Los integrantes de la Suprema Corte se reunieron por segunda vez en menos de una semana en busca de un acuerdo para presentar una “propuesta de consenso”, tal como solicitó el Ejecutivo en medio de la polémica que se generó por el proyecto que de reforma que envió el gobernador Rodolfo Suarez. 

Los supremos se reunieron el jueves pasado y este lunes reanudaron la conversación. Después de algunas horas de debate por la mañana, la reunión continuó por la tarde. Los ministros se convocaron a las 18 y estuvieron hasta poco después de las 21. Sin nada que anunciar todavía, la discusión a puertas cerradas continuará este martes por la mañana. 

En el Poder Judicial afirman que todos coinciden en la necesidad de realizar un “diseño ágil y transparente” para el funcionamiento del máximo tribunal. Sin embargo, señalan que hay puntos “conflictivos”, por lo que por el momento no habría ni siquiera un “principio de acuerdo”.

Con este panorama planteado se dilatan las intenciones del oficialismo en la Cámara de Diputados que buscaban sacar un despacho el martes en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para tratar el proyecto el miércoles.

Desde que ingresó a la Legislatura, la iniciativa generó polémica con la oposición y con los jueces filoperonistas Mario Adaro y Omar Palermo, que criticaron fuertemente los cambios propuestos. También se generó un fuerte debate cuando los especialistas como el ex juez Alejandro Pérez Hualde y la ex integrante de la Corte, Aída Kemelmajer, mostraron sus reparos con el proyecto.

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Todo eso llevó a que el oficialismo no tuviera los votos para firmar el despacho en LAC para tratar la normativa, ya que apareció la resistencia de los aliados: Jorge Difonso (Frente Renovador) y Gustavo Cairo (PRO). Para poder avanzar, el oficialismo necesita al menos 7 firmas de los 13 diputados que integran la comisión.

A raíz de esa situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, escuchando el pedido de los socios de Cambia Mendoza, le solicitó al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, que elaborara junto al resto de los jueces una “propuesta superadora de consenso” que hasta el momento no llegó.

Según expresó Cairo, que estaría cercano a dar su aval, “la falencia del proyecto es que la famosa segunda instancia no existe en materia penal y laboral. Hoy no hay filtro y llega cualquier cosa a la Corte alterando el funcionamiento del tribunal”. El legislador del PRO presentó un proyecto proponiendo la segunda instancia en el fuero laboral.

Mientras que Difonso es uno de los que se mantiene firme en que “así como está” el proyecto no puede salir y su esperanza está puesta en que el máximo tribunal logre un consenso para presentar una alternativa viable. El fin de semana el legislador sancarlino fue presionado por el Frente Renovador que, con un comunicado, se mostró categóricamente en contra del proyecto de Suarez.

La polémica

Con la excusa de terminar con el “fórum shopping”, el Ejecutivo presentó una propuesta en la Legislatura con la intención de eliminar las salas que existen actualmente y que haya sorteos. En concreto, se pretende que la Suprema Corte funcione como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación con todos los casos que ingresan.

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Esto se hace teniendo en cuenta que la actual composición del máximo tribunal está atravesada por una grieta política. La división entre el sector filoradical (Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day) y el ala vinculada al peronismo (Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo) se hizo más evidente en los últimos tiempos, generando cortocircuitos y críticas internas.

Actualmente, la ley 4.969 establece las fechas para el ingreso de demanda: del 1 al 15 de cada mes, entran por la Sala I (Gómez Day y Llorente), mientras que del 16 al último día del mes, las acciones entran por la Sala II (Adaro, Palermo y Valerio). Y sobre este punto puso el ojo el oficialismo, que denuncia que existe una suerte de “fórum shopping” (compra de tribunal). Desde el Ejecutivo sostienen que no es casual la elección de las salas a la hora de ingresar una demanda, ya que los abogados arman su estrategia en torno a la composición de cada una.

Por su parte, Garay justificó los cambios al sostener que “la solución es establecer un colegio de jueces, sumar al presidente y sortear las causas” y puntualizó, por otra parte, que “no veo que el sistema de sorteos atente contra la celeridad”. 

Una de las críticas que deslizó la oposición es que la iniciativa “consolida la mayoría automática”, ya que también se regularán las decisiones en pleno, entre otras cosas.

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Mientras que Palermo señaló que “el proyecto sometido a discusión de senadores y diputados afecta la división de poderes, al estado de derecho. Es un proyecto antidemocrático”.