El secretario General de Asociación de Trabajadores del Estado, Roberto Macho, se hizo presente en el Polo Judicial para prestar testimonio porque fue acusado por un corte de calle durante una protesta realizada en 2022, durante la gestión de Rodolfo Suarez.

En concreto, al dirigente estatal se lo acusa de haber infringido el artículo 194 del Código Penal por entorpecimiento de la vía pública.

En ese entonces, el gremio de los trabajadores del Estado provincial se encontraba enfrentado con el  Gobierno de Mendoza. Ante la imposibilidad de llegar un acuerdo en lo salarial, Macho decidió a tomar diferentes medidas de fuerzas como los más de 80 días de paro o cortes de rutas provinciales o de las calles mendocinas.

Por este motivo, la Justicia provincial decidió imputar al dirigente gremial por violar el artículo 194 del Código Penal por entorpecimiento de la vía pública. La causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Giunta.

Este miércoles al mediodía, Macho tuvo su audiencia de acusación. No estuvo solo. Lo acompañó como procesada su pareja, Adriana Iranzo, la mujer fuerte del gremio que ya tuvo problemas judiciales en otras ocasiones y que es la segunda autoridad de ATE. También Roberto Podio (Secretario de Comunicación) y Romina Castro (Secretaria de Derechos Humanos).

En esta instancia se leyeron los hechos por los cuales se los acusa y la defensa puede presentar pruebas al respecto. El próximo paso es el debate judicial entre las partes.

La reacción de Macho

Una vez finalizada la audiencia en el Polo Judicial, ATE emitió un comunicado.

“Los principales referentes de nuestra conducción sindical concurrieron hoy, miércoles 31 de julio, al Palacio de Justicia, para participar del juicio en su contra por las imputaciones vertidas en el año 2022, luego de los más de 80 días de lucha que libramos en las calles, para reclamar por mejoras en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza“, señala el comunicado.

Por otro lado, Macho se expresó en sus redes sociales en el que remarcó que “me van a querer procesar, llevar preso, como ya lo hicieron”. Luego sostuvo que tiene derecho a protestar pacíficamente.

En agosto de 2022, el dirigente de ATE fue detenido en la Penitenciaría de San Felipe al ser imputado por cinco hechos. Posteriormente, recuperó la libertad, pero previamente tuvo que pagar una fianza de 50 mil pesos. De igual manera, Iranzo también fue acusada por tres hechos y tuvo que pagar el mismo valor de caución.

Los problemas de Macho e Iranzo con la Justicia no son nuevos. En 2018 fue condenado por la Justicia Federal, en este caso, por un corte de ruta en el aeropuerto Francisco Gabrielli ocurrido cuatro años antes -2014-. En aquella oportunidad, compartió banquillo con Raquel Blas, de quien ya estaba distanciado políticamente.

La pena fue mínima para los dirigentes. Macho fue condenado a 3 meses y 15 días de prisión en suspenso. Mientras que la sentencia contra Blas fue levemente inferior: 3 meses de prisión en suspenso.