El Gobierno aprobó la prórroga por diez años de las concesiones de explotación hidrocarburífera en las áreas Piedras Coloradas–Estructura Intermedia y Cacheuta, actualmente en manos de la empresa Venoil S.A., mediante el Decreto Nº 58 firmado el 16 de enero de 2026.
La decisión alcanza a yacimientos considerados maduros y marginales, cuyo vencimiento original se producía entre septiembre de 2025 y enero de 2026, y se enmarca en el régimen legal previo a las modificaciones introducidas por la Ley Bases, que no resultan aplicables a concesiones otorgadas con anterioridad.
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La prórroga fue concedida tras constatarse el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la primera extensión otorgada en 2011, tanto en materia de inversiones como de pagos de cánones, regalías y compromisos ambientales. Los informes técnicos y económico-financieros de la Dirección de Hidrocarburos avalaron la continuidad operativa, destacando la correcta explotación de las áreas y la inexistencia de deudas firmes con la Provincia.
En ese marco, se validó un nuevo plan de inversiones por un total de 25 millones de dólares: 19,4 millones destinados a Piedras Coloradas y 5,6 millones a Cacheuta, orientados a reactivación de pozos, recuperación secundaria y mejoras en instalaciones.
El decreto fija además un bono de prórroga por un total de 360.000 dólares, pagadero en doce cuotas mensuales, y establece un esquema de regalías variables según el precio internacional del petróleo, con alícuotas que oscilan entre el 7% y el 18%.
Para el resto de los hidrocarburos, la regalía se mantiene en el 12%. También se incorporan aportes al fortalecimiento institucional del área de control provincial, que incluyen la cesión en comodato de un vehículo 4×4 y contribuciones económicas anuales para capacitación y equipamiento técnico.
En materia ambiental, la prórroga queda condicionada a la presentación y ejecución de un plan integral de saneamiento de pasivos, con cronogramas específicos para el abandono definitivo de pozos entre 2030 y 2035 en Piedras Coloradas y entre 2031 y 2032 en Cacheuta.
El Ejecutivo provincial se reservó amplias facultades de fiscalización y la posibilidad de declarar la caducidad de la concesión ante incumplimientos graves, incluyendo la ejecución de garantías financieras equivalentes al 10% del plan de inversiones comprometido, reforzando así el control estatal sobre la explotación de los recursos hidrocarburíferos.
