El proceso de juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento tuvo un desenlace sorpresivo este martes que alteró por completo el cronograma previsto. Lo que se perfilaba como un debate de cuatro jornadas intensas para definir su destitución terminó resolviéndose en cuestión de horas mediante una salida alternativa que le permite al magistrado conservar su cargo, aunque con una suspensión.

Sarmiento aceptó su culpabilidad en los hechos que se le imputaban y alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, reconociendo el mal desempeño en sus funciones a cambio de una sanción disciplinaria menor a la remoción. El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, dio el visto bueno.

El magistrado se encontraba suspendido desde el pasado 11 de diciembre, percibiendo apenas el 50% de sus haberes mientras se sustanciaba la causa. Sin embargo, apenas horas antes de que comenzara formalmente el proceso oral, elevó una propuesta de suspensión de seis meses que fue aceptada por Gullé, quien comunicó la novedad ante los integrantes del Jury.

Tras un cuarto intermedio para analizar los términos, se dictó sentencia y se estableció una suspensión de seis meses sin goce de haberes (teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido desde el 11 de diciembre), lo que implica que Sarmiento podrá retomar su actividad en los tribunales mendocinos el 9 de junio de 2026. El fallo dispuso, además, que Sarmiento deberá reintegrar los salarios percibidos desde diciembre del año pasado, cuando había sido suspendido de manera preventiva y comenzó a cobrar el 50% de su sueldo.

El expediente contra el juez reunía cinco hechos de suma gravedad que habían generado una fuerte presión política. El caso de mayor impacto fue impulsado por el diputado provincial Franco Ambrosini, representante de la familia del comisario retirado Héctor Pelayes, quien fue asesinado por un delincuente que se encontraba en libertad anticipada por una decisión de Sarmiento.

Este fallo colocó al juez en el centro de las críticas del gobernador Alfredo Cornejo, quien lo señaló reiteradamente por sus criterios considerados garantistas.

Además de la tragedia de Pelayes, la acusación incluía el homicidio de Héctor Quiroga en 2017 a manos de un condenado en libertad condicional y la polémica liberación de Fabián Olguín, quien luego fue acusado de abusos contra una menor en San Rafael, sumado a cuestionamientos por su oposición al retiro de celulares en las cárceles.

Los 21 votos -por unanimidad- que evitaron la destitución y confirmaron la suspensión de 180 días correspondieron a los ministros de la Suprema Corte Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Teresa Day, Norma Llatser y Mario Adaro. Por el lado del Poder Legislativo, acompañaron los senadores Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Mauricio Sat, Helio Perviú, Ariel Pringles y Alejandro Diumenjo, junto a los diputados Germán Gómez, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Mauricio Torres, Jorge López y Érica Pulido.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el 27 de abril en el Salón de Acuerdos.

Un dirigente radical ligado al ámbito judicial deslizó aEl Sol que fue “una solución a la altura de las circunstancias”. “Sarmiento se declaró responsable y era un ensañamiento no aceptarle”, dijo.

Sarmiento logró sortear la máxima sanción prevista para un magistrado en Mendoza. Aunque la suspensión representa un duro revés, ahora solamente deberá esperar que transcurran el tiempo de sanción para volver a ocupar su despacho en el Juzgado Penal Colegiado Nº 1.