Un homicidio ocurrido en Guaymallén, en el marco de una pelea entre trapitos y otras personas, abrió una nueva controversia en el Cuerpo Médico Forense de Mendoza por la demora en una pericia considerada clave para la investigación.
El hecho se produjo tras una discusión violenta en la vía pública que derivó en disparos contra un domicilio. Uno de los proyectiles impactó en la axila de una mujer, que murió como consecuencia de la herida. En la causa hubo un policía aprehendido y la fiscalía interviniente avanzó con distintas medidas para determinar responsabilidades.
Entre esas medidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó un barrido para detectar residuos de disparo, con el objetivo de establecer si desde un vehículo se había efectuado un tiro o si existían partículas compatibles con un disparo reciente. La pericia debía ser realizada por el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido del Cuerpo Médico Forense.
Sin embargo, la jefa de ese laboratorio, María Silvina Lassa, informó que durante los fines de semana no trabajaba y que recién el lunes podía dar una respuesta. La decisión generó cuestionamientos internos, ya que especialistas señalaron que en este tipo de estudios el factor tiempo resultó determinante para preservar evidencias y maximizar la posibilidad de detección de partículas.
La situación volvió a poner bajo la lupa a Lassa, quien fue incorporada al Poder Judicial de Mendoza con mayor dedicación y categoría clase 3, tras desempeñarse como investigadora del CONICET. En su momento, su ingreso estuvo rodeado de polémica por la incompatibilidad de doble empleo estatal, dado que no podía ocupar simultáneamente ambos cargos. Pese a ello, en los registros públicos del organismo científico Lassa continuó figurando como integrante del CONICET.
La jefa del laboratorio ocupó el cargo que quedó vacante tras la jubilación del ingeniero Fernando Salazar, quien se desempeñó durante años en el mismo sector con categoría clase 5, es decir, con una remuneración menor. Salazar fue reconocido dentro del ámbito judicial por su capacidad técnica, su disponibilidad permanente y su participación activa en investigaciones complejas.
La demora en la realización del barrido reavivó cuestionamientos sobre el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense de Mendoza y su respuesta ante causas penales graves. En este caso, la discusión no se centró en un debate administrativo, sino en el impacto concreto que una decisión operativa podía tener sobre el esclarecimiento de un homicidio.
Mientras la causa avanzó en sede fiscal, la polémica dejó expuesto un conflicto que volvió a tensionar la relación entre la urgencia que demandaron determinadas investigaciones criminales y las condiciones de trabajo dentro de áreas técnicas clave del sistema judicial.