Hebe Casado se fue del PRO con fuertes críticas a la conducción de Gabriel Pradines.

El PRO de Mendoza cerró una de sus semanas más agitadas desde que empezó el calendario electoral. En cuestión de horas, pasó de buscar un acuerdo con libertarios y demócratas a firmar —sin consenso interno ni aval externo total— el ingreso a un frente donde conviven peronistas y socialistas.

La movida encendió alarmas dentro y fuera del partido. Adentro, porque once presidentes departamentales salieron a denunciar “traiciones” y “mezcolanzas sin coherencia ideológica”.

Afuera, porque la incorporación se hizo a contrarreloj y sin el visto bueno del resto de los integrantes de Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, lo que ahora deja la definición en manos de la Junta Electoral Provincial.

El plan A que se cayó

El plan original del PRO encajaba con su estrategia nacional: sumar fuerzas con el Partido Demócrata y el Partido Libertario, socios de La Libertad Avanza en Mendoza. Según fuentes del armado, Omar De Marchi llegó a ofrecer a Eduardo “Lule” Menem un diputado nacional extra, por fuera de lo que el frente La Libertad Avanza – Cambia Mendoza pudiera conseguir por sí mismo.

La respuesta fue rápida y contundente: no. Ni los demócratas ni los libertarios aceptaron abrir la puerta al PRO.

El plan B a contrarreloj

Con ese portazo y el cierre de alianzas encima, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, firmó junto a Jorge Difonso la solicitud para ingresar a la alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza.

El frente incluye a Compromiso Federal, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Fe y la Coalición Cívica ARI.

La presentación ingresó a la Junta Electoral a las 23.45 del 7 de agosto, según confirmó el organismo en un comunicado oficial: “Será analizada la semana entrante, en día y horario a determinar”.

El problema de fondo

El movimiento se hizo sin el consentimiento previo de las demás fuerzas del frente, lo que complica su aceptación.

La Junta, presidida por Dalmiro Garay e integrada por los otros seis ministros de la Suprema Corte, el presidente de Diputados Andrés Lombardi y la vicegobernadora Hebe Casado, deberá decidir si el PRO puede competir el 26 de octubre o queda fuera de la contienda.

Aunque la resolución será colegiada, el voto de Casado —distanciada del demarchismo— será uno de los que más miradas concentre.

La interna, en llamas

La jugada de medianoche encendió la rebelión interna. Once presidentes departamentales y referentes PRO emitieron un comunicado en el que rechazan la alianza “con sectores del peronismo y socialismo, impuesta por conveniencias coyunturales y promovida, una vez más, por un sector del partido alineado con De Marchi”.

El texto carga contra los nuevos socios: “¿Qué tienen que ver Difonso y Righi con el PRO? Absolutamente nada. Su aparición en la agenda pública ha sido producto de causas completamente contrarias a lo que nuestra ideología considera necesario para alcanzar el desarrollo: son antimineros y creen en el Estado grande, intervencionista y regulatorio que cierre la economía”.

Y cierra con una advertencia política: “Lo que ellos llaman ‘alianza’ es en realidad un pacto de supervivencia política para preservar privilegios. Una mezcolanza forzada que no representa al electorado del PRO ni a quienes creemos en una Argentina basada en la libertad, el orden y el progreso”.

El documento lleva la firma de dirigentes de Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, San Rafael, General Alvear, Malargüe, San Martín, La Paz, Guaymallén, Luján, Tunuyán y Tupungato.