Las obras sociales y prepagas “deberán cubrir la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de haber contraído” coronavirus. La aclaración que emitió la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en julio del año pasado -a raíz de una avalancha de reclamos de afiliados- no deja lugar a dudas. Sin embargo, a más de un año de la declaración de la pandemia, las quejas por la mala atención o falta de cobertura sanitaria no cesan.

Las empresas de medicina prepara aseguran que cumplen con las exigencias de la SSS, que incluyen la realización de tests diagnósticos, traslados, medidas de aislamiento, internaciones, entre otras. Pero los reclamos se multiplican. “Llamo para que me testeen y nunca vienen”, fue un mensaje que llegó a El Sol. “Me hisopé en forma particular porque la obra social no me asistió”, aseguró una mujer, molesta por la falta de atención. “Llamé a la obra social y me pusieron en contacto con un médico de Tucumán que no conoce nada de la realidad de Mendoza”, se lamentó un paciente.

Las críticas no sólo provienen de los afiliados. “Las obras sociales y prepagas han sido las grandes ausentes de la pandemia”, comentó Rodolfo Torres, coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Mendoza (Aclisa).

“Faltó mano de obra y por ello apelaron a la telemedicina, algo que sí funcionó en Europa, pero que acá no. Los pacientes son asistidos por profesionales que están ubicados en otras provincias y no conocen nuestra realidad, protocolos y demás. En definitiva, hubo un déficit atencional considerable. Mucho vacío para con el paciente que transitaba la enfermedad”, agregó Torres.

Las explicaciones de las prepagas

Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que nuclea a la mayoría de las organizaciones de medicina privada, negaron una falta de respuesta de las prestadoras o un escaso seguimiento de los profesionales.

“El sistema de seguridad social de la Argentina, que es muy bueno, hace años que está siendo afectado por la incorporación de nuevas coberturas, algo impuesto por leyes. En más de 70 leyes que se han sancionado nunca se tuvo en cuenta el recurso, por ello, el sistema hoy llega a enfrentar la pandemia con una serie de afectaciones no resueltas en cuanto a sus sustentabilidad económica”, comentó Ricardo Lilloy, vocero de la (UAS), a El Sol.

Respecto a la metodología con la que los pacientes fueron asistidos durante el cursado de la enfermedad, Lilloy defendió el sistema de telemedicina. Se trata de un control médico que podría evitar que una persona se traslade y propague la enfermedad. Los especialistas que asisten a los afilados no necesariamente son de su zona de residencia, sino que hay médicos de todo el país que atienden vía online.

“Es un proyecto tecnológico sanitario que está dando resultado buenos en todo el mundo y en Argentina se ha puesto en marcha hace muy poco tiempo”, indicó Lilloy. “No está protocolizado el sistema y, sin dudas, lo mejor sería que todas las prestadoras ofrezcan un servicio con especialistas locales y que sea el mismo médico el que tenga el seguimiento de la persona y no dos o tres profesionales diferentes. Pero por la demanda el servicio se va complejizando”, agregó.

En tanto, frente a la posibilidad de que los pacientes hayan llegado en situación crítica a las salas de un hospital, por la falta de respuesta de sus prestadoras o un escaso seguimiento de los profesionales, Lilloy fue contundente: “El 80% de las personas que transitan la enfermedad no necesita internación y el 20% restante requiere internaciones breves”.

Por su parte Gabriel Barbagallo, gerente de Relaciones Institucionales de OSDE, manifestó que durante la pandemia “se reforzaron todos los canales de acceso y se incrementó la capacidad de atención. Pero la velocidad actual de contagios hace invisibles esos avances”.

Sobre las quejas de algunos afiliados en cuanto a la desatención de los prestadores, Barbagallo dijo “no hay desatención, sino saturación de la ocupación de camas”.

En este sentido añadió que “por todos los medios se está intentando que las personas, aunque no tengan cama definitiva, se encuentren en un ámbito sanitario y controlado, especialmente aquellos que se encuentran con mayor demanda de atención. Sabemos que la situación es globalmente crítica y el número de camas es poco elástico”.

Qué pasa con el Pami y la OSEP

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y el PAMI congregan, entre ambas, a más de 650 mil afiliados en Mendoza. De allí su importancia en el esquema de atención sanitaria contra el coronavirus en la provincia.

“Tratamos de darle a los beneficiarios la seguridad que ellos requerían. Desde las más leves, como un hisopado para pacientes con síntomas, hasta las más graves, que es una internación en cuidados críticos”, sentenció Carlos Funes, titular de la OSEP. Mientras que respecto a la asignación de recursos, aseguró: “Superamos la duplicación de camas de cuidados críticos”.

En cuanto a las quejas de afiliados que no fueron asistidos ante sus demandas, Funes admitió que “puede ser que haya existido casos en los que no se estuvo presente, pero son los menos. Hoy otorgamos entre 800 y 900 turnos diarios a pacientes que requieren ser hisopados en toda la provincia”.

“Hemos tratado que el afiliado tenga respuesta y no salga a pagar en forma particular. Obvio que existe una limitación y está dada por el recurso humano que no se puede generar de un año a otro”, dijo el titular de la obra social estatal, que cuenta con una matrícula de 400.000 afiliados.

“Hay que ser responsables y no hacer política en los temas de la salud”, pidió Martín Sevilla, quien está a cargo de la Delegación Mendoza del PAMI, que tiene más de 250.000 afiliados en la provincia.

“Se ha realizado un esfuerzo distintivo y extraordinario durante la pandemia. Hemos acompañado a los afiliados y estuvimos a la altura de la demanda”, señaló el funcionario, que entre las acciones implementadas destacó “las visitas domiciliarias, compra de equipamiento, gestiones de camas y la colaboración con la Provincia para vacunar a afiliados y no afiliados contra el COVID”.

Además, el funcionario anticipó que PAMI está trabajando para sumar nuevos prestadores en el Valle de Uco. La  idea es que hayan más camas para los afiliados en la zona. También se está gestionando contar con un pabellón exclusivo en el Hospital Militar. “Hemos hecho esfuerzos extraordinarios para suplir todas las necesidades”, reiteró Sevilla.

Cuánto cuesta mantener a un paciente con COVID

Sobre el costo que afrontaron por paciente internado en clínicas y sanatorios privados que no contaran con la cobertura de la obra social, Sevilla aseguró que “durante el 2020 la entidad abonó $80.000 por cada afiliado internado, en tanto, durante este año, la cifra trepó a $100.000”.

De acuerdo con los datos proporcionados por José Luis Sánchez Rivas, Presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) y Presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa): “Un paciente con coronavirus es caro, muy caro. El costo en medicamentos ronda los $28.000 (solo la sedación). Si a eso le agregamos el uso del oxígeno y una internación en una cama de terapia, el valor supera ampliamente los  40 mil pesos”.

“Hubo incrementos de 800% en los insumos requeridos específicamente en el marco de la pandemia que incluso el Gobierno ha salido a controlar debido a los abusos”, agregó en declaraciones en Elevediez.

Además, Sánchez Rivas habló sobre el desfinanciamiento que atraviesa el sector y aseguró que “es un problema de largo tiempo que se agudizó durante 2020 de manera importante porque los financiadores, como las obras sociales y prepagas, dejaron de darnos los aumentos que correspondían al 2020, entonces estamos trabajando con valores de 2019”.

“Nosotros somos los que atendemos al 65% de la población y ponemos la plata, cobramos por los servicios que prestamos a las obras sociales, pero todos miran para otro lado y esto hace que el sistema empiece a crujir”, finalizó.