En modo bombero, Alfredo Cornejo trató de apaciguar el “incendio” que tiene en el área que más reclamos de los mendocinos tiene sobre sus espaldas y las de Mercedes Rus, seguridad.
El principal anuncio fue la creación de una cárcel específica para delincuentes de poca monta, aquellos que se dedican al robo de pequeñas cosas. Prometió que la obra será “más módica“, a pesar de las unidades carcelarias que ya existen en la provincia, entre Boulogne Sur Mer, San Felipe y Almafuerte.
Los llamados robos menores son, paradójicamente, los que provocan dolores de cabeza bien grandes a los ciudadanos. El robo de cubiertas, el de una bicicleta o un teléfono hoy son los más ejemplares. Se trata de un “chiquillaje” en materia penal, pero para una víctima puede ser todo un mundo, sin pensar siquiera el esfuerzo que ha conllevado tener esos bienes.
Y en algunos casos, como ocurre cada vez que un delincuente se lleva un medidor de agua o gas, se pierde mucho aunque sea difícil de mensurar: el agua se escurre y Aysam tarda días en reponer el dispositivo.
Esto implica un endurecimiento hacia los rateros, y para ello necesitará una nueva ley de ejecución de penas; porque por este tipo de delitos los delincuentes no van a la cárcel salvo que se aplique el concepto de reiterancia. Cornejo quiere ir a fondo con eso porque sabe que servirá para mantenerlos detrás de las rejas. Y justificará así el nuevo edificio penitenciario.
El gobernador trató de demostrar en el discurso que la política del Ministerio continuará en la línea de modernizar tecnológicamente a la Policía y que las patrullas sean una suerte de comisarías “móviles”.
Sin embargo, es consciente de que ese esfuerzo presupuestario que tendrá la Provincia no servirá si, en realidad, la policía no recupera la calle.
“Hemos sacado la policía a patrullar. No queremos efectivos detrás de un escritorio
ni custodiando chatarra”, sostuvo.
Hacía referencia, entre otras cosas, que los uniformados ya no tendrán como refugio la custodia de las chacaritas oficiales que cada tanto se incendian de manera misteriosa.
Disipar culpas o compartir responsabilidades
El mensaje tuvo más de una dirección, no sólo hacia los mendocinos que son víctimas de la inseguridad y exponen los robos que sufren con las grabaciones de sus cámaras de seguridad.
Con la fuerza, Cornejo todavía trata de volver a sintonizar luego de que sus palabras el año pasado cayeran mal en torno a los reclamos salariales -les dijo que si no estaban dispuestos a trabajar, que se fueran a su casa-. Defendió la última ingeniería salarial que hizo subiendo ítems policiales muy específicos. En algún punto, esas mejoras impactaron positivamente, pero el ánimo de la familia policial, sujeta a sus propias complejidades sociales, suele ser una montaña rusa.
El otro destinatario del mensaje fue la Justicia. En los últimas semanas, los cortocircuitos han sido varios.
La ministra Rus cargó contra la poca agilidad de los fiscales. A la vez, el Gobierno cargó contra el juez Sebastián Sarmiento porque suspendió la medida que quita los teléfonos a los presos. El procurador Alejandro Gullé se defendió de las críticas y detalló que los fiscales tienen entre 8 y 9 audiencias por día. Pero un ministro de la Suprema Corte salió a desmentirlo: José Valerio le dijo que no dan los números.
Como se ve, el panorama muestra que las relaciones están en tensión, mientras los vecinos apuran. Pero Cornejo quiso tomar distancia y aseguró que su gestión “va por los delincuentes”.
Y ahí compartió responsabilidades directamente con el Poder Judicial, a pesar de que ha vertido numerosas reformas en los últimos años: “No queremos trabajos policiales perdidos, por eso apelamos a que la Justicia Penal esté en línea con las expectativas ciudadanas de seguridad y justicia”, advirtió.