La municipalidad de Luján de Cuyo presentará durante la semana ante la Suprema Corte de Justicia una medida de no innovar para que, en principio, el radicalismo no modifique la forma de cálculo de la coparticipación municipal de los recursos. Se trata de una respuesta a las acciones que intendentes de otros departamentos ya buscan corregir en descontento por los resultados del Censo 2022.
En concreto, el gobierno municipal busca que los ministros de la Corte avalen el recurso para que la ley N° 6.396 de Coparticipación no se modifique sino a través los procesos válidos, es decir, por la bicameral que está creada por la misma norma.
La ley establece que sólo este cuerpo especial de diputados y senadores puede realizar modificaciones y que los cambios tengan el espíritu de que el uso de los recursos sean más eficientes, haya mayor equidad en el reparto de la torta y las relaciones sean armónicas.
Pero por otro lado, Luján reclamará también por los saldos de los intereses que la Provincia no liquidó desde 2018 hasta el momento, relativos a los juicios que ganó por disputas de territorio, primero a Maipú en 2011 y, posteriormente, a Las Heras en 2017.
Se trata de la segunda reacción de la gestión de Esteban Allasino. El año pasado había presentado al Ejecutivo provincial un recurso administrativo en contra de un artículo de la ley de Presupuesto 2024 que proponía modificar el reparto de los recursos entre los municipios. Esto, con los datos provisorios de aquel relevamiento nacional hecho por el Indec y que, en Mendoza, hizo la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.
En ese momento, también le solicitó al gobierno de Rodolfo Suarez un resarcimiento por los años anteriores, porque consideran que el departamento no recibió los beneficios coparticipables de la zona que Luján le ganó en los tribunales a Maipú y, seis años después, a Las Heras.
En definitiva, aquel intento de colar una modificación en la norma presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda fue dejado de lado por el Gobierno, pero dejó en claro que había una arremetida.
Sobre la base de estos reclamos públicos, la discusión por lo bajo está en un proyecto para modificar el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional, ese 10% que está reglado por la Ley de Coparticipación local como modo de compensación.
Pero la gestión de Alfredo Cornejo no le contestó a Luján de Cuyo este recurso administrativo y ahora Allasino decidió llevar la contienda al máximo tribunal de la provincia. En la municipalidad entienden que hay tanto incumplimiento como denegación de justicia.
“Porque el Gobierno de Mendoza en 2018 debería haber tomado cartas en el asunto y haber generado liquidación coparticipable a beneficio de los mendocinos que ahora viven en el pedemonte, pero no sucedió“, detallaron desde la comuna que gobierna el sector de Omar De Marchi, refiriéndose al distrito de Vertientes del Pedemonte, creado tras haber ganado el otro litigio de territorio a Las Heras.
De igual manera, el reclamo en la Corte será para evitar daños futuros si no se implementa el ceso 2024.
Con todo esto, Luján de Cuyo está ultimando la documentación para llevar el reclamo a la Suprema Corte. La presentación se realizaría sobre el fin de semana.
El cambio en la coparticipación que anticipa una guerra entre intendentes de Mendoza
La guerra de intendentes
Con los resultados finales del censo 2022, el intendente Diego Costarelli ya ha pedido que se modifique este reparto porque considera que los datos están mal y que esto perjudica a Godoy Cruz. El reclamo es compartido con un intendente de la oposición, Omar Félix, de San Rafael.
Costarelli y Francisco Lo Presti, de Las Heras, presentaron recientemente un recurso administrativo de reconsideración para que los recursos se liquiden de acuerdo al Censo 2011, en lugar del estudio hecho hace dos años atrás.
No son los únicos radicales que se quejan y plantean que hay que actualizar el reparto. También lo hizo Marcos Calvente, de Guaymallén, y el alcalde capitalino, Ulpiano Suarez.
Este último apunta a otro artículo de la ley de Coparticipación: que se actualice el Fondo Compensador, fijado por la norma en 4 millones de pesos. Hay que considerar que esa norma es de 1996, por lo que Suarez sostiene que Provincia tiene que actualizar ese importe que sólo reciben Capital -en mayor medida- y La Paz.