César Cattaneo, diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto en la Legislatura para modificar la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública. La propuesta buscar introducir cambios que desataron una serie de cuestionamientos en términos de transparencia.
Por un lado, Cattaneo plantea reescribir el Artículo 2 y cambiar el concepto de información pública.
“Se considera información pública, a toda constancia producida por el Estado, en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, cuya producción haya sido emanada, y/o financiada total o parcialmente por el Estado, que obre en su poder o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa o de parte del Estado Provincial y cuya finalidad u objeto sea el interés público”, establece en su iniciativa.
El texto indica que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público. Tampoco se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas, o por la ausencia de un interés público comprometido”.
En otras palabras, los organismos podrán rechazar pedidos de informe acomodando los fundamentos a estos criterios.
Por otro lado, la normativa impulsada por Cattaneo elimina el inciso d) de la Ley 9.070. Originalmente, dicho inciso indica que toda persona que pida información tendrá derecho “a solicitar información sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita la información”.
Con la modificación se da un giro de 180°. Pasa “a ser libre de cualquier discriminación que pueda basarse en la naturaleza de la solicitud”.
A su vez, plantea que en el Artículo 10 se introduzca un nuevo inciso. Allí, se obliga a la persona a que, en el apartado de datos, haga una “descripción, breve y detallada del motivo que fundamenta el pedido”.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación del Artículo 18 sobre las causales de rechazo de un pedido de acceso a la información pública. En el inciso f) se agrega que se podría bajar el pulgar “cuando la información solicitada se refiriera a
cuestiones netamente domésticas y banales”.
Además, en el inciso L), cada organismo podrá desligarse y derivar al solicitante a la web oficial. “Cuando una solicitud versare sobre información que se encuentre publicada en una página oficial de sedes electrónicas o páginas web, esta se tendrá por satisfecha con la sola remisión a esa página. En caso de tratarse de información de actualización periódica, además de remitir al portal, se deberá indicar que este se encuentra sujeto a actualizaciones“.
Esto último representa una trampa dado que, a veces, los sitios no funcionan correctamente o bien la información buscada está escondida entre miles y miles de contenidos técnicos, resultando prácticamente de imposible filtrar.
Por último, Cattaneo considera que los pedidos podrán ser rechazados “cuando una solicitud sea reiterativa y configure un apartamiento del principio de buena fe, por parte de una misma persona”. La buena fe será sometida a un criterio parcial.
Quién es Cattaneo y cuáles son sus fundamentos
César Cattaneo es diputado provincial del Frente Cambia Mendoza. Previamente, se desempeñó presidente del Concejo Deliberante de la municipalidad de Godoy Cruz (2015-2019). Antes fue concejal (2011-2015), director de Deportes y Recreación de la Municipalidad (2007-2011) y director del Cementerio (2005-2007). A su vez, fue secretario privado de Alfredo Cornejo primero en el ministerio de Gobierno y, luego, en el de Justicia y Seguridad durante la gestión del gobernador Julio Cobos.
Militante de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Franja Morada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. También fue el referente de la misma en el Comité Provincia de la UCR.
Ante la consulta de El Sol, Cattaneo defendió su proyecto, el cual fue presentado apenas un día después de las elecciones legislativas y que aún no es discutido en comisiones.
“Esta modificación que presentamos busca fortalecer, no debilitar, el derecho de acceso a la información pública en Mendoza. Lo que proponemos es actualizar una norma que fue pionera en su momento, pero que hoy necesita adaptarse a nuevas realidades administrativas, tecnológicas y sociales”, argumentó.
Y añadió: “Algunos plantean que esta ley restringe derechos. Yo sostengo lo contrario: esta modificación fortalece la transparencia institucional, establece procedimientos claros y reduce la discrecionalidad. Cuando una norma define con precisión qué es información pública, qué no lo es, y en qué plazos y condiciones se entrega, lo que hace es dar certezas jurídicas a los ciudadanos y también a los funcionarios responsables de garantizar ese acceso”.
Cattaneo manifiestó que incorporaron “la obligación de fundamentar los pedidos, no para limitar el derecho, sino para ordenar la gestión pública. Hoy el Estado enfrenta miles de solicitudes repetidas, inconexas o idénticas que muchas veces saturan áreas enteras. Exigir una mínima fundamentación no es un obstáculo; es una manera de asegurar que los recursos humanos y técnicos se usen de forma responsable y que la información se entregue con rigor, trazabilidad y valor público“.
El funcionario recordó que el propio Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 10, establece que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”. En ese sentido, explicó que todo derecho —incluso uno tan relevante como el de acceso a la información— debe ejercerse con buena fe, fines legítimos y sin afectar el interés general. Cuando su uso resulta irrazonable, desproporcionado o se aparta de los objetivos que la ley busca proteger, advirtió, “se transforma en un exceso de derecho” que el Estado tiene la obligación de regular.
Respecto de las solicitudes que pueden ser consideradas “reiterativas“, esgrimió que “establecemos que las solicitudes reiterativas, genéricas o de información ya publicada puedan ser redirigidas hacia los canales donde esos datos están disponibles. Esto agiliza la gestión, evita la duplicación de trabajo y garantiza que la información llegue más rápido. No se niega el acceso, se lo hace más eficiente. Por eso entiendo que este proyecto defiende el mismo principio que nos trajo hasta acá: que la transparencia no se declama, se construye“.