La Oficina de Conciliación Laboral (OCL), creada por la Ley 8990 y puesta en funcionamiento en noviembre de 2017, era la joya de la corona. La carta brava con que Mendoza se presentaba para mostrar que no hacía falta una ley de reforma laboral para intervenir directamente en la denominada “industria del juicio”.

Fue presentada por el Gobierno provincial como una herramienta clave para bajar la litigiosidad laboral. Y desde su implementación, alrededor del 60% de los conflictos sometidos a conciliación cerraron con acuerdo, lo que implicó una disminución significativa de las causas que finalmente llegaron a los tribunales laborales.

De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo exhibió en más de una ocasión los logros de la OCL y cómo, gracias a su implementación, las disputas se resolvieron en instancia administrativa y con tiempos sensiblemente más cortos que cualquier tipo de litigio judicial.

La OCL se incorporó al circuito legal de manera obligatoria. No hay forma de iniciar una causa sin que pase antes por esta oficina que depende estructuralmente de la Subsecretaría de Justicia de la provincia. Sin atravesar esta instancia, el conflicto no puede llegar a tribunales. Allí queda claro cuál es la intención de cada una de las partes involucradas. Si, por ejemplo, hay voluntad por parte de empleador o si, como en muchos casos, quedan expuestos los abogados que han hecho falsas promesas al demandante.

Quienes forman parte de la OCL no son ni empleados del Estado ni prestadores externos. Son abogados que actúan con el poder ocasional de un funcionario público, pero mantienen su matrícula profesional y pueden ejercer la abogacía en otros ámbitos. Así se confirmó el cuerpo de mediadores.

¿Qué ganan? En caso de lograr un acuerdo entre las partes y evitar el inicio de un expediente judicial, el conciliador recibirá una paga de un 1/3 de JUS. Si fracasa la mediación, sólo percibirá un 1/25 de JUS. El JUS es una unidad de medida que utiliza la Justicia para el cálculo de honorarios.

Actualmente, cada JUS equivale a poco más de 6oo mil pesos. En caso de éxito, el pago quedará a cargo del empleador denunciado. Si fracasa, el servicio deberá ser abonado por el Estado a través de un fondo específico. Es este último punto el que está fallando. Porque si bien las cifras son casi irrisoriamente bajas, no las están abonando o están con casi un año de demora.

En la teoría, el fondo para ese costo debía nutrirse del equivalente al 2% del monto de los acuerdos alcanzados. Sin embargo, ese fondo nunca se constituyó formalmente y los recursos ingresaban directamente a la Provincia.

Existen conciliadores que no percibieron los honorarios que debe pagar el Estado durante todo 2025. Además, cuando se hace efectivo algún pago, no se actualizan ni generan intereses. Para peor: algunas actas no se abonan por haber pasado a período vencido.

Para percibir esos importes, los conciliadores deben facturar como proveedores del Estado y no registrar deudas fiscales. Es decir: cumplen con ese requisito, pagan los impuestos correspondientes y después no cobran.

Esta situación puso en tensión y en riesgo a un sistema que, desde afuera, es visto como un logro que trasciende lo meramente administrativo y modificó la dinámica de la justicia laboral en Mendoza. Además, claro, de ser un activo político.

Estructura y recursos

La Subsecretaría de Trabajo absorbió la implementación de la OCL sin una ampliación proporcional de su planta. No se creó el cargo de Jefe de Conciliadores, no se realizaron nuevas capacitaciones desde la pandemia y la modalidad de audiencias pasó a ser virtual.

Las notificaciones dependen de la estructura general del área, con recursos humanos limitados. El funcionamiento cotidiano se sostiene con una estructura reducida.

No es el modelo ni la estructura lo que está en discusión. Tampoco sus resultados. El eje del planteo actual es operativo y financiero. La sustentabilidad depende de que se cumplan las previsiones de la ley que le dio origen.

La OCL fue concebida como una política pública destinada a ordenar el conflicto laboral antes de su judicialización. El interrogante que se abre ahora no es conceptual, sino administrativo: si el mecanismo que permitió bajar los juicios puede sostenerse en el tiempo bajo el esquema actual de pagos. O si los casi 50 mediadores que hay en la actualidad, pueden llegar a cansarse, dar un portazo y hacer caer el sistema.