El Gobierno confirmó en el Boletín Oficial tres resoluciones vinculadas a integrantes y exintegrantes de la Policía provincial y rechazó distintos recursos administrativos con los que intentaban frenar investigaciones internas o revertir sanciones disciplinarias.
A través de decretos firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el Ejecutivo respaldó las decisiones adoptadas por la Inspección General de Seguridad (IGS), ratificó actuaciones administrativas y dejó firme el criterio de los organismos de control en expedientes que involucran presuntas faltas graves, abandono de servicio y una baja obligatoria.
Rechazan el apartamiento de una instructora en una causa manejo de armas
Uno de los expedientes corresponde a un subcomisario retirado que intentó apartar a la instructora sumariante encargada de investigarlo por una presunta falta grave ocurrida en la delegación Valle de Uco del Instituto Universitario de Seguridad Pública.
La causa se originó tras una investigación de la Inspección General de Seguridad que atribuye al exjefe policial haber omitido controles vinculados a la manipulación de armas de fuego dentro de la institución, una situación que, según la acusación, generó riesgos para alumnos y personal.
Como estrategia defensiva, el investigado argumentó que la instructora había trabajado años atrás en esa misma sede y que esa circunstancia comprometía su imparcialidad. También solicitó que declarara como testigo para aportar información sobre el funcionamiento interno del establecimiento.
Sin embargo, tanto la IGS como la Asesoría de Gobierno concluyeron que la funcionaria dejó de prestar servicios en esa dependencia varios años antes de los hechos investigados y que no existe causal alguna que justifique su apartamiento. Con la decisión del Ejecutivo, el sumario continuará bajo la conducción de la misma instructora hasta determinar las responsabilidades correspondientes.
Ratificaron la situación pasiva de un policía por abandono de servicio
Otro de los decretos rechazó el planteo de un efectivo policial que pretendía regresar al servicio activo luego de permanecer durante años en situación de revista pasiva.
La investigación administrativa sostiene que el agente dejó de concurrir a su lugar de trabajo en junio de 2010 y nunca justificó formalmente sus ausencias, lo que dio origen a un sumario por presunto abandono voluntario y malicioso del servicio de seguridad pública.
Frente al pedido de reincorporación, la Inspección General de Seguridad recordó que la normativa vigente obliga a mantener en situación pasiva a los policías sometidos a este tipo de investigaciones hasta que exista una resolución definitiva. Con ese criterio, el Gobierno confirmó la medida y rechazó el recurso presentado por el uniformado.
Dejaron firme una baja obligatoria de hace casi una década
El tercer caso involucra a una ex integrante de la fuerza que intentó reabrir administrativamente una sanción de baja obligatoria aplicada en 2017.
La ex agente promovió un planteo de nulidad contra un decreto emitido en 2019 que ya había rechazado una denuncia de ilegitimidad vinculada con su desvinculación. Sin embargo, tanto la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad como la Asesoría de Gobierno concluyeron que el asunto había sido resuelto de manera definitiva y que no existían irregularidades que justificaran revisar nuevamente el caso.
Los organismos técnicos también remarcaron que la presentación fue realizada varios años después de que las resoluciones quedaran firmes y debidamente notificadas, por lo que resultaba extemporánea. Con ese fundamento, el Ejecutivo provincial desestimó el planteo y ratificó la validez de la baja obligatoria, dando por agotada la vía administrativa.