El gobierno de Celso Jaque deberá responder hoy ante la Legislatura qué hizo durante los primeros 90 días en materia de seguridad. Sin los 40 millones de pesos que había prometido el justicialista en campaña, el Ejecutivo deberá pasar la primera lección tras la aprobación de la Ley de Emergencia. Es así que a tres meses de haberse sancionado la norma, se espera que el Ejecutivo explique hoy en qué se invirtieron los fondos, pero también los legisladores preguntarán sobre los índices delictivos sobre los cuales sigue danzando la confusión.

    La imposibilidad de mostrar números sigue girando en la misma esfera: las cifras de la Justicia son diferentes a las del Ministerio de Seguridad. Para el diputado Daniel Cassia (PJ), el primer bimestre del 2008 mostró un alza de 2,5 por ciento en relación al 2007. Según sus dichos, el primer bimestre del 2007, en comparación con el 2005, sufrió un alza de 9 por ciento. Sin embargo Cassia admitió que los números siguen siendo diferentes a los que se muestran desde la Justicia porque no hay un sistema unificado para tipificarlos ni tampoco un registro informático común. Los legisladores consultados no pudieron confirmar si el informe se conocerá finalmente hoy.

   Es que el gobernador confirmó el sábado que estaba terminado, pero desde el Ministerio de Seguridad no dieron respuesta. Para el diputado Luis Petri (Concertación Ciudadana) los 90 días comenzarían a regir a partir de la publicación de la norma que se dilató hasta fines de febrero, mientras que otros legisladores piensan que debería ser a partir de la sanción, a principios de enero.

APROBADO. La declaración de Emergencia en Seguridad, impulsada por el gobernador Jaque para cumplir con su promesa de bajar 30 por ciento del delito en seis meses, permitió reasignar partidas, contratar personal sin rendir cuentas y adquirir equipamiento sin llamar a licitación pública. El proyecto también abarca otros aspectos como la creación de siete nuevos juzgados de Familia, el estudio integrado del sistema de niñez y adolescencia y la articulación de instituciones municipales y sociales para lograr una visión generalizada e interdisciplinaria acerca de la inseguridad.

    Además, estableció un fondo de cincuenta millones de pesos para repartir entre los municipios, quienes deberían usarlos exclusivamente para combatir las causas de la inseguridad. Una suma que ahora el gobernador les permitió destinar a incrementos salariales si es que no pueden afrontarlos con presupuesto propio, tal como vienen advirtiendo las comunas.