El tope salarial de la Administración Pública, establecido por la Ley 8.727, retomó el protagonismo tras una serie de rechazos publicados en el Boletín Oficial a los recursos presentados por médicos de distintos hospitales provinciales.
En las últimas semanas, profesionales del Hospital Diego Paroissien, el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti y el Hospital Central recibieron respuestas negativas del Gobierno de Alfredo Cornejo a los planteos para evitar descuentos salariales. Una empleada del Ministerio de Salud corrió la misma suerte con un recurso jerárquico.
“Ellos te rechazan todo”
La secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Claudia Iturbe, explicó que el conflicto es arrastrado desde 2015, cuando se presentaron los primeros amparos contra la normativa. Durante años, cautelares judiciales frenaron la aplicación de los descuentos, pero el escenario cambió con el regreso de Cornejo al poder en 2023.
“Cuando asumió Cornejo insistió ante la Suprema Corte. No dijo ni que sí ni que no, pero pidió que cada uno demuestre cómo le afecta. Eso obligó a presentar de nuevo todos los reclamos”, sostuvo Iturbe.
Según la dirigente, las decisiones administrativas son siempre desfavorables: “Por vía administrativa dicen que no a todo. Por eso los reclamos terminan judicializándose. Y después, los mismos juicios que el Gobierno rechaza se convierten en condenas millonarias contra el Estado”.
El sistema actual establece que nadie puede superar el salario del gobernador. Así, los médicos dependen de los aumentos que se otorguen al régimen 05, que regula al mandatario y a sus funcionarios.
En junio, se aplicó una suba de más del 30%. Ese ajuste dejó a gran parte de los profesionales fuera del alcance del tope, aunque sin resolver el reclamo de fondo.
“Mientras exista la ley del tope, dependemos del aumento del gobernador. En junio él reconoció la pérdida de poder adquisitivo y subió su salario. Ahora pedimos lo mismo para los trabajadores de la salud”, apuntó Iturbe.
La referente gremial recordó que existe incluso un fallo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cuestiona el sistema por limitar la libertad sindical, al obligar a muchos empleados a salir de la paritaria de salud para pasar a la del régimen administrativo.
Reclamos por previsibilidad
La falta de certeza sobre los ingresos genera frustración en el sector. De hecho, algunos profesionales plantearon reducir sus horas en proporción al descuento que reciben por el tope, una propuesta que ya está siendo analizada administrativamente.
Para Ampros, la única salida real es la derogación de la Ley 8727: “¿Por qué un profesional de la salud tiene que ganar menos que un gobernador? Eso no resiste ningún análisis. Si quisiéramos traer un neurocirujano infantil del exterior, no podríamos pagarle lo que corresponde. Eso va en contra del mérito y de la calidad del sistema de salud que tanto pregonan”.
Desde este medio intentamos comunicarnos con el Ministerio de Salud para conocer su parecer respecto al tema. Sin embargo, desde la cartera que encabeza Rodolfo Montero no hubo respuesta alguna.