El peronismo volvió a participar de las sesiones de acuerdo en el Senado este martes, tras un acuerdo con el oficialismo, en el que este se comprometió a crear un ámbito de discusión de reformas judiciales.

La nueva conformación de la Legislatura parece haber motivado a los bloques a querer mostrar un recinto más dialoguista. Es por eso que el radicalismo convocó a los peronistas para “restablecer la institucionalidad” en la Cámara de Senadores.

El Frente de Todos (FdT) había decidido no estar presente durante las sesiones de acuerdo para elegir jueces y fiscales como medida en contra del “poderío absoluto” del Gobierno “en las cámaras y en la Justicia”. De esta manera, ambas partes acordaron “reestablecer las vías institucionales”.

Esta disputa se profundizó en febrero pasado luego de aprobarse el pliego de Juliana María Labayru Day, fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, sobrina de la jueza de la Corte, Teresa Day. En ese entonces, el FdT acusó al Gobierno de “cooptar” el Poder Judicial y de “querer manejar la Justicia de una manera directa”.

El peronismo se quejó de que durante la gestión del radicalismo se aprobaron los pliegos de 113 magistrados, 19 de ellos en el gobierno de Rodolfo Suarez, y los otros, durante la gestión de Alfredo Cornejo.

Este martes, el Senado aprobó los pliegos presentados por el Ejecutivo de Pablo Darío Bittar, para el cargo de juez del Tribunal de Gestión Asociada Número Uno, y de Gustavo Boullaude, quien será juez del Tribunal de Gestión Judicial Asociada Número Tres de la Primera Circunscripción. Este último fue designado en abril como representante de las acciones del Estado en Impsa y ahora saltará desde el Ejecutivo -donde era director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía- al Judicial.

El oficialismo, por su parte, se comprometió a crear un ámbito de diálogo para debatir las reformas judiciales que pretende realizar el gobernador Rodolfo Suarez.

Tanto el presidente del bloque radical, Martín Kerchner, como Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia, “asumieron el compromiso para empezar a discutir la Justicia que queremos y que los proyectos no lleguen de un día para el otro y no tengamos que simplemente acompañar u oponernos, si no debatirlos“, indicó el jefe de bloque del FdT-PJ, Lucas Ilardo.

“Es una instancia de diálogo y la palabra empeñada de ambas partes generar ámbito político para discutir. Si el Gobierno no lo cumple, volveremos a adoptar la misma medida“, aseguró el senador kirchnerista. Esto implica volver a ausentarse de las sesiones de acuerdo.

Con la anterior composición legislativa, el oficialismo aprobó la creación de la Oficina de Conciliación Civil, con la que el Ejecutivo busca disminuir la cantidad de causas y agilizar los conflictos, y la ampliación de los Juicios por Jurados a otros delitos, ya que sólo estaba vigente para casos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, y ahora se aplicarán en los referidos al abuso sexual seguido de muerte, homicidio y homicidio agravado por uso de arma de fuego.

El espíritu reformista judicial del Ejecutivo también contemplaría la modificación de la Ley 4.969 de composición de la Suprema Corte para cambiar el funcionamiento interno del cuerpo. El objetivo es que la adjudicación de los casos se realice por sorteo.

A esto se le suma un proyecto de ley que organice las reformas al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal impulsadas por el ex gobernador Alfredo Cornejo y que se fueron realizando en distintos momentos.