Fernando Giunta Baglini es uno de los fiscales más cuestionados del Ministerio Público y, al mismo tiempo, uno de los que más protección ha recibido por parte de la corporación judicial. Tal vez, la impronta política de su apellido materno haya tenido que ver con su permanencia en el cargo a pesar de las denuncias en su contra y de las irregularidades confirmadas.

Giunta enfrenta ahora una acusación de violencia de género por parte de su esposa. Casi una paradoja: había sido nombrado por el procurador Alejandro Gullé para formar parte de la fiscalía especializada en ese tipo de delitos.

Giunta se convirtió en un personaje mediático en noviembre de 2009. Ese año fraguó una investigación por la muerte de un chico en Luján y encarceló a una persona a partir de declaraciones de un testigo falso. Era la época en que Carlos Ciurca era ministro de Seguridad y Giunta vociferaba que esta haciendo los contactos necesarios para que desde el Ejecutivo lo nombraran para ocupar la vacante que había quedado en la Fiscalía de Delitos Complejos.

El fiscal se había nutrido de información apócrifa que le habían pasado efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal. Para confirmar sus datos, preparó a un supuesto testigo. Se trataba de un sujeto conocido en el mundo del hampa al que le había prometido ciertos beneficios si declaraba sobre la base de un guión que había sido armado.

Eso le sirvió para calificar la muerte como un homicidio, inventar un imputado y llevarlo a la cárcel. Era una manera de congraciarse con las autoridades de Seguridad y hacer buena letra en su ambicioso plan de convertirse en fiscal especial.

Las maniobras de Giunta no sólo quedaron al descubierto, sino que la persona detenida fue puesta en libertad y sobreseída por el cargo de homicidio y nunca se pudo confirmar si el caso se trató de un asesinato o de un accidente.

Unos días más tarde, su nombre volvió a rodearse de polémica. Esta vez, por un allanamiento para detener a los supuestos responsables de haber lanzado una piedra contra un vehículo y haber provocado la muerte del conductor.

El objetivo era el mismo: mostrar la efectividad de su trabajo y del Ministerio de Seguridad. Ciurca estaba por abandonar Seguridad para pasar a Desarrollo Social y necesitaba hacerlo con un anuncio positivo.

Los indicios recolectados por los investigadores eran claros: los sospechosos eran menores de edad. Giunta decidió pasar por alto esa información para poder seguir actuando en la causa y no tener que informar a la justicia Penal de menores. De ese modo, logró que un juez autorizara un allanamiento. Se detuvo a uno de los chicos y se le hizo un interrogatorio en una dependencia judicial a puertas cerradas. Hubo insultos y cachetazos.

El ex procurador, Rodolfo González lo protegió. Lo sacó de escena durante unos meses y lo trasladó a Las Heras. Se le aconsejó bajar el perfil y, por supuesto, olvidarse por un tiempo de escalar a la Fiscalía que investigaba los casos más complejos y mediáticos de la provincia. El Jury de Enjuiciamiento nunca prosperó y recibió blindaje político.

Su casamiento con la actual denunciante también dejó reflejado el grado de amistad con los cargos más importantes del Poder Judicial. Entre los invitados estuvieron el actual ministro de la Corte, José Valerio, el procurador Alejandro Gullé y el fiscal de Cámara Darío Tagua.

En cuestión de horas, la Procuración decidió pasar la denuncia de la fiscalía de Violencia de Género a una Correccional. Es una forma de relativizar la acusación y de sacarle el estigma. Una suerte de protección que no es para cualquier fulano.