El oficialismo logró darle media sanción al presupuesto nacional y ahora el debate se trasladó al Senado. Según señalan, el tratamiento de la pauta de gastos será después de las elecciones. El proyecto prevé una inflación del 14,5% para el próximo año y un dólar promedio de 10,6 pesos. Lo cierto es que los gremios locales se resisten a estos números y desde ATE aseguran que el pedido de incremento estará “muy lejos” de ese porcentaje.

Además de enfrentar la crítica situación financiera de la provincia, cuando el gobernador electo, Alfredo Cornejo, asuma deberá hacerle frente a las paritarias, negociación que podría generarle el primer problema de su mandato, ya que los gremios aseguran que no están dispuestos a ceder en sus pretensiones.

Durante la campaña electoral el intendente de Godoy Cruz hizo hincapié en la “austeridad” y en reducir los gastos del Estado. De hecho en el proyecto de endeudamiento que acordó con Francisco Pérez, un artículo prevé una moratoria para los estatales que estén en edad de jubilarse. “Si quiere austeridad tendrá que ver el sueldo de los funcionarios públicos y cuántos asesores ingresan”, sostuvo desde ATE, Roberto Macho.

“El porcentaje está muy lejos del 14%, vamos a esperar y hacer un análisis de los índices del Congreso”, añadió el gremialista que desde noviembre estará a cargo de la conducción de ATE. Por su parte Raquel Blas afirmó que los números del presupuesto son una “mentira” porque están basados en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además aseguró que tendrán que evaluar otras situaciones también como el “tarifazo” y las definiciones económicas que tome el próximo gobierno, tanto el nacional como el provincial. Los gremios están atentos a un posible aumento del boleto, que estiman que podría llegar a $6, y al incremento de la tarifa eléctrica, cuyo pedido de incremento ronda en el 90%.

“No estamos dispuestos a ceder nada, el argumento de que no hay plata es una falacia, Mendoza tiene un PBG alto. No vamos a ser los trabajadores los que paguemos el ajuste, no estamos dispuestos a hacer un pacto social que signifique pérdida de derechos”, añadió Blas. Lo cierto es que algunos gremios aseguran que Cornejo planea sancionar una Ley de Emergencia Económica, por lo que temen una suspensión de paritarias, o bien la pérdida de derechos de los trabajadores.

En cuanto a la moratoria que propone el mandatario electo, desde ATE aseguran que los trabajadores no van a acceder porque no se jubilan con el 82% móvil. En los sindicatos reina la incertidumbre ante un “inminente escenario de devaluación”, por lo que podrían considerar que se adelanten las paritarias.

Por su parte desde Ampros, Isabel del Pópolo, tampoco comparte los números del presupuesto nacional y según las estimaciones afirmó que la inflación del próximo año podría superar el 25%. “Tenemos qué ver qué situación queda y cómo se vienen los gastos”, sostuvo.

Pero el titular de SITEA, Víctor Dagfal, fue más allá y desafió a la vicegobernadora electa, Laura Montero. “Vamos a pedir lo que dice la inflación del Congreso que es el índice que ella utiliza. La proyección para el próximo año supera el 30%”. “Me encantó que ella diga ese valor”, sostuvo.

En cambio desde el gremio de Judiciales tienen otra estrategia y pedirán al nuevo gobierno que llame a paritarias antes que se apruebe el presupuesto 2016 para que se tenga en cuenta el porcentaje en la elaboración de la pauta de gastos y en ese sentido esperan que la nueva gestión tenga “buena voluntad” para llamarlos a negociar.

Las negociaciones paritarias de los últimos dos años le costaron a Francisco Pérez varios paros y medidas de fuerza. Tras los reclamos los trabajadores consiguieron en el 2014 un 30,5% de incremento salarial y el 35% este año.