Tres empleados de la Obra Social de Empleados Públicos fueron apartados de sus trabajos y sumariados luego de que más de al menos una veintena de afiliados denunciara el descuento indebido por bono de estudios médicos que ya habían pagado por caja. Las irregularidades, que fueron constatadas por auditorías internas, pero también por un informe del Tribunal de Cuentas, derivaron en una denuncia penal. En tanto, OSEP tuvo que llamar a los damnificados y devolver los importes.

Las maniobras fueron detectadas en el sector de cobranzas de los aranceles coseguros que funciona en el edificio Xeltahuina -ubicado en calle Salta de Ciudad- e involucran a un contador a cargo del área y a dos cajeros. Allí, los afiliados pagan los estudios de laboratorio que deben realizarse y que pueden ser abonados tanto en efectivo como en el descuento por bono.

El problema saltó en noviembre cuando una afiliada, que es profesional en el Tribunal de Cuentas, detectó que le había llegado un descuento en el bono por un coseguro para un análisis bioquímico e hizo el reclamo correspondiente, ya que había pagado en efectivo por caja en agosto. Le devolvieron el dinero, pero se percató de que la firma en el ticket no era la suya.

Esta acción despertó la sospecha de la existencia de más hechos similares, por lo que se inició una investigación de ese organismo de control, que hizo una auditoría externa, pidió informes sobre el ejercicio 2020-2022 a la obra social y, como lo determina la ley 9292 -que regula al TdC- dio parte a Fiscalía de Estado y a la Oficina de Ética Pública.

Sospechas, control interno y denuncia

Desde OSEP confirmaron las irregularidades, pero aclararon que estas ya habían sido detectadas antes de este informe presentado por el TdC. Según indicó Daniel Hernández, director de Servicios Administrativos, unas cuatro quejas de afiliados llegaron por el canal MiOsep, mientras que otros veinte lo hicieron de manera presencial en las oficinas.

Por esto, se decidió tomar a principios de octubre una muestra de los controles trimestrales que se realizan en las diferentes cajas que tiene la obra social y, en este caso en particular, se detectó que no había documentos de respaldo sobre determinados pagos.

La mención de octubre no es menor, puesto que OSEP salió a despejar dudas sobre una posible falta de controles -la denuncia en el TdC es de noviembre y en todo momento desde la institución afirmaron que lo hicieron previo a la auditoría del órgano de control-.

Por ello, se decidió ordenar una investigación sumaria sobre los tres empleados, que fueron suspendidos para determinar la responsabilidad sobre los cobros indebidos.

En términos más sencillos, la presunción es que un empleado se quedaba con el dinero cuando un afiliado iba a pagar el estudio clínico, pero luego le acreditaba el descuento por bono. Desde el TdC aclararon que no hay un perjuicio económico al erario público, sino directamente a los particulares.

Por su parte, Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Económicos con fecha de ingreso el 21 de diciembre, según lo que dictamina el artículo 73 de la ley 9292 y el artículo 177 de la Constitución Provincial.

En la presentación “se da cuenta de un hecho que podría enmarcarse en algunas de las conductas previstas en el Código Penal Argentino” y que consiste en “la duplicación del cobro de los coseguros, los cuales se percibían de contado y también en forma de descuentos por bonos o pago en cuotas descontando los mismos en los mencionados bonos de sueldo”. Pero que no evidenciaban la firma, aclaración y documento de identidad del afiliado en el ticket de autorización.

Según confirmó Hernández, la auditoría interna reveló al menos irregularidades en el 5% de los tickets emitidos por esa área de cobranzas. La producción de estos tickets oscila en los mil diarios, según graficaron en la entidad que dirige el médico Carlos Funes.

Para tener una dimensión, se trata de una de las cajas que mueven alrededor de 5 millones por mes, según estimaciones no oficiales. En general, los socios acuden porque el costo de los estudios es mucho menor de lo que cuesta en los laboratorios privados: mientras que una determinación está en los $5.000 promedio en un laboratorio particular, la OSEP cobra la mitad.

Desde la obra social no confirmaron el monto total de esta defraudación, pero señalaron que se convocó a todos los perjudicados y se les devolvió la plata en efectivo.

Por el momento, en la repartición creen que “no debería haber algún tipo de irregularidad anterior, las rendiciones anteriores se hicieron en tiempo y en forma”, afirmó el director de Servicios Administrativos. También dependerá de la atención que hayan prestado los socios de la obra social a sus bonos de sueldo, ya que este tipo de descuentos llegan 60 días después.

Confirmadas las irregularidades, Funes decidió que se iniciara el sumario contra los tres empleados del área, un contador y dos cajeros. El primero fue apartado de sus funciones, suspendido momentáneamente y posteriormente volvió al trabajo, pero en otra oficina. Uno de los cajeros tiene licencia por tiempo indeterminado, mientras que el tercero está suspendido. Uno de ellos es afiliado a ATE.

Hernández explicó que “al responsable de la caja se le aplicó una suspensión de 30 días, por el cual mientras dure el proceso fue apartado de su puesto de trabajo y se le eliminó la responsabilidad de caja”.

Por el momento no han hecho el descargo y, entre otras posibles sanciones, arriesgan ser despedidos de la obra social, dependiendo del resultado del sumario administrativo.

La investigación se produce en medio de una crisis financiera en la principal obra social de Mendoza, donde el Gobierno provincial analiza una reforma