A pocos días de la aprobación definitiva en el Congreso del nuevo Régimen Penal Juvenil -sancionado el pasado 27 de febrero-, la población mendocina parece acompañar la medida. Según una encuesta realizada por la consultora Demokratia, el 64,73% de los habitantes del Gran Mendoza se manifestó a favor de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
El estudio, realizado entre el 2 y el 6 de marzo de 2026, consistió en 715 entrevistas presenciales a personas mayores de 16 años en los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. La muestra fue diseñada respetando las características poblacionales de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y el último censo nacional.
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A pesar del amplio consenso, los analistas de Demokratia resaltaron una particularidad local. “Si bien el apoyo es contundente, los valores en Mendoza se ubican ligeramente por debajo de lo que muestran los relevamientos a escala nacional, sugiriendo quizás un matiz de prudencia o una mirada propia frente al fenómeno”, explicaron desde la consultora.
Un dato llamativo de la encuesta es el nivel de conocimiento sobre la nueva ley. El 85,25% de los encuestados aseguró estar “algo informado”, mientras que apenas el 0,74% se autopercibió como “muy informado”. En el otro extremo, el 13,27% dijo estar “poco informado” y un 0,74% restante admitió estar apenas al tanto de la normativa.
Los números del apoyo y el rechazo
El desglose de los resultados muestra una polarización marcada por un alto nivel de indecisión. El 64,73% está a favor de la baja. El 10,29% está en contra y el 24,98% no contestó.
La brecha de género también es un factor relevante en la medición. El apoyo es significativamente más alto entre los hombres, con un 67,92% a favor de la baja de imputabilidad, mientras que en las mujeres la adhesión a la normativa alcanza el 61,05%.
Como contó El Sol, en Mendoza, el núcleo principal de adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil se concentra en la franja etaria de 17 y 18 años, lo que refuerza el diagnóstico de que la mayor carga del delito juvenil recae en jóvenes cercanos a la mayoría de edad y no en los tramos más bajos. De ese total, el 90% son varones y el 10% corresponde a mujeres, cifras similares a las registradas estadísticamente a nivel nacional.
En paralelo, el registro de adolescentes inimputables, es decir, menores de 16 años, muestra una evolución más acotada. Desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2025 se contabilizaron 322 adolescentes en situación de conflicto con la ley penal: 62 de 13 años; 102 de 14 años y 158 de 15 años.
El informe completo
Qué establece la ley
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procesos judiciales adecuados a la edad. Establece la presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe que menores de 18 años compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
Introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando la resocialización. Garantiza que los adolescentes cuenten con defensa y garantías judiciales desde el inicio del proceso y que las causas se tramiten en órganos especializados.
El texto también otorga un rol central a las víctimas, con asistencia jurídica y psicológica inmediata, posibilidad de intervenir en audiencias y participación en instancias restaurativas.
En cuanto a las sanciones, prevé un esquema progresivo que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. La privación de libertad quedará reservada para delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de adultos.
Además, incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción, establece condiciones precisas para la libertad condicional y contempla abordajes específicos para casos vinculados a salud mental y consumo problemático.
En el caso de menores inimputables, se dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras bajo la órbita de la justicia civil, y se fija la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.