Por mayoría, el oficialismo nacional consiguió la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010. Cambios que tuvieron el apoyo de un grupo de gobernadores y le otorgan a las provincias más responsabilidades. El proyecto también tuvo sus resistencias, tanto en el plano político como científico.
Tal como se adelantó, los representantes de Mendoza en la Cámara de Diputados se declinaron en su mayoría por la aprobación. La provincia estaba expectante del resultado, porque alberga una gran cantidad de glaciares y ambientes periglaciares inventariados dentro de los Andes centrales.
Básicamente, la nueva ley modifica 6 artículos y crea uno nuevo con el objetivo adaptarla a la “satisfacción de necesidades”, como sugiere la Constitución. Además, elimina la vinculación del Inventario de Glaciares en el análisis de las actividades prohibidas, otorgando a las provincias -en calidad de dueñas de esos recursos- la potestad para decidir cuáles son los glaciares o ambientes periglaciares a proteger.
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La cuestión sobre quién define qué glaciar explotar
En concreto, antes el inventario determinaba cuál glaciar o ambiente periglacial estaba protegido, pero ahora cada jurisdicción tendrá la potestad para identificar si alguno de ellos no cumple con las funciones hídricas previstas para su protección, ya sea como reserva de agua o como proveedor de agua a cuencas. Es decir, consultando el inventario, pero sin la necesidad de que sea vinculante.
Con la ley anterior, es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) era el responsable de redactar el inventario. Para el director de este organismo, Pablo Villagra, la reforma es “innecesaria“, desdibuja el rol del instituto y lejos de solucionar las ambigüedades que aseguran los defensores que tiene, “genera nuevas“.
“Por ejemplo con respecto a la función hídrica de los glaciares, que ahora es quedaría determinada por las provincias. Porque nosotros entendemos que, desde el punto de vista glaciológico, todos los glaciares y ambientes periglaciares tienen una función hídrica. Allí hay una subjetividad riesgosa, porque está supeditada a una decisión política una cuestión que debería ser científica-técnica“, señaló.
En ese sentido, Villagra criticó también la eliminación de la prohibición automática de la exploración y explotación en áreas periglaciales, que antes regulaba el inventario y ahora queda supeditado a una evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, la diputada radical por Mendoza y presidenta del bloque en Diputados, Pamela Verasay, señaló que la nueva ley “fortalece el rol técnico que tienen las provincias dentro de un marco normativo nacional que se mantiene vigente“. Fue una de las que votó a favor.
Señaló que las provincias ya son responsables de hacer estudios de impacto ambiental y que el proyecto reconoce esa condición y obliga a que toda determinación sobre los glaciares debe hacerse con estudios específicos locales, lo que no se permite con la mirada nacional.
Pero Verasay negó que esto habilite una discrecionalidad por parte de las provincias. “Las decisiones siguen sujetas a presupuestos mínimos nacionales, legislación ambiental provincial, participación pública y control judicial“, explicó.
¿La nueva ley desprotege áreas?
Para el director del IANIGLA, la redacción de la nueva ley no desprotege concretamente un área específica pero, al perder fuerza el inventario, cada provincia define cuándo es útil y cuándo no un glaciar. “En la ley actual es mucho más claro“, señala.
Villagra agregó además que, cuando el inventario ha estado desactualizado, lo han solucionado y se han implementado estudios de impacto ambiental, aún con el amparo de la ley vigente.
Por su parte, Verasay aseguró que el nuevo proyecto además de mejorar la aplicabilidad mantiene el “espíritu de protección“ e incorpora herramientas para “llevar esas definiciones al territorio“.
“Después de más de una década de implementación, quedó claro que el principal desafío no es la falta de protección, sino la dificultad de traducir conceptos generales en decisiones concretas”, argumentó Verasay. Reconoció que el proyecto mantiene el criterio de que “todo lo que está en el Inventario se considera protegido“, pero incorpora la posibilidad de analizar con mayor precisión. “Esto no implica habilitar actividades en zonas sensibles, sino mejorar la capacidad de diferenciar situaciones dentro de un ambiente que, por definición, es muy heterogéneo“, advirtió.
El diputado nacional Martín Aveiro (Unión por la Patria), que votó en contra de la reforma, considera que la sanción “deja un vacío legal enorme” y debilita el nivel de protección del ambiente periglacial. “Que alguien maneje todo desde un escritorio y diga cuál glaciar es relevante, estamos desprotegiendo el sistema de recarga de nuestras cuencas“, advirtió.
Señaló que la ley “prioriza el corto plazo e intereses económicos por encima de una reserva estratégica que debería ser intocable“. Que al “debilitar el piso de protección” se está “hipotecando la soberanía hídrica de las próximas generaciones“.
Las dudas políticas y las certezas de la ciencia
Para Villagra la ley debilita al IANIGLA y el Inventario Nacional de Glaciares, “que tiene mucho uso y nos llena de orgullo”. Porque supedita las decisiones a la política y no a criterios técnicos-científicos de las provincias.
Pero Verasay consideró que Mendoza tiene condiciones muy favorables para mantener el criterio científico. “Porque cuenta con un sistema de evaluación de impacto ambiental consolidado, organismos técnicos con experiencia y una trayectoria en la gestión del recurso hídrico en contextos de alta complejidad“, recalcó.
De hecho, no descartó articulaciones con el IANIGLA y aseguró que la reforma “no reemplaza a la ciencia sino que requiere más ciencia local“.
Aveiro sí señaló que se habilita un criterio discrecional y que los presupuestos mínimos nacionales deben ser rigurosos. El legislador peronista teme que corporaciones internacionales incidan en esas decisiones políticas. Con todo, reconoció señaló que Mendoza sí está preparada a nivel científico-técnico.
Villagra no descartó que las provincias tengan buenos científicos que respalden la calidad de las decisiones, siempre que sean consultados. Además, advirtió por la pérdida de uniformidad en los criterios de una provincia a otra, eliminando el presupuesto de federal nacional.
También criticó la falta de consulta hacia el organismo para la elaboración de la ley y que la misma siga sin contemplar -así como la anterior- un mecanismo legal para financiarlo. “Tenemos que depender de negociaciones con las autoridades para ver de dónde obtenemos los recursos. Hace dos años que el Instituto no recibe fondos para el inventario. Hay partidas de Ambiente, pero sin presupuesto y no alcanza. Este año no pudimos hacer el trabajo de campo. Estaría bueno que, al menos, al cambiar la ley, se incorpore un presupuesto“, señaló.
El Sol consultó al Ministerio de Energía y Ambiente sobre la implementación de esos recursos científicos, pero desde la cartera aseguraron que no darían declaraciones antes de que concluya el trámite legislativo, para no entorpecerlo.