Jacques Matas se encuentra bajo la lupa de la Justicia desde hace varios años por distintos hechos que se le endilgan. El más resonante en los últimos días es una causa por estafa procesal, en la cual ya fue imputado pero nunca se había presentado ante las autoridades para que le notificaran la elevación a juicio.

Finalmente este miércoles el ex empresario se presentó ante el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello, quien instruye la causa hace tres años y medio.

Carniello había declarado en rebeldía al imputado por no presentarse en, al menos, tres citaciones judiciales. Incluso, el proceso podría haber ido más lejos y llegar a un pedido de captura, aunque, en la jornada de ayer, el panorama cambió.

Fuentes ligadas al expediente confirmaron que el abogado del empresario nacido en Francia había aseguró que se presentarán en la mañana de este miércoles ante el fiscal especial, como ocurrió. Allí Carniello le notificará la finalización de la etapa de instrucción y la elevación de la causa a juicio oral y público.

La causa

La denuncia se radicó en diciembre del 2010, aunque todo comenzó cinco años antes, cuando Industria J. Matas Sociedad en Comandita por Acciones inició el concurso preventivo, un remedio judicial que busca reorganizar la deuda para evitar la quiebra, que finalmente se decretó años después.

Cuando se presentaron los acreedores apareció una empresa extranjera llamada Dowson Intertrade Corp. con un documento a pagar por 9.800.000 dólares, representada por Alicia Norma Árbol –quien luego se convirtió en funcionaria del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
Con el megaconcurso en el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, la firma panameña se convirtió repentinamente en la acreedora mayoritaria del concurso y, por ende, quien negociaría con Industrias Matas la reestructuración de la deuda, arrastrando al resto de los acreedores menores. Dowson Intertrade Corp. aceptó la negociación propuesta por Matas, con una quita de un alto porcentaje de la deuda (70%) que comenzaría a pagarse a partir de los cinco años.

Los beneficios generaron estupor en el resto de los reclamantes y sospechas en la Justicia provincial, que comenzó a investigar los movimientos entre el empresario local y la compañía extranjera. Esto se vio consumado en diciembre del 2010, cuando uno de los acreedores presentó la denuncia formal y se judicializó la causa.

Ese mismo mes, el fiscal Carniello imputó a Matas por estafa procesal –ver aparte–, ya que entendió que la solicitud del pago de deuda por parte de la empresa extranjera había sido impulsada por él mismo, en busca de negociar a su conveniencia. Por su parte, fuentes ligadas al caso detallaron que Alicia Árbol no fue formalizada en el expediente. Ahora, el mismo funcionario de Delitos Complejos espera tener cara a cara al empresario para notificarle la elevación a juicio del proceso.

En la memoria

Industrias J. Matas fue una de las principales empresas mendocinas en la producción de cereales, granos, panificados y pastelería, entre otros, pero su declive se disparó a la par de la caída del Banco Mendoza. El empresario, nacido en la ciudad francesa de Perpignan, conformó el grupo llamado Magna Inversora.

Se trataba de grandes empresarios locales que apostaron a privatizar la entidad bancaria, moneda corriente en esa década gobernada por Carlos Saúl Menem. El final es conocido por todos los mendocinos: el Banco Mendoza quebró en abril de 1999 y dejó a ahorristas y socios menores como damnificados. En este último grupo se encontraba Matas, quien no se cansó de señalar, junto con Enrique Pescarmona, a Raúl Moneta ante la Justicia federal.

Los problemas financieros se convirtieron en una rutina en la empresa productora, ubicada sobre el carril Godoy Cruz de Guaymallén, y la quiebra era inminente. Deudas salariales, empleados en negro y un pasivo que aumentaba cada mes fueron algunos de los condimentos que derivaron en el megaconcurso que ahora investiga la Justicia.

Incluso en el 2010, los empleados tomaron la planta guaymallina ante la falta de pagos. En octubre del año pasado solicitaron la quiebra de la empresa y obtener una autorización judicial para manejarla a través de una cooperativa. El primero de los puntos se decretó en la Justicia a fines de abril y el segundo aún está pendiente.