos casos en la mira. Por un lado el de Azucena Gutiérrez Pelaytay, quien sería la tía de Gutiérrez. Según trascendió esta mujer no tenía ningún cargo en el Estado y entró directamente en planta permanente. Fue designada como subdirectora en la UFI con una clase 12. Se espera que esta designación sea publicada en los próximos días en el Boletín Oficial a través del decreto 1.147.

También la designación de Marcos Quiroga está en la mira porque lo ubicaron también en la UFI en un cargo que está retenido, lo que resulta ilegal. Si bien se puede utilizar el crédito presupuestario, el cargo no puede ser ocupado.