Un sector del radicalismo de San Rafael salió a cuestionar al intendente Emir Félix por haber contratado el año pasado a Roberto Ñancucheo, autodenominado cacique del Lof Mapuche Pewel Katuwe. Desde el municipio aseguraron que detrás de esto no hay más que una “intencionalidad política” por parte de la oposición para sacar ventaja en un año electoral, y que el hombre nunca les reclamó tierras.
La polémica por las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconocieron “la ocupación actual, tradicional y pública” a tres comunidades mapuches en el sur, tuvieron otro capítulo. Un concejal y una legisladora sanrafaelinos acusaron al jefe comunal de “financiar” a quien “quiere apropiarse de las tierras” del departamento.
El edil Francisco Mondotte reveló que el municipio contrató en 2022 a Roberto Oscar Ñancucheo, entre enero y diciembre, para trabajar en el área de Niñez y Adolescencia de Desarrollo Social. Mensualmente cobró 34 mil pesos, lo que suma un total de 408 mil pesos.

“Después de la resolución del INAI hicimos un pedido de informe para saber si la intendencia tenía conocimiento, no fue respondido, pero un trabajador nos acercó información sobre esta persona, que la comprobamos con el Listado de Contratos de la Secretaría de Gobierno”, explicó Mondotte.
Para el concejal, este es un hecho “gravísimo” que demuestra que la gestión de Félix “financia” al grupo mapuche que fue beneficiado por el INAI. “
El peronismo sanrafaelino sostiene que el planteo radical sólo se basa en una “intencionalidad política” de perjudicar a Félix en medio del proceso electoral, debido a que es uno de los departamentos que tendrá las PASO el 30 de abril porque desdobló las elecciones de las provinciales.
Mondotte tiene intenciones de presentarse como precandidato a intendente, en representación del sector radical que responde a Ernesto Sanz. Tal es así que su reclamo fue replicado por la diputada provincial María José Sanz. Mientras tanto, el cornejismo presentó a Abel Freidemberg, actual legislador provincial, como el elegido para intentar ganarle al PJ.
Si bien desde el municipio reconocen que Ñancucheo estuvo temporalmente empleado, por otro lado rechazaron que su contratación haya estada vinculada al reconocimiento de tierras que hizo el INAI a comunidades autodenominadas mapuches, lo que fue repudiado por distintos sectores, incluido Félix. Sostuvieron que, durante el tiempo que Ñancucheo fue agente municipal, nunca hizo un reclamo relacionado a las tierras en el sur.
De igual forma explicaron que fue contratado para trabajar en un programa de economía popular, concretamente, en el desarrollo de huertas familiares para que vecinos puedan tener su propia producción de alimentos.
A eso se limitó la participación del “cacique”, según justificaron, y ya no tiene vínculo con la comuna sureña. “Quieren crear un impacto negativo en la gente. Ya no tiene nada que ver con el municipio“, comentaron.
Por otra parte, contradijeron las versiones de que el municipio conocía que el INAI reconocería tierras a estas comunidades. Por contrapartida, destacaron que el instuto nacional recibió información por parte de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) de datos catastrales sobre la “superficie de terreno” en el sur.

Ñancucheo tiene un cargo nacional. Se desempeña como Coordinador de Pueblos Originarios, que dependen de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de acuerdo con el 2294/2020, publicado en el Boletín Oficial, donde se lo nombró.
En 2016, fue repudiado en Neuquén por el Consejo Zonal Lafkence por lanzarse como “falso vocero” de la comunidad. La Confederación Mapuche de esa provincia desmintió su “representatividad en los intereses indígenas”. Luego, se trasladó a San Rafael.
El INAI publicó dos resoluciones (36/2023 y 42/2023) en el Boletín Oficial de la Nación el viernes 27 de enero y otra (47/2023), una semana después, que reconocen 26 mil hectáreas a las comunidades Lof El Sosneado (San Rafael) y Lof Suyai Levfv y Lof Limay Kurref (Malargüe).
Esto motivó que el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, presentara tres recursos de reconsideración, donde se plantearon diversas presuntas irregularidades.
“Presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, indicó el Ejecutivo.
El INAI tiene 30 días para resolver desde que se presentaron los recursos, que fue el 10 de febrero, y hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta, informó el Gobierno.
