El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza firmaron este martes el contrato de transferencia de las acciones estatales de Impsa con el consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es ARC Energy.
Así, la emblemática empresa fundada por la familia Pescarmona vuelve a manos privadas. Hay que recordar que en 2021, en medio de graves problemas económicos y financieros que la dejaron al borde de la quiebra, la Nación y Mendoza salieron al rescate de Impsa, capitalizándola con 20 millones de dólares.
El cronograma de desembolsos
La sociedad compradora estableció un cronograma de desembolsos financieros destinados a la capitalización y fortalecimiento de la compañía.
En total, son 27 millones de dólares que llegarán a Impsa en distintas etapas, conforme a los siguientes montos y plazos:
- 6.750.000 dólares al momento de la firma del contrato, como aporte a cuenta del aumento de capital que resolverá la Asamblea.
- 5.000.000 dólares dentro de los primeros tres meses siguientes a la fecha de cierre.
- 3.000.000 dólares dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre.
- 5.000.000 dólares a desembolsarse durante 2025.
- 2.250.000 dólares dentro del primer trimestre de 2026.
- 5.000.000 dólares dentro del primer semestre de 2026.
Este esquema de desembolsos forma parte del compromiso asumido por la nueva administración para garantizar la sostenibilidad financiera de Impsa.
La venta de Impsa
El traspaso de acciones estatales de Impsa al consorcio IAF se hizo oficial en un acto en el que participaron el gobernador Alfredo Cornejo (vía Zoom, ya que se encuentra de gira por Europa); la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, Esteban Marzorati; el titular de la Agencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaer; y Juan Pazo, titular de ARCA, iniciador y principal impulsor de este proceso.

De esta forma, una de las empresas relevantes de la Argentina vuelve a ser operada por privados: fue creada en 1907 por Enrique Epaminondas Pescarmona, y comenzó con la fabricación de piezas de repuestos de material de fundición de hierro, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación.
Luego la empresa se dedicó a la construcción de grúas portuarias y centrales hidroeléctricas bajo la modalidad “llave en mano”, pero en octubre de 2020 solicitó asistencia del Estado, informando que la situación de la compañía era crítica.
Antecedentes
En 2021, el Estado nacional y la provincia de Mendoza anunciaron la compra de acciones de Impsa mediante una capitalización de 20 millones de dólares.
De esta forma el capital de Impsa se integraba hasta hoy con tres tipos de acciones:
- Clase A, en manos de la familia Pescarmona, con un 5,3%
- Clase B, en manos de los acreedores, con un 9,8%, a través de sendos fideicomisos de garantía
- Clase C, que pertenecen al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.
Los detalles del traspaso
En octubre de 2024, el Gobierno nacional convocó una licitación pública internacional para desprenderse de la totalidad de las acciones clase “C” de la empresa. La convocatoria permitió la participación de accionistas actuales y nuevos oferentes que cumplieran con los requisitos establecidos.
Tras el proceso de licitación, el Gobierno decidió preadjudicar el 85% de las acciones estatales a IAF, el consorcio liderado por la empresa estadounidense ARC Energy.
Este grupo presentó una oferta de capitalización por 27 millones de dólares y solicitó plazo hasta el 31 de enero para refinanciar la deuda de la compañía de 576 millones de dólares. Luego pidió extender el plazo hasta el 10 de febrero.
ARC Energy es una empresa especializada en la provisión de equipos de procesamiento para la industria del petróleo y el gas. Su presidente, Jason Arceneaux, mantuvo recientemente una reunión con Cornejo, tras conocerse la preadjudicación.
Cómo sigue el proceso
Como parte del acuerdo, se establecen una serie de pasos administrativos y corporativos, incluyendo la entrega de la nota prevista en el artículo 215 de la Ley de Sociedades Comerciales, la renuncia de los directores y síndicos designados por el Estado, y la cancelación y emisión de nuevos títulos accionarios a favor de la compradora.
Además, se convocará una Asamblea General de Accionistas para aprobar el aumento de capital comprometido de 27 millones de dólares.
Asimismo, se celebrará una Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “C” para designar nuevos directores y síndicos, aprobar la gestión hasta la fecha de los funcionarios renunciantes y formalizar el aporte irrevocable a cuenta de futura emisión.
El directorio designado convocará dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato a una Asamblea General para ratificar la gestión de los directivos salientes y aprobar el aumento de capital.
