Un reciente fallo de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil ratificó la disolución de Los Penitentes Centro de Esquí SA (LPCESA). Por unanimidad, los jueces María Silvina Ábalos, Claudio Leiva y Claudio Ferrer confirmaron la sentencia del Tribunal Judicial de Gestión Asociada N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, habilitando la liquidación de la empresa.
Muy lejos de su época de gloria, en los últimos años Los Penitentes fue noticia por sus problemas financieros, el abandono del complejo, la guerra en el seno de la familia fundadora, la expropiación impulsada por las gestiones radicales, licitaciones fallidas y millonarias demandas judiciales. La novedad más reciente llegó justamente desde Tribunales, con un fallo firmado este lunes que seguramente sacó más de una sonrisa en el Ejecutivo provincial.
La familia López Frugoni controlaba el complejo desde su nacimiento, a fines de 1978. Tuvo su momento de esplendor en los años 80 y 90, pero luego comenzaron los problemas. Hoy los herederos del creador de Los Penitentes están divididos en dos bandos (tres hermanos por un lado y dos por otro) y llevaron su conflicto a la Justicia.
El primer fallo
El 4 de diciembre del año pasado, la Justicia admitió una demanda de Julián y María Antonia López Frugoni, socios minoritarios de LPCESA, que solicitaron la disolución societaria de la empresa “por configurarse la imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto social” y se ordene la apertura del proceso de liquidación.
Denunciando “hechos gravísimos e irregularidades groseras”, pidieron la extinción de la sociedad y la creación de un fondo social patrimonial y la distribución de los activos entre los socios, “una vez satisfechos previamente los compromisos con los terceros acreedores”.
Los socios minoritarios apoyaron su reclamo en diferentes decretos del Poder Ejecutivo, leyes sancionadas por la Legislatura y sentencias de la Suprema Corte de Justicia que determinaron el fin de la concesión pública de Los Penitentes y la expropiación de gran parte del terreno donde se instaló el centro de esquí.
También destacaron irregularidades administrativas y que la propia intervención judicial denunció por “incumplimiento y falta de colaboración” a los controlantes, que convirtieron en “inviable y de cumplimiento imposible la tarea encomendada de regularizar la sociedad”.
“Ante la imposibilidad de regularización de la sociedad, la pérdida de la concesión de los terrenos fiscales, cuando la sociedad se limitó a la explotación del centro de esquí ‘Los Penitentes’, habiendo sido concebida y creada para el ejercicio específico de esa actividad y la expropiación de los terrenos propios donde se explotaba el centro de esquí, hace imposible el cumplimiento de su objeto, por lo que peticiona que se ordene la disolución de la sociedad y se proceda a su liquidación”, indicaron los demandantes.
Como respuesta, los controlantes de Los Penitentes SA (los hermanos Emilio, Magdalena y María Eugenia López Frugoni) negaron que “el rechazo del pedido de prórroga de la concesión de uso y goce del inmueble estatal por parte de la Provincia de Mendoza y la expropiación dispuesta por el Gobierno de Mendoza constituyan causales de disolución societaria”.
Además resaltaron que el objeto principal de la sociedad no está acotado a la explotación del centro de esquí y que “la subsistencia de la empresa es posible”. Por otra parte admitieron que si bien LPCESA no ha desarrollado en forma plena su actividad comercial, “sí ha evidenciado claramente el espíritu de lucha y supervivencia”.
También apuntaron contra los demandantes, enfatizando que “en el conflicto intrasocietario no tienen ninguna sentencia favorable y firme a su favor”. Y aclararon que “pese a las impugnaciones de balances y asambleas, denuncias penales, demandas civiles”, la empresa defendió los derechos de todos los accionistas “frente al obrar de la administración provincial”.
Con los argumentos de ambas partes en la mesa, una jueza de primera instancia determinó que LPCESA “no ha probado que se encontraba (o se encuentra) en la búsqueda de medios que le permitan continuar con la vida empresaria” y que “no existe el centro de esquí donde se desarrollaba la actividad principal de la sociedad”.
“La situación legal (ausencia de concesión de uso y expropiación de terrenos) sumada a la escalada de conflictos intrasocietarios ha llevado a la persona jurídica a un punto tal que no permite que la sociedad pueda ser gestionada normal y equilibradamente”, destaca el fallo primario, que ordenó la disolución de la empresa.
La apelación judicial
LPCESA, encabezada por Emilio López Frugoni, reclamó y el caso llegó a la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil. En su defensa, dijo que aún contaba con inmuebles en alta montaña aptos para la explotación turística, que no fueron expropiados en una primera instancia por el Estado.
Hay que recordar que en 2020 se aprobó la expropiación de seis de los nueve polígonos que componían el predio del ex centro de esquí. Ahora se discute en la Legislatura la confiscación de los tres restantes (la iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados) que, según LPCESA, son “valiosísimos y aptos para la explotación turística”.
Se trata del sector donde se ubica el restaurant del complejo, conocido como La Herradura; de un área peatonal que incluye boletería, enfermería y anexos; y de un terreno extenso que se encuentra al otro lado de la ruta nacional N° 7.
Al momento de la presentación del proyecto ante los diputados, la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, manifestó que el restaurante que tenía la sociedad Penitentes no fue expropiado inicialmente “con la intención de que la pusieran en funcionamiento, aunque nunca se puso en marcha”.
“El otro es un espacio, un sendero de circulación, que le complica mucho la vida a los que tienen departamentos ahí en la zona. Y hay un terreno mucho más grande, que en realidad no es que sea necesario para el desarrollo hoy del Centro de Alta Montaña Los Penitentes, pero es para ya desvincular a la Sociedad Penitentes S.A. de ese espacio, porque evidentemente no tienen voluntad de explotar comercialmente lo que les quedó a ellos, y también dificultan la explotación de otros”, agregó la funcionaria ante los legisladores.
En la apelación, los controlantes de la sociedad advirtieron que está en proceso una demanda judicial contra el Gobierno provincial por casi 25 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación.
La jueza Ábalos argumentó el fallo (sus pares Leiva y Ferrer adhirieron con sus votos) y, entre otros puntos, subrayó que “de las pruebas producidas han quedado debidamente probados los presupuestos que habilitan ordenar la liquidación de la sociedad”.
Apoyada en diferentes informes técnicos y periciales, añadió que la empresa contaba con capital suficiente como para iniciar una nueva explotación dentro de su objeto social y recomponer sus activos, pero decidió no encarar nuevos negocios.
“Lo cierto y determinante es que la accionada al contestar la demanda no denunció cuál es la actividad o explotación comercial que desarrolla en el ámbito del objeto social, ni ha probado la existencia de una infraestructura siquiera básica y elemental acorde con el giro comercial necesario para la producción de bienes y servicios, ni la existencia de personal en relación de dependencia y/o cualquier otro elemento que revelare que se trata de una empresa en marcha”, expresó Ábalos.
“Por otra parte, se juzga que la imposibilidad de materializar el objeto social es definitiva y permanente”, concluyó la jueza.
Qué pasó en Los Penitentes
- En 2013 venció la concesión original y LPCESA solicitó la prórroga por otros 35 años.
- Recién en 2018, a través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo durante su primer mandato, se rechazó el pedido.
- En 2019 se aprobó la ley de expropiación de parte de las tierras de Los Penitentes SA, con la promesa oficial de desarrollar un centro de actividades deportivas de montaña.
- El plan fracasó y en octubre de 2023 la licitación pública nacional fue declarada desierta.
- En mayo de 2024, el Ejecutivo otorgó un permiso precario a Mapsa Group SA (un grupo empresario local que controla los emprendimientos Villavicencio Park, Potrerillos Park y Costa Norte Park) para el manejo del afamado centro de esquí.