El Gobierno busca fortalecer la presencia policial en uno de los puntos de mayor circulación de personas de la provincia. A través de un decreto firmado por el Gobernador, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial, la gestión provincial aprobó la instalación de nuevas dependencias del Ministerio de Seguridad y Justicia dentro de la Terminal de Ómnibus de Mendoza (ETOM).
La medida se formaliza mediante un contrato de comodato gratuito entre la cartera que dirige la ministra María Mercedes Rus y la empresa E.T.M. S.A., concesionaria de la terminal. Este acuerdo permite al Estado provincial utilizar un inmueble ubicado en el ala este del edificio con un fin netamente operativo.
Claves del nuevo centro operativo en la Terminal
El convenio establece condiciones específicas para garantizar la continuidad del servicio de seguridad en la zona:
- Vigencia: el contrato tiene una duración de 36 meses, iniciando su vigencia el 4 de agosto de 2025 y extendiéndose hasta agosto de 2028.
- Uso del espacio: el Ministerio de Seguridad y Justicia destinará los locales para el funcionamiento de oficinas, centros de atención al ciudadano y archivo, entre otras funciones administrativas y operativas.
- Costo cero para la provincia: al tratarse de un comodato gratuito, el Estado no deberá abonar canon locativo por el uso del espacio, aunque sí será responsable de la conservación y mantenimiento del mismo, según establece la Ley de Administración Financiera.
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Estrategia de seguridad y proximidad
La instalación de estas oficinas no es un hecho aislado. La ETOM es la principal puerta de entrada y salida de turistas y mendocinos, lo que la convierte en un área de alta sensibilidad para la prevención del delito. Con este nuevo espacio, la cartera de Seguridad busca agilizar los tiempos de respuesta y ofrecer un punto de referencia directo para quienes transitan por la estación.
El decreto ratifica lo actuado por la ministra Rus y el apoderado de la empresa, Gastón Eduardo Labari, contando con el visto bueno de la Asesoría Letrada y la Dirección General de Bienes Registrables del Estado.